Santos M. Ruesga
Consejero de la CRTVE

En sucesivos viernes, como nos tiene acostumbramos este Gobierno desde su toma de posesión en diciembre del año pasado, se han ido decretando una serie de medidas que afectan de manera importante al futuro de la Corporación Radio Televisión Española y, alterando a mi juicio, de manera sustancial, el modelo que se había venido desarrollando hasta la fecha a partir de la Ley 17/2006 que definió un horizonte empresarial para el antiguo Ente Público, apoyado en una concepción de servicio público acorde con las directivas comunitarias vigentes.

Como se ha puesto reiteradamente de manifiesto en numerosos medios públicos, el desarrollo de dicho modelo constituye uno de los avances más importantes en materia de independencia, pluralidad y calidad del servicio público de Radio Televisión, y, en este sentido, uno de los logros más destacados en materia de libertades civiles de la primera legislatura del Gobierno del Presidente Rodríguez Zapatero. Dicho modelo esencialmente, trata de bascular en un concepto amplio de servicio público que abarca, en términos de contenido, no sólo las funciones típicas informativas de ese tipo de servicios en el mundo audiovisual, sino también las de entretenimiento, cultura y programas educativos. En ese sentido, se establece una concepción amplia de los contenidos del servicio público audiovisual, dejando la puerta abierta a la competencia con el sector privado, entendiendo, eso sí, que la presencia de servicio público audiovisual estatal en la producción y emisión de tales contenidos debiera someterse a criterios y enfoques específicos diferenciados, poniendo como guía de los mismos el respeto a los valores de convivencia democrática consagrados en la Constitución Española, tales como el respeto a la pluralidad, la neutralidad informativa, o la no discriminación de razón de sexo, edad, orientación sexual, etc. La diferencia, por tanto respecto, a los contenidos emitidos por el sector privado no estribaría tanto en cuáles fueran éstos sino en la filosofía subyacente y en el respeto al conjunto de valores asumidos socialmente que han de aplicarse con mayor intensidad en el caso del servicio público audiovisual. En este sentido, no deja, de asumirse por parte de esa definición, un alto contenido pedagógico, que debiera materializarse en los contenidos a emitir por la empresa pública.

Bajo este prisma se entiende que en el modelo diseñado por la Ley 17/2006 habrían de concurrir principios claros de independencia por parte de los gestores respecto a los gobiernos de turno. De ahí que se establezca una dependencia funcional, orgánica y presupuestaria con el Parlamento como representante máximo de los intereses del conjunto de la sociedad, definiendo líneas de separación de la actividad cotidiana del Gobierno. Una de tales principios, de singular trascendencia consistía en el nombramiento de los órganos máximos de la Corporación por una mayoría de dos tercios del Parlamento, lo que permitiría, al órgano gestor de la Corporación RTVE, desarrollar su actividad sin ningún tipo de gabelas respecto al gobierno de turno. Adicionalmente, podría interpretarse que la concurrencia en el mercado de la publicidad era un elemento adicional de independencia en materia presupuestaria, en tanto que una parte de los recursos con los que habría de contar dicha empresa estatal debieran provenir del mercado y por lo tanto, su mayor o menor cuantía estaba en función de las bondades de la gestión financiera que la empresa audiovisual llevara a cabo.

Tal modelo se ha ido desarrollando desde el principio del año 2007 hasta finales del 2011 cuando se promulga el Primer Decreto que afecta a la Corporación por parte del nuevo Gobierno. Entre medias han ido ocurriendo algunos episodios normativos que han alterado parcialmente el modelo inicial. Uno de los aspectos más singulares a tener en cuenta es la modificación del sistema de financiación de la Corporación, a través de una Ley promulgada en septiembre de 2009. Dicha Ley suprime el recurso por parte de la Corporación Radiotelevisión Española a la emisión de publicidad como forma de financiación pasando a depender ésta directamente de recursos públicos (con algunos matices en cuanto al origen y la gestión de la recaudación) lo que además de establecer limitaciones significativas en cuanto a la independencia financiera de la empresa, ha generado una serie de problemas, en algún caso no de menor envergadura, en cuanto al flujo de ingresos a recibir anualmente.

La gestión de este modelo por parte de la Corporación Radio Televisión Pública ha permitido que se alcance uno de los niveles más satisfactorio de la actividad audiovisual estatal pública en su historia, a tenor de numerosas encuestas de opinión realizadas al conjunto de los ciudadanos españoles. Las cifras muestran asimismo, que lo que expresan los ciudadanos a través de encuestas y consultas, un elevado grado de satisfacción con la calidad, independencia y pluralidad de las emisiones, particularmente los servicios informativos, de la Corporación Radio Televisión Española, se correlaciona estrechamente con un ascenso en las audiencias, en términos relativos, en un contexto en el que a partir de la aparición de la TDT se produce un intenso troceamiento de las mismas. Durante más de cinco años la Corporación Radio Televisión Española ha sido líder en audiencia en informativos y durante los dos años últimos lo ha sido también en el conjunto de las programación. En definitiva, responde así al mandato de la Ley del 2006 que instaba a desarrollar unos contenidos audiovisuales que bajo principios de la mayor pluralidad e independencia posibles, obtuviera audiencias masivas.

