Antonio Cabrera González es secretario general de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO (FSS-CCOO)

La convocatoria de Huelga General, fijada para el próximo 29 de marzo, una vez agotadas todas las vías de negociación posibles, representa el derecho a defender nuestro Estado de bienestar frente a una reforma laboral brutal y de recortes de derechos sociales que, rendidos al poder de la economía y los mercados financieros por la incapacidad política de los gobiernos, están conduciendo a un desmantelamiento progresivo de nuestro sistema social y de derechos históricos que tanto nos ha costado conquistar.

Una reforma laboral que lo único que está demostrando es que facilita y abarata el despedido y, sin embargo, no solo como ha dicho el propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no tiene fecha prevista para que inicie la creación de puestos de trabajo sino que, además, augura que más de 650.000 trabajadoras y trabajadores pasarán a engrosar las listas de desempleados este 2012.

El personal estatutario de la sanidad pública, regido en sus condiciones de trabajo por una relación de carácter administrativo, no verá afectados sus derechos de manera inmediata y directa por esta reforma laboral. Sin embargo, es indudable que a corto y medio plazo esta reforma ejercerá una negativa y determinante influencia en las relaciones de trabajo de todo el personal al servicio de las administraciones públicas, en general, y del personal sanitario en particular.

En primer lugar, porque la reforma laboral es un ataque directo y sin precedentes al derecho del trabajo, un derecho creado a fin de establecer garantías jurídicas y nivelar la relación de desigualdad existente entre la parte empresarial y trabajadora. No hay duda de que esta reforma orientará las relaciones de trabajo, también, en las administraciones públicas. ¿Alguien piensa todavía que los empleados públicos saldremos indemnes de esta política de recortes? Es evidente que los recortes que venimos padeciendo desde mayo de 2010 apuntan a nuevas reducciones de derechos también en el ámbito de la función pública.

El hecho de que con esta reforma se facilite el despido del personal laboral al servicio de las administraciones públicas por las mismas causas que el personal sujeto al Estatuto de los Trabajadores es muy preocupante. En este sentido, el presidente de la patronal CEOE ya ha mostrado su interés en que el despido en el ámbito de las administraciones públicas sea posible mediante las mismas causas que en el de la empresa privada. Conviene recordar, asimismo, que lo establecido en esta reforma implica una reducción muy significativa en el derecho a la negociación colectiva, lo que sin duda afectará también a las posibilidades de interlocución y diálogo con la administración, bastante mermadas ya en la actualidad.

En segundo lugar, la reforma laboral no deja de ser un recorte en los derechos sociales, que orienta la política del Gobierno. Además de los aspectos laborales citados, ya se están viendo afectados otros derechos sociales a tenor de esta máxima que sigue el Gobierno de reducir y de recortar el Estado social. A nuestro sector no le son ajenos los recortes que se han llevado a cabo en materia de sanidad, educación y servicios públicos en general en Cataluña, Castilla La Mancha, Comunidad Valenciana, Castilla y León, Galicia, Baleares, La Rioja, Madrid, Murcia y los que se prevén en otras comunidades autónomas, así como medidas desde el propio Gobierno Central como el copago. Reducciones que ya están afectando negativamente a nuestras condiciones salariales y laborales, así como a la prestación de servicios de calidad a la ciudadanía.

Por todas estas razones, no solo por las que afectan directamente al sector sanitario y sociosanitario, sino por todas aquellas que lo hacen por el hecho de ser ciudadanos que participamos de este Estado de bienestar, de cohesión social y democracia, nos sentimos en la obligación de apelar a la responsabilidad y al deber de defenderlo, y por ello llamamos a secundar la Huelga General del próximo 29 de Marzo.

En definitiva, tenemos que ser conscientes que la reforma laboral nos afecta a todos. Nuestros familiares, hijos e hijas y las generaciones futuras están abocados a un modelo social a la baja y a un mercado laboral precario y sin unas protecciones mínimas razonables. Nadie debería esconder la cabeza bajo el ala. Reflexionemos e impidamos actuar libremente a quienes tienen el poder, aquellos que nos metieron en esta crisis y nos dictan, ahora, las normas para salir de ella.