Termina la legislatura abruptamente y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el gobierno de los jueces, sigue caducado, con sus okupas de toga viviendo cómodamente y cobrando el salario que les pagamos usted y yo quejándose un poquito, lo justo. El 4 de diciembre de este año hará cinco que el CGPJ debería haberse renovado, es decir que, en todo este tiempo, desde 2018, tenían que haber estado al frente de este órgano miembros diferentes de los que lo han okupado para pasar a renovarse de nuevo este año, si estuviésemos en una "democracia plena".

En 2018 empezó el mandato de Pedro Sánchez gracias a la moción de censura contra Mariano Rajoy. En 2020, tras dos convocatorias electorales en 2019, comenzó a andar el primer Gobierno de coalición tras la dictadura franquista, formado por PSOE y Unidas Podemos y rechazado de forma unánime por todos los poderes fácticos y elites españolas. A este rechazo de quienes gobiernan los países sin haber sido elegidos democráticamente, sumado al de la (ultra)derecha partidista, se unieron una pandemia sin precedentes y una guerra en suelo europeo que nos pilló creyendo que ese tipo de conflictos eran del pasado y solo ocurrían en África u Oriente Medio, los pobrecillos.

Todo esto ha pasado y el gobierno de los y las juezas sigue ahí, impertérrito, sin abochornarse ni un poco por la estafa a la que están sometiendo a los ciudadanos en complicidad con quien se salta la Constitución sin inmutarse, el PP, sea en relación a la renovación institucional o en cuanto a los derechos humanos, pactando con Vox estos días.

El próximo 23 de julio hay muchas posibilidades de que PP y Vox ocupen el Poder Ejecutivo y Alberto Núñez Feijóo ya ha anunciado que, entre sus prioridades, está la reforma del sistema de elección del CGPJ, para que sean los jueces quienes elijan a los ídem integrantes de la cúpula judicial. Conociendo al presidente del PP, sin embargo, caben dos posibilidades: que vaya de farol, como en lo de que no iba a integrar a la ultraderecha en los gobiernos que encabezase su partido, y si gana y gobierna a partir del 24-J, se olvide de la reforma del sistema de nombramientos y se limite a cambiar a sus peones -que siguen siendo del PP, pues representan a un Poder Legislativo mayoritario del PP, el de Rajoy-. De esta forma, sin despeinarse, Feijóo se habría fumado la mayoría que habría correspondido al Gobierno de PSOE y UP durante cinco años, una legislatura entera del CGPJ, y no se metería en el jardín de cambiar el sistema de nombramientos (¿para qué si siguen siendo suyos?)

Sería necesario incorporar a más de 300 jueces cada año hasta 2023 para que la justicia funcionase

La otra opción es que, si Feijóo gana, reforme efectivamente el sistema de elección del CGPJ y lo ponga -todo o en parte- en manos de los jueces, arrancando al titular de la soberanía nacional, el pueblo español, su función constitucional. ¿Es eso lo que queremos, que nos hurten nuestras funciones democráticas? Hasta ahora, el bipartidismo ni se había planteado modificar un sistema que data de 1985, porque con la alternancia PSOE-PP en el poder, se repartían los sillones del Consejo como les daba la gana, aunque a la derecha siempre le ha costado mucho ceder su mayoría y, cuando estuvo en la oposición, nunca ha cumplido el plazo de cinco años sin agotadores bloqueos.

En España, decir que los jueces elijan a los jueces del CGPJ para que sea independiente de los partidos es una falacia. Aparte de que muchos jueces se acostaron franquistas y se levantaron demócratas por arte de birlibirloque allá por la Transición y sin que ellos tuvieran un proceso ni parecido ...; aparte de ser la carrera judicial un oficio mayoritariamente para las capas privilegiadas de la sociedad -estar cinco años de media estudiando noche y día, mantenido/a por padres, madres y/o progenitores no se lo puede permitir todo el mundo, por mucho que le llamen meritocracia-, ... Aparte de todo eso, según datos del CGPJ, de los 5.320 jueces y juezas que hay en España, 2.983 (el 56,1%) están en algunas de las asociaciones judiciales existentes -y mayoritariamente conservadoras- y son los que copan los altos nombramientos en detrimento de los jueces sin asociar.

Por tanto, y estando de acuerdo con que hay que reformar el sistema de elección  de los miembros del CGPJ, entre otras cosas, para evitar las puertas giratorias entre partidos y Poder Judicial o adaptar los nombramientos a la auténtica representación soberana de las Cortes, más plural que nunca, el compromiso de Feijóo con la judicatura solo puede poner la piel de gallina: primero, porque si gobierna, lo hará gracias a o con Vox, la ultraderecha que abogará (y exigirá a cambio de su apoyo al PP) por instalar en España los antidemocráticos modelos judiciales de Polonia y Hungría. Segundo, porque si el Partido Popular ha sido capaz de bloquear cinco años los cambios en el CGPJ saltándose la Constitución, las advertencias de la Comisión Europea y la vergüenza, ¿de qué no será capaz para mantener su mando en plaza sobre otro Poder decisivo del Estado? El líder del PP no ha dado detalles sobre la reforma que plantea, pero en su reunión con fiscales del pasado mes de abril nos ha dado algo más que ideas. Y con sus pactos con la extrema derecha desde el 28 de mayo, no digamos.

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