Aquí no acaban los ERE: muchas preguntas por responder

Las resoluciones del Tribunal Constitucional (TC) por las que se anulan sentencias en las que fueron condenados altos cargos de la Junta de Andalucía por el caso de los ERE han supuesto un cierto vuelco en su relato. Hasta ahora predominaba uno exagerado de la derecha, que consideraba fraudulenta la gestión total de las ayudas sociolaborales -una especie de causa general- y que veía delitos punibles en cualquier rincón, como acredita su denuncia y su actuación como acusación particular. Un relato irresponsable, cínico viniendo de un partido condenado en firme por corrupción, y con unas complicidades económicas, mediáticas y judiciales para establecerlo como verdad inmutable que se ve desnudo en estos momentos.

Y ahora podemos observar, con la actuación del TC, un PSOE andaluz sobradamente eufórico que trata de imponer su relato. Un relato que podría resumirse en un "somos inocentes, aquí no ha habido nada y esto se acabó" como ha dejado ver Manuel Chaves, quien fuera presidente del Gobierno andaluz en la época de este fraude, o en la misma línea su poderoso exconsejero Gaspar Zarrías. Pero el asunto de los ERE no ha terminado. Ni siquiera para el TC, que ha estimado parcialmente los recursos de amparo, no totalmente. Vaya por delante la humana comprensión a la

satisfacción de alivio en penas que podían suponer la cárcel o el final de las estancias en ella por quienes la han sufrido indebidamente.

Pero queda mucho por aclarar, muchas preguntas que responder y muchas responsabilidades políticas que asumir. Queremos contribuir al debate abierto aportando reflexiones y datos extraídos fundamentalmente de los trabajos de la comisión de investigación sobre los ERE creada por el Parlamento de Andalucía en 2012, especialmente la llamada Ponencia Síntesis, cuyas conclusiones nadie ha podido desmontar ni desmentir. Por el contrario, el tiempo va dando la razón a esa Ponencia Síntesis, que al final solo fue apoyada por Izquierda Unida. Sí, teníamos razón.

Porque el gran error de todo este caso ha estado en unir responsabilidades políticas y responsabilidades penales. Ni una reprobación política tiene que conllevar responsabilidad penal salvo flagrantes evidencias delictivas -y aplicar un Presupuesto aprobado por el Parlamento no lo era-, ni la absolución penal lleva intrínsecamente una absolución política. El PSOE no debería caer en la tentación del efecto espejo a lo hecho por el PP: hace falta contar a la sociedad andaluza que no hubo un gran plan, pero sí hubo un gran fraude, como reconoció en su momento José Antonio Griñán.

Las ayudas sociolaborales -especialmente las relativas a la prejubilación de trabajadores de empresas en crisis- permiten que determinados colectivos de trabajadores, que por edad o ubicación tendrían grandes problemas para su reinserción laboral, mantengan un nivel mínimo de rentas garantizando unas condiciones de vida dignas y evitando su desarraigo. Y, a pesar del relato de la derecha, puede decirse que las ayudas sociolaborales conseguidas por los trabajadores son en su mayoría legítimas y no se puede poner en cuestión el derecho de sus beneficiarios a obtenerlas. Por eso las siguen cobrando. Lo que resulta inadmisible es la disposición perversa y arbitraria de unos fondos consignados presupuestariamente para un buen fin. Esto ha ocurrido por la grave actuación de responsables políticos a quienes se dio la posibilidad de disponer de estos fondos con total arbitrariedad y que abusaron del indudable carácter social de las ayudas a la prejubilación para dar cobertura a otro tipo de ayudas a empresas o ayuntamientos, que disponían de otros cauces para recibirlas. Si al inicio se dieron unos criterios para fijar los casos en que intervendría la Junta (grandes conflictos con numerosos trabajadores afectados; impacto económico importante en la zona de ubicación, al no existir alternativas de empleo; o que el ERE -parcial- permitiera la continuidad de la empresa), pronto se empezaron a dar ayudas a empresas con escaso número de trabajadores, que o no ejecutaron el proyecto que se financiaba, o nunca llegaron a ponerse en marcha o no continuaron su actividad. Incluso se llegaron a dar ayudas sin que ni siquiera conste que se hubiera solicitado el ERE.

Para la concesión de estas ayudas a empresas no hubo normativa marco específica que delimitase la convocatoria, el alcance o el procedimiento de su concesión, ni se publicaron oficialmente las ayudas concedidas. El conocimiento de su existencia alcanzaba a muy pocas personas y adoleció de una absoluta falta de transparencia.

