Pedro Sánchez mandó a todos de vacaciones. Poco después de que el 23 de julio del 2023 se conocieran los resultados de las elecciones generales, el candidato socialista quiso parar el reloj. Inesperadamente, PSOE y Sumar habían logrado una remontada electoral y se abría una remota posibilidad a una reedición de un Gobierno de coalición progresista. Era momento para reflexionar, para rebajar el suflé político, para enfriar la situación. La gran paradoja: la gobernabilidad de España dependería de Carles Puigdemont, el expresident exiliado en Bélgica, todo estaba en manos del independentismo más irredento proclamado por Junts.
Francina Armengol sería elegida presidenta del Congreso de los Diputados un 17 de agosto, en plena ola de calor en Madrid. Cada vez estaba más claro, la mayoría parlamentaria de carácter plurinacional podía llegar a entendimientos y acuerdos. Alberto Núñez Feijóo había sido el candidato más votado y se mostraba dispuesto a presentarse a un debate de investidura. Sánchez quería que pasara el tiempo, que el gallego se quemara en su intentona. El PP había firmado poco antes pactos de gobierno con Vox en comunidades autónomas y ayuntamientos. Los ultras excluían de la ecuación a otros partidos como PNV o Junts, partidos a los que Santiago Abascal quiere ilegalizar.
Hace tan solo un año (cómo pasa el tiempo), en los alrededores de la calle Ferraz, esa vía madrileña que tanto daría que hablar unas semanas después, ya se hablaba de Presupuestos. La mayoría parlamentaria que podía hacer presidente, de nuevo, a Sánchez era demasiado compleja y heterogénea. Era una buena idea intentar vincular los variopintos acuerdos de investidura a la aprobación de unas primeras Cuentas del Estado. Estas podrían ser prorrogadas y dotarían de algo de estabilidad a una convulsa legislatura. Esa idea se deslizaba desde algunos despachos de Ferraz.
Puigdemont fue tomando protagonismo. El expresident de la Generalitat iba a hacer pagar muy caro sus apoyos en la Carrera de San Jerónimo, pero vacilaba con acercarse a la política pragmática, así lo interpretó un giro escenificado en un discurso el 5 de septiembre de 2023 desde Bruselas, donde habló un lenguaje que se podía llegar a entender fuera de Catalunya. El secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, sería el encargado de negociar directamente con el líder de Junts en Bruselas. La líder de Sumar, Yolanda Díaz, también fue a la capital belga a reunirse con Puigdemont. Lo que parecía imposible, una aprobación de una amnistía a los independentistas catalanes, fue convirtiéndose en realidad.
Hoy el entendimiento entre socialistas y Junts es mucho más complicado que hace un año. Han ocurrido muchas cosas. Junts ha visto cómo recupera fuelle electoral mientras que ERC se despeña, por eso la escuadra formalmente liderada por Jordi Turull regresa a ensoñaciones políticas alejadas del pragmatismo. El partido de Puigdemont ha vuelto a esa política efectista, entendida como espectáculo, como un troleo constante al Estado español y no como la gestión de los problemas de la ciudadanía. La reaparición del expresident en Barcelona el pasado mes de agosto es el mejor ejemplo de ello: golpe de efecto e incumplimiento de su palabra de que asistiría a la sesión de investidura en el Parlament.
Sobre todo, en los últimos meses, han pasado unas elecciones catalanas en las que el PSC ha sacado un resultado espectacular y Salvador Illa le ha birlado el Palau de la Generalitat al independentismo. Ahora, el PSC es el principal rival de Junts, son antagonistas, y el entendimiento entre socialistas y postconvergentes es más difícil. La cuestión nacional y territorial pasa a un segundo plano, debates como la inmigración, la vivienda o la crisis climática toman foco. Junts, arrastrado por los ultras de Aliança Catalana, se sitúa más cerca del PP y Vox que del PSC en todas estas materias de época.
Aunque desde el Gobierno no acaban de tirar la toalla y todavía creen que hay margen para sacar adelante unos nuevos Presupuestos, los cuales necesitan el apoyo de un Junts cada vez más presionado, son conscientes de la enorme complejidad del asunto. Por ello, desde Moncloa llevan semanas deslizando un argumentario que defiende que se puede gobernar con las cuentas prorrogadas un año más. No se contempla un adelanto electoral, de momento, en el entorno del presidente.
Las mayorías en la Cámara Baja cada vez son más complejas y la evolución del último e intenso año político simula una montaña rusa. A toro pasado, se puede aventurar que la legislatura nació con un grave error fundacional. Lo que ataba a Junts a la mayoría de la investidura era el logro de la ley de amnistía. La contrapartida por esta ley quizás debería haber consistido, desde la perspectiva del Gobierno si quería atar la legislatura, no solo en la investidura de Sánchez, sino también en el apoyo a unos primeros Presupuestos.
Cierto es que en el acuerdo de investidura del PSOE con Junts, estos últimos se comprometían a facilitar "la estabilidad de la legislatura". Pero las palabras se las lleva el viento. El día que se salió adelante la amnistía en el Congreso se podrían haber aprobado también los Presupuestos. Ahora todo sería más estable. Con la amnistía aprobada, parece que Junts tiene pocos alicientes para mantener un Gobierno socialista. Aunque puede que los jueces conservadores, en su afán de venganza contra el independentismo, vuelvan a hacer un favor a Sánchez. Si el regreso de Puigdemont a Catalunya pasa por el Constitucional, a Junts le puede venir bien una mayoría progresista.
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