Antonio Antón
Profesor Honorario de Sociología de la Universidad Autónoma de Madrid

El Gobierno del PP ha aprobado unos presupuestos restrictivos. Penalizan la reactivación económica y el crecimiento del empleo, prolongando la grave crisis socioeconómica y el paro masivo. Profundizan la línea de recortes sociales ya emprendida y acentuada con las medidas antisociales de julio. Deterioran las condiciones salariales y laborales de los empleados públicos. No garantizan la capacidad adquisitiva de las pensiones. Consolidan la desprotección al desempleo. Empeoran la calidad de los servicios públicos.

El pretexto oficial es el cumplimiento del tope del 4,5% de déficit público, comprometido con las instituciones europeas. Con unas previsiones de recesión económica para el año próximo, su prioridad es, fundamentalmente, reducir el gasto público y restringir los derechos sociales. Oficialmente, se dice que deben ser ‘creíbles’ para recuperar la confianza de esos mercados de capitales para obtener la financiación de la economía española, y que la austeridad de hoy se premiará con el crecimiento de mañana; un mañana difuso y lejano mientras el presente y el futuro inmediato es desolador. Pero ese discurso engañoso tiene cada vez menos credibilidad social. Los presupuestos están inscritos en una política liberal-conservadora de la austeridad que ya constituye un fracaso social y económico y que es fuente de deslegitimación política a sus gestores. Veamos el escenario económico y sociopolítico en que se inscriben.

La política económica dominante de ajustes regresivos genera sufrimiento para la mayoría social. Por un lado, imponen un retroceso en la calidad de vida de la ciudadanía y perjudican el desarrollo del empleo decente y los servicios y prestaciones públicos, dejando en una posición más indefensa y vulnerable a las capas populares. Por otro lado, favorecen al sistema financiero (ya se han perdido más de quince mil millones de dinero público en su rescate), la gran empresa y las élites poderosas, sin que revierta en crecimiento económico. Los recortes presupuestarios son, por tanto, injustos socialmente.

Tampoco son eficaces económicamente, no constituyen la senda para promover la reactivación económica, la modernización productiva y avanzar en una salida cercana y equitativa de la crisis. Adelantan las condiciones restrictivas del rescate financiero y del probable rescate económico, prácticamente inminente. El siguiente paso sería más austeridad, más desprotección e inequidad... hasta que sea insoportable por la población, queden más evidentes sus consecuencias destructivas, se desencadene una fuerte deslegitimación de la derecha gobernante y una firme y masiva oposición ciudadana o se desarticule la Unión Europea.

Esta política liberal-conservadora supone un plan sistemático para cambiar profundamente el modelo social y el Estado de bienestar y promover una salida regresiva a la crisis económica. Aprovechan la situación de crisis económica para modificar los equilibrios anteriores de reparto de rentas y las garantías de protección social y servicios públicos en beneficio de los empresarios y las capas altas y en perjuicio de la mayoría de la sociedad, las capas trabajadoras y, particularmente, los sectores más desfavorecidos y en desempleo.

Esa estrategia, dominante en las instituciones europeas, e impulsada por el bloque de poder representado por Merkel, pone en primer término la austeridad para las capas populares, principalmente, de los países periféricos (España e Italia, junto con los rescatados Grecia, Portugal e Irlanda). Prioriza los intereses de los grandes bancos y acreedores financieros alemanes y centroeuropeos, para garantizarles el retorno de su capital (e intereses), cuando han sido, en gran medida, causantes de las burbujas especulativas. Ante las necesidades de los países débiles para su desendeudamiento privado (y público) y conseguir nuevas financiaciones, utiliza el chantaje de su capacidad financiera y la presión del mercado de capitales para imponer unas condiciones injustas de ajuste económico. Su prepotencia es insolidaria (nacionalista) en el marco europeo, y aboca al estancamiento económico y la recesión, particularmente, en los países del sur europeo. Se invalidan así su capacidad de recuperación económica y de empleo y provoca una prolongación de la crisis y sus consecuencias. Esa política incluso no resuelve la garantía de pago de las deudas contraídas por esos países, lo que es contraproducente para los propios intereses a medio plazo del poder financiero centroeuropeo, como indica la desconfianza de los grandes inversores en su mercado de deuda pública.

La política de austeridad parece que busca, dentro de un total de suma cero, asegurar y reforzar las rentas y el poder de esas élites dominantes a costa del mayor sufrimiento de las mayorías sociales del sur europeo y la recolocación de esos países en una posición más subordinada. No obstante, como se decía, no sólo es injusta socialmente sino que tampoco es eficaz para generar la suficiente actividad económica que permita recuperar sus préstamos y reproducir los beneficios a medio plazo, y está agrietando la legitimidad de esos poderosos y el marco institucional europeo.

En el plano político e institucional es un intento de reforzamiento de la hegemonía de las élites alemanas en las instituciones europeas, con su política de ajuste duro y gestión regresiva de la crisis. Se amplían las diferencias entre bloques de países fuertes (o acreedores y con ventajas competitivas de sus economías) y débiles (o deudores, con una posición dependiente); se refuerzan las brechas sociales internas y entre países.

Esa estrategia puede aparecer como funcional con los intereses de ese poder económico financiero y con beneficios relativos para parte de la población de los países centrales, pero tiende a sufrir un fuerte proceso de deslegitimación popular, sobre todo en los países periféricos, así como reticencias de sus élites socioculturales y políticas y parte de sus sectores económicos. A pesar de los grandes sacrificios impuestos a las mayorías sociales y la impresionante fortaleza de su poder económico e institucional, esa estrategia no asegura sus objetivos básicos: recuperar el total de sus préstamos, estabilizar una dinámica económica que les reporte unos beneficios seguros y suficientes, fortalecer su hegemonía política con una mínima cohesión social y legitimidad ciudadana, mantener el marco institucional de la eurozona y la Unión Europea. Se profundizan los desequilibrios europeos (norte-sur), se amplía la subordinación de los países periféricos y se produce un reequilibrio de las alianzas y núcleos dirigentes europeos a costa de Francia, en una posición delicada económicamente.

Los efectos sociopolíticos de esta dinámica liberal-conservadora son la destrucción de los componentes avanzados del modelo social europeo, con la reestructuración regresiva del Estado de bienestar y el deterioro de lo público y los derechos sociolaborales, el debilitamiento de la calidad democrática de sus sistemas políticos, con importante descrédito de sus élites institucionales y el empobrecimiento y subordinación de las capas populares (y clases medias) periféricas. Las élites institucionales y económicas de esos países débiles, desde la subordinación a ese bloque de poder dominante, intentan un reacomodo de sus estructuras económicas y productivas, en un horizonte sombrío.

En la sociedad se producen dinámicas ambivalentes. Se generalizan la frustración y la desesperanza, pero también la indignación ciudadana y la exigencia de cambio. Existe en la ciudadanía una significativa falta de confianza y legitimidad social hacia esas medidas que tienen un gran déficit democrático al no estar recogidas en los programas electorales. Así, se ha producido un descrédito de la clase política gestora de esas políticas, empeñada en hacer recaer los mayores costes de la crisis en la mayoría ciudadana.

En definitiva, la política en que se enmarcan estos presupuestos no sólo es injusta socialmente e incierta económicamente, sino que produce una fuerte deslegitimación política a sus gestores. Constituye un callejón sin salida y un fracaso para las élites europeas hegemónicas y la derecha dominante en España. Impedir esa política y reclamar el cambio de rumbo es la forma de salir del círculo vicioso. Es un motivo para la oposición ciudadana y la exigencia de una gestión y una salida de la crisis más equitativa.