Por no haber, no hubo ni distribución de las ayudas a empresas entre las distintas provincias de Andalucía: de ninguna en Granada a catorce en Córdoba y ochenta en Sevilla (un 70% del total). En el caso de los ayuntamientos, con cargo a las mismas partidas que las ayudas sociolaborales, se subvencionaron inversiones y actividades de diez ayuntamientos, pertenecientes únicamente a tres provincias: Jaén, Cádiz y Sevilla. Preguntado en la comisión de investigación el Sr. Viera como exconsejero de Empleo sobre esta irregular distribución de ayudas y, en particular, sobre la concentración de las mismas en la comarca de la Sierra Norte de Sevilla, reconoció que en la Dirección General de Empleo (la que concedía las ayudas) había una preocupación especial por esa comarca, pero que otras direcciones generales o áreas de gobierno se preocupaban de favorecer a otras zonas. Para quien no lo sepa, Viera y su director general estaban vinculados a esa comarca: clientelismo en toda su expresión.

Por otro lado, además de los intrusos –personas que recibieron prejubilaciones sin haber trabajado nunca en la empresa objeto del expediente–, se constató que el pago de comisiones de intermediación por las pólizas de prejubilación llegó a alcanzar en algunos casos el 29% del valor de la póliza y, en otros, porcentajes de comisión muy por encima de la media del mercado. Tampoco se acreditó ningún proceso de selección de estas empresas mediadoras y aseguradoras que capitalizaron el monto del dinero, formalizaron las pólizas y fueron elegidas a discreción.

De todo lo acontecido en torno a los ERE puede haber hechos susceptibles de responsabilidad penal. Son otras instancias quienes deben determinarlo. Pero es indudable que hay responsabilidades políticas ineludibles. El fijar estas responsabilidades políticas era el objetivo de la comisión de investigación y es lo realmente relevante en estos momentos. ¿Y qué es la responsabilidad política? Se suele aceptar que la responsabilidad política es la derivada del "mal uso de un poder legal". Es decir, no se trata tanto de un problema de legalidad, sino de puro y simple acierto. El que se equivoca, responde, en tanto en cuanto ha sido elegido para que actúe bien. Incluso en el caso de que hubiera mediado buena fe o lo mal hecho fuera consecuencia de la actuación de subordinados o cuestión de simple torpeza, habría responsabilidad política. Un gobierno que fracasa, por muy loables que sean sus intenciones, incide en responsabilidad política. Cuando hay mala gestión hay responsabilidad política, incluso cuando se trata de la actuación de terceros elegidos por el gobernante, respecto a los cuales este tiene un deber de control y vigilancia y una responsabilidad "in eligendo" e "in vigilando".

En resumen, hubo evidente responsabilidad política en la gestión que el Gobierno de la Junta de entonces hizo de las ayudas sociolaborales (conocido como caso ERE) por falta de transparencia y de control político. Ni existió una normativa específica, ni se publicaron las ayudas concedidas, ni todos los andaluces pudieron acceder en igualdad de condiciones a la concesión de estas ayudas, y resulta incomprensible que ni la presidencia ni ningún miembro del gobierno (aparte de la Consejería de Empleo) se interesara alguna vez por la aplicación y efectos de estas ayudas, con distribución irregular entre las ocho provincias. ¿Nadie se hace responsable, al menos políticamente, de todo esto? ¿Dónde reside fundamentalmente esa responsabilidad política? Sin duda, en la Consejería de Empleo: desde la dirección general que otorgaba las ayudas con absoluta discrecionalidad hasta las personas que ocuparon las responsabilidades de viceconsejero y consejero. Pero esta responsabilidad política también se extiende hasta el conjunto de los diversos gobiernos y sus presidentes. No hay que olvidar que en el Estatuto de Autonomía de Andalucía, en su artículo 124, se conjugan y distinguen ambas responsabilidades: "Responsabilidad solidaria del Consejo de Gobierno. El Consejo de Gobierno responde políticamente ante el Parlamento de forma solidaria, sin perjuicio de la responsabilidad directa de cada consejero por su gestión".

Las últimas resoluciones del TC deberían servir, en nuestra opinión, para que el PSOE andaluz cuente a la sociedad lo que sucedió, reconozca la responsabilidad política en la falta de control, y quizá desde esa autoridad recuperada sí se podría hablar de un fin de época también del Gobierno actual del Partido Popular, para cuyo recambio hace falta pasar página de episodios lamentables que solo se explican desde la impunidad ambiental y política que se respiraba en la primera década del siglo XXI en Andalucía: un PSOE andaluz inexpugnable y aparentemente invencible, asentado en una cultura clientelar engrasada y con débiles contrapoderes. No es creíble que quien en esa época controlaba hasta las caídas de las hojas adujera que no conocía lo que se cocía en política de ayudas en empleo. Será creíble cuando afronte el relato de su responsabilidad política, ahora que se diluye la penal, y el aprendizaje sobre una práctica que no puede regresar. Y la sociedad andaluza lo requiere para construir sobre bases sólidas el cambio que Andalucía necesita.