Opinion · Dominio público

La gran política que se escribe con minúsculas

Jordi Mir

García. Centro de Estudios sobre Movimientos Sociales de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona.

Jordi Mir García. Centro de Estudios sobre Movimientos Sociales de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona.

¿Qué es la política grande?

“Quiero reivindicar la política grande, esa que para destacar su dignidad y valor solemos llamar la política con mayúsculas. La que, desde el gobierno o desde la oposición, fija su atención en el interés general y en el bienestar de los ciudadanos.” Así se refirió el monarca, en su mensaje navideño, a la política que considera oportuno reivindicar. La política que se hace desde el gobierno o desde la oposición. La política que se hace en el parlamento, en palacio, en las instituciones. El monarca hace una distinción clara entre los hacedores de la política y los receptores de esta política, los ciudadanos. La política hecha por gobierno y oposición debe tener como objetivo el interés general y el bienestar de los ciudadanos. Esta concepción de la política está en crisis. Este año que acaba hemos visto como la clase política ha alcanzado el podio de las tres principales preocupaciones para la ciudadanía en España, así nos lo indica el Barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Detrás del  paro y los problemas económicos se sitúa la clase política y el 67,5% dice estar «poco» o «nada» satisfecho con la forma en que funciona la democracia en España. Hoy, como en pocos momentos de la historia de este estado, la noción de lo que entendemos por política pide ser reconsiderada, ampliada, diversificada, profundizada… Eso nos podría llevar a preguntarnos: ¿cuál es la política grande a la que deberíamos aspirar?

¿Qué esperamos de la política institucional?

Hace unos meses con motivo de las elecciones en Galicia, en una emisora de radio se entrevistó al presidente de la mesa electoral donde había votado el reelegido presidente Alberto Núñez Feijóo. Dejó claro su malestar con la clase política y expuso lo que esperaba: “tienen que ofrecernos puestos de trabajo”. ¿Sobre qué concepción de la política puede descansar esta consideración de lo esperable de aquellas personas que se dedican a ella en las instituciones? Parece una manera de pensar que poco tiene que ver con el protagonismo de la ciudadanía en una democracia. Se acercaría más a la existente en un régimen paternalista-autoritario-dictatorial. Nuestra democracia representativa ha descansado y descansa en excesiva medida en esta concepción. La política institucional se puso en manos de la clase política con la única intervención del conjunto de la ciudadanía en las jornadas electorales. Pero ha llegado un momento en el que el descontento con este mecanismo de funcionamiento ya llega más allá de los sectores que siempre lo pusieron en cuestión desde el mismo proceso que conocemos como Transición. Hoy ha llegado a cuotas desconocidas hasta el momento, ¿a un punto de no retorno? Los motivos de está ampliación:

a) la oligarquización de los procesos que definen nuestra democracia

b) La constatación de que la clase política no responde a las funciones encomendadas.

Estas dos causas están detrás de los gritos que tanto se han podido escuchar en los movilizaciones de los últimos años: “Lo llaman democracia y no lo es” “Que no, que no, que no nos representan”.

¿Qué se hace desde la política que cuestiona la institucional?

Desde hace años las pocas encuestas sobre participación política existente nos ofrecen indicadores del crecimiento destacable de las formas que se consideran no tradicionales. Proliferan espacios de participación que no son los considerados convencionales (partidos políticos, sindicatos…) y también las maneras de hacer menos habituales (horizontalidad, asamblearismo, la desobediencia civil…). Los ejemplos que podríamos poner son múltiples, diversos y  diferentes. Pero hay coincidencia en avanzar en otra concepción de la política que choca con concepciones muy asentadas. La democracia para muchas personas significa: elecciones, partidos políticos, constitución, parlamento y procedimientos. No es poco, pero eso ya no es suficiente hoy. Los representantes políticos en el poder sitúan en 2014, sin argumentos concretos ni evidencias, las supuestas mejoras de una situación que para millones de personas no significa más que precariedad, dolor y pobreza. Estamos viviendo un proceso que implica reducción de servicios públicos, de los salarios y aumento de la población desempleada. ¿Cómo resistir? Haciendo política, una política que no puede ser la que está llegando desde las instituciones. Una política en que las personas representantes verdaderamente lo son de las representadas, con espacios amplios para la participación directa, de incorporación de todas aquellas personas que quieran participar. Una política que construye legitimidad más allá de la legalidad establecida. No es un impedimento que la ley no lo permita, establecer otra legitimidad compartida que se quiere transformadora de lo existente pasa por cuestionar la legalidad vigente y cambiarla.

¿Hay confluencias posibles?

Han existido y existirán, la cuestión es la dimensión. Hoy tenemos casos claros de interacción entre los dos mundos que generan expectativas (Plataforma de Afectados por la Hipoteca…) pero para que eso acabe resultando realmente efectivo demandará mucho más de lo hecho hasta ahora. Es un camino que sólo está en su inicio. La política institucional debe empezar asumiendo su crisis y algo en ese camino se está avanzando. Pero no son buenas opciones la criminalización de la contestación y la desautorización de estas formas de hacer política. Tampoco la instrumentalización o subordinación de las mismas. Lo aprendido de la Transición sobre relación entre política institucional y ciudadana nos debería enseñar lo que no hay que hacer. Para que el aprendizaje sea efectivo habrá que entender que lo hecho desde entonces, y que a muchos sectores vinculados a las instituciones pudo agradar por lo que suponía de tranquilidad y fortalecimiento de los partidos, es lo que nos sitúa en la crisis política de la democracia representativa a la que hemos llegado hoy. La demanda de más democracia y de mayor calidad ha ido ganando apoyo, hasta ser algo más que una reivindicación de la que el sistema pueda prescindir. No es el primer periodo en el que ocurre. En el anterior, en el que va de los sesenta hasta mediados de los setenta en diferentes partes del mundo, se respondió con la teorización sobre la crisis de la democracia por exceso y la aplicación de políticas de control de la misma. ¿Dónde nos llevaría hoy volver a insistir en esa crisis por exceso como algunas voces institucionales ya hacen?