Todo esto, obviamente con todos los matices y críticas que se quieran hacer a la gestión efectiva realizada, ha permitido construir un modelo de radio y televisión que quizá ha alcanzado las cotas de mayor calidad en sus más de cincuenta años de historia. Frente a este discurrir hacia un modelo asumido de manera mayoritaria por la sociedad española, el actual Gobierno ha abierto una brecha importante introduciendo cambios significativos que, como decía al principio de este artículo, introducen un horizonte muy diferente respecto al camino recorrido hasta ahora.

El Real Decreto-Ley de 30 de diciembre de 2011, reduce sustancialmente la disponibilidad de crédito para la Corporación, cuestión que se consolida posteriormente en el mes de mayo, en el presupuesto aprobado por las Cortes Generales del Estado, y supone un recorte aproximado de doscientos cincuenta millones de euros con respecto al ingreso presupuestado en el año inmediatamente anterior. Dicho recorte, aplicable fundamentalmente a Televisión Española, significa, en una empresa de sus características, paralizar prácticamente la compra de productos externos, fundamentalmente productos audiovisuales de la máxima audiencia y, en el contexto concreto en el que se movía Radio Televisión Española, de elevada calidad. Dicho de otro modo, reducir notablemente la emisión de programas de ficción de calidad o programas deportivos de elevada audiencia, en la medida que se limitan los recursos para la compra de dichos programas o sobre los derechos de emisión en el segundo caso. El resultado, que ya a estas alturas del año empieza a observarse es el declinar de las audiencias que, obviamente, perciben la caída en la calidad de los contenidos, derivado del recorte presupuestario.

El segundo asalto importante se produce el pasado 20 de abril, cuando el Gobierno promulga otro Real Decreto-Ley, convalidado por las Cortes Generales el 16 de mayo, en el que se cambia uno de los principios básicos en los que se sustentaba la independencia de la Corporación respecto a la actuación del Gobierno, la forma de elección del Consejo de Administración y de su Presidente. Utilizando una argucia retórica y algunas falacias sobre la realidad de la Corporación, dicho Decreto establece que se puede elegir al Presidente y a los miembros del Consejo de Administración con una mayoría absoluta de los miembros del Parlamento (previa votación donde se requiere mayoría de dos tercios, 24 horas antes), frente al criterio de la Ley de 2006 que forzaba a las fuerzas parlamentarias a la necesidad de llegar a acuerdos para el nombramiento de los máximos responsables de la Corporación Radio Televisión Española.

Adicionalmente, introduce otra modificación por la que se cambio de estatus jurídico de los Consejeros (que no del Presidente) que dejan de estar en dedicación a tiempo completo y pasan a ser Consejeros retribuidos por asistencia a los Consejos, lo que en la práctica y los hábitos de las empresas públicas viene a significar, que se hagan un máximo de once Consejos anuales. Esta forma de actuar deja en manos de un Gobierno que tiene mayoría absoluta en el Parlamento, un amplio espacio de intervención en la gestión de la Corporación Radio Televisión Española. La fórmula de gestión que ahora se introduce significa que habrá un Presidente nombrado por la mayoría parlamentaria, es decir el partido que apoya el Gobierno, e internamente no tendrá la fiscalización que suponía un Consejo mucho más plural (con presencia de consejeros propuestos por los sindicatos mayoritarios, que ahora se suprimen, por mor también del ahorro presupuestario) y que además contaban con una dedicación exclusiva.

Llegados a este punto nos encontramos por tanto con una puesta en cuestión del modelo definido por la Ley 17/2006, que parece apuntar hacia una disminución notable de las audiencias a remolque de los recortes aprobados este año. El horizonte, sin pretender ser agorero, que se dibuja en estas actuaciones del Gobierno, no es una mera contracción del presupuesto a causa de la situación económica que "exige recortes en todos los entes públicos". Lo que apunta, más bien, es a una estrategia audiovisual con fuertes componentes de la ideología más liberal del partido que sustenta al Gobierno, que parece renunciar a la audiencias masivas de RTVE, cuestionando, asimismo, la independencia del mismo. En suma, tras la expresión de que "si no hay panaderías públicas porque va a haber televisiones públicas", se esconde una opción ideológica que asume conceder a la iniciativa privada, como es obvio con múltiples intereses económicos espurios, el papel de transmisor mayoritario de los contenidos audiovisuales, con la carga de orden ideológico que ello significa. En la información y en el entretenimiento los mensajes explícitos y subyacentes no están exentos de contenido ideológico, de ahí la importancia de mantener en este ámbito un servicio público que garantice la neutralidad y la pluralidad que caracteriza a cualquier sociedad avanzada. Es la opción por la que vienen apostando desde hace décadas los países europeos con más larga tradición democrática. Y es a lo que parece querer renunciar el Gobierno actual.