Como es sabido, el pasado 29 de diciembre Sudáfrica presentó una demanda contra Israel ante el Tribunal Internacional de Justicia en la que se le acusaba de la violación de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. Israel lo negó todo, en los hechos y en Derecho, pero el Tribunal entendió "plausible" aquella acusación, de tal modo que dictó también una serie de medidas cautelares. España acaba de anunciar que ha decidido solicitar la intervención en este procedimiento. ¿Para apoyar esta acusación? El Ministro de Asuntos Exteriores ha dicho expresamente que no. ¿Para defender, pues, la tesis contraria? Tampoco. Entonces, ¿para qué?

El Ministro ha ofrecido un motivo que ha dicho ser doble, pero que en realidad supone muchas cosas. Así, ha afirmado, en primer lugar que España intervendrá para "que la paz regrese a Gaza y a Oriente Medio", y "para que se respeten las medidas cautelares del Tribunal (...) con el objetivo de detener la operación militar"; y de igual modo, "por compromiso con el Derecho internacional", "para respaldar al Tribunal en su labor", "ayudarle en su interpretación", y "fortalecer así a las Naciones Unidas". Son, desde luego, motivaciones muy importantes y absolutamente loables, pero que yo, con sinceridad, no sé cómo encajan con el anuncio que ha hecho, y menos, con lo que después ha precisado, como veremos.

En un orden de ideas paralelo, no hay que olvidar que hasta la fecha solo Nicaragua, Colombia, Libia, México y, muy recientemente, la propia Palestina han solicitado intervenir en este procedimiento. Lo que podría dar a entender que solo ellos, y ahora España, persiguen esos objetivos, u otros similares, dentro de toda la Comunidad Internacional. Lo que quizá sea mucho decir, en un sentido u en otro.

Con todo, conviene recordar brevemente que el Estatuto del Tribunal Internacional de Justicia prevé que si un Estado considera que tiene "un interés de orden jurídico" que puede ser afectado por la decisión de un caso, podrá pedir al Tribunal que le permita intervenir (art. 62.1); y de igual modo cuando sea en concreto sobre una "Convención" (art. 63). Por su parte, su Reglamento dispone que al hacerlo debe señalar "las disposiciones de la Convención cuya interpretación estima que está en discusión", y "una exposición de la interpretación que él da a esas disposiciones" (art. 82.2); o su "interés de orden jurídico" y "el objeto preciso de la intervención" (art. 81.2). Bien, pues volvamos al inicio. Lo que se está discutiendo ante el Tribunal no es la fortaleza de las Naciones Unidas, la importancia de la paz, el mayor o menor compromiso con el Derecho internacional, y ni siquiera el valor jurídico de las medidas cautelares que se han dictado (e Israel ignorado). Es más, el propio Ministro ha insistido en que esas medidas son obligatorias, lo que es correcto, y que sobre ellas "ya no cabe ninguna interpretación (pues) están ya establecidas por el Tribunal que es el único que puede interpretarlas". Lo que está en discusión es si Israel ha violado y está violando la Convención contra el Genocidio. En resumen, si ha cometido y sigue cometiendo un genocidio. Cuestión, en consecuencia, sobre la que los Estados que ya han solicitado intervenir han "dado su interpretación", como decíamos que exige el Reglamento del Tribunal (y el sentido común).

Consultado directamente sobre el particular, el Ministro ha dicho que España no se va a meter en eso. Que el Estado español "no toma partido por ninguna de las dos partes en el proceso", y que ya será el Tribunal el que decida si se ha cometido, y sigue cometiéndose, un genocidio. En suma, que España pide intervenir para tomar partido "a favor del Tribunal", para "ayudarle en lo que tenga que ser su interpretación". Pero, no cabe más que insistir, su interpretación sobre ¿qué? Sobre sus medidas cautelares, que el Ministro ha apoyado reiteradamente, no puede ser, porque ya está dictadas, e "interpretadas" según sus propias palabras. Entonces, tendrá que ser sobre el objeto de la demanda, es decir, acerca de si Israel está cometiendo un genocidio como sostiene Sudáfrica, ¿no? Pues parece que no, ya que cabe entender que según el Ministro Albares, España en esto es neutral.  O no sabe o no contesta. Con lo cual, España va a intervenir para hacer o sostener exactamente... ¿qué?

Yo no soy yo la persona indicada para hacer lecturas políticas sobre este anuncio. Solo soy un humilde profesor de Derecho internacional. Lo que sí puedo concluir es que, a la espera de ver negro sobre blanco lo que presente España ante el Tribunal, lo que hasta ahora hemos conocido no tiene mucho sentido, jurídico al menos.