Antonio Sanabria
Miembro del colectivo econoNuestra

Acontecimientos como el anuncio de compra de deuda por parte del Banco Central Europeo (BCE), bajo pedido y "estricta condicionalidad", o el posible rescate a España, han desviado la atención sobre la actualidad en Grecia. En estos días, técnicos de la llamada "troika" (a saber, BCE, Comisión Europea y Fondo Monetario Internacional) negocian con Atenas un programa de ajuste, otro más, para conceder un nuevo tramo del crédito de 31.500 millones de euros, concedido como parte del segundo "rescate" total de 173.000 millones aprobado el pasado marzo. Recordemos que tales préstamos se entregan de manera fraccionada, por lo que en cada tramo se evalúa el desempeño y se revisan objetivos, pudiendo bloquear el préstamo si algún examen no es favorable. Como Grecia no puede financiarse en los mercados, salvo recientes emisiones de letras a tres meses a un coste que supera el 4%, depende de dichos préstamos. La alternativa sería declarar la bancarrota y salir del euro.

Los técnicos exigen un nuevo paquete de recortes de 11.600 millones de euros en los próximos dos años, pero el plan del gobierno, sin recortar pensiones ni reducir funcionarios, no les resultó creíble y exigen nuevos recortes en salarios y pensiones, así como el despido de 150.000 funcionarios hasta 2015. De igual modo, para mejorar la competitividad se ha sugerido aumentar la jornada laboral a seis días semanales, según se filtró a un diario económico griego.

Consciente de su debilidad, antes de la visita de los "hombres de negro", el gobierno conservador de Samarás trató de lograr sin éxito dos años de tregua en el ajuste. Su alianza de gobierno con el socialista PASOK e Izquierda Democrática (DIMAR) tampoco promete estabilidad ante los nuevos ajustes exigidos, máxime en un país donde las coaliciones duran una media de cuatro meses. El actual contexto depresivo aviva el rechazo social, con continuas protestas sectoriales o huelgas generales como la convocada para el próximo 26 de septiembre. Será la primera al actual gobierno, pero desde 2008 son ya 22 paros totales de 24 horas y tres de 48 horas. No es para menos cuando muchos trabajadores y pensionistas han visto caer sus ingresos a prácticamente la mitad, sin que esa "devaluación interna" haya evitado llegar al quinto año consecutivo de recesión, con una caída del PIB superior al 20% para final de este año, un 24% de paro, mientras que un 25,4% de quienes conservan todavía su empleo sobreviven bajo el umbral de la pobreza.

Por su parte, la respuesta de los acreedores, representados entre otros por el gobierno de Merkel, se ha mantenido inflexible. Berlín exige el estricto cumplimiento de las condiciones incluidas en el rescate, aunque del prometido "plan Marshall" para Grecia apenas se concrete en un crédito para PYME de hasta 750 millones de euros, concedido por el Banco Europeo de Inversiones.

Mientras se cierra el acuerdo con la troika y se emite el informe en octubre, durante estos próximos días se concretarán, a cuentagotas, los nuevos recortes, como la recién aprobada ampliación de la edad de jubilación a los 67 años.
La lentitud que caracteriza a estos procesos de rescate como el griego, eterniza el calvario para buena parte de su población. No obstante, contemplado desde el punto de vista de los prestamistas, y más concretamente desde la posición de la banca acreedora, la perspectiva es otra. La crisis griega puso en evidencia los riesgos en que incurrieron sobre todo entidades francesas y alemanas con sus préstamos. Pero la pérdida de tiempo para unos les ha permitido a otros, sobre todo a la banca alemana, reducir notablemente su exposición a la deuda helena, tal como evidencia el gráfico.

Exposición crediticia en Grecia de los bancos alemanes y franceses. 2005-2012
(Datos trimestrales en millones de euros)

En este sentido, resulta curioso observar cómo el discurso oficial alemán ha tendido a incluir una posible expulsión de Grecia conforme sus bancos reducían su exposición a la deuda de aquel país. Otra cuestión es saber dónde han trasladado el problema. Veamos.

Previo al segundo rescate, se acordó una reducción de la deuda privada griega por unos 100.000 millones de euros. La exigencia partía de Alemania, pero asumida más bien por el capital de otros países, ya que la deuda de los bancos germanos es fundamentalmente pública, no incluida en la quita, y comprada por bancos griegos o por el BCE, trasladándoles así el riesgo de impago. Eso explicaría la caída tan brusca en el gráfico, mientras que Francia, con unos préstamos concentrados en el sector privado no bancario, mantiene aún una exposición cercana a los 40.000 millones de euros. La posición de los bancos alemanes no implica necesariamente que Grecia esté sentenciada. La decisión es política, pero sometida a la exclusiva voluntad de los acreedores.