Dominio público

Los establos de la corrupción

Joaquim Bosch

Magistrado y portavoz de Jueces para la Democracia

Joaquim Bosch
Magistrado y portavoz de Jueces para la Democracia

La falta de limpieza en la vida pública comienza a desprender un hedor incómodo. Tenemos centenares de cargos políticos imputados. Han empezado a dictarse sentencias condenatorias, algunas de ellas seguidas de indultos sin explicación alguna. Y la ciudadanía contempla con estupor cómo cada escándalo de corrupción acaba superando al anterior. ¿Se podría sanear tanta podredumbre? Tenemos como ejemplo mitológico el de uno de los trabajos de Hércules: la limpieza de los establos de Augías, cuyos excrementos habían alcanzado un nivel tan insoportable que hacían imposible que se pudiera cumplir el desafío en el plazo encomendado. Pero Hércules logró desviar el curso de dos ríos para que el agua arrastrase con fuerza la inmundicia de los establos y pudiera acabar con semejante suciedad.

En un Estado de Derecho las prácticas corruptas solo pueden ser combatidas desde el ámbito judicial. La corrupción supone una clara ruptura de las reglas del juego. Curiosamente, uno de los más prestigiosos filósofos del derecho, Ronald Dworkin, denominó Hércules a su modelo de juez ideal, que sería capaz de dar soluciones a todo tipo de conflictos jurídicos. Y, en un contexto distinto, lo cierto es que la labor de la judicatura a menudo es titánica para poder afrontar las investigaciones sobre los asuntos relacionados con la corrupción.

No resultan casuales estas dificultades judiciales, a pesar del principio de separación de poderes de nuestro Estado Constitucional. Las posibilidades reales de control de las prácticas corruptas resultan muy limitadas ante la asfixia en la que se encuentran nuestros juzgados por la insuficiencia de recursos. Y esta falta de asignación de medios procede precisamente de nuestros gobernantes, que no parecen sentirse incómodos ante un poder judicial débil y con capacidad mermada para afrontar estas situaciones. La gestión del ministro Gallardón está agravando aún más estas disfunciones, con recortes de gran envergadura (que están llevando al colapso a nuestra administración de justicia) y con reformas que pretenden limitar la independencia de los jueces, así como fortalecer el control político sobre el poder judicial.

Tampoco parece una casualidad que todo esto ocurra en el momento actual. Durante varias décadas existió cierto equilibrio en la distribución del poder y en las relaciones sociales. Pero ahora nos encontramos con un aumento constante de la desigualdad social. Y, al mismo tiempo, se está produciendo una concentración sin precedentes del poder en muy pocas manos, con una influencia poco disimulada de los intereses financieros sobre el ámbito político. Frente a los abusos previsibles de ese poder, hacen falta espacios de garantías, de contrapoder y de vigilancia institucional. Y para ello la sociedad necesita de un poder judicial eficaz. Los citados excesos son previsibles: como sabía Lord Acton, todo poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente.

Necesitamos órganos judiciales que cuenten con los refuerzos pertinentes para  perseguir con eficacia los delitos vinculados a la corrupción. Necesitamos una reforma del tratamiento penal de estas cuestiones, porque no resulta admisible que el inmigrante que coloca el top manta para poder sobrevivir sea castigado con mayor severidad que el político corrupto que en determinados supuestos perjudica a toda la sociedad. Necesitamos medidas específicas y estructurales que vayan más allá de las declaraciones de intenciones, para que el cargo público que tenga la tentación de corromperse pueda estar seguro de que será perseguido y condenado.

Por otro lado, en el ámbito político no resulta aceptable alegar la presunción de inocencia, que resulta plenamente aplicable al proceso penal. Hay numerosas conductas que pueden no ser delictivas, pero representan una inmoralidad impropia de quienes ocupan cargos públicos. Ante la sociedad no resulta válido guardar silencio, eludir preguntas o excusarse con la presunción de inocencia. Para los cargos públicos representa un deber ineludible ofrecer a la ciudadanía todas las explicaciones requeridas, pues en caso contrario quedará seriamente dañada la credibilidad de nuestras instituciones.

No será fácil que se produzcan las mencionadas reformas estructurales, porque no es habitual renunciar a situaciones privilegiadas sin oponer resistencia. Para limpiar nuestros establos de Augías haría falta una fuerza hercúlea, capaz de arrastrar las aguas desde una amplia marea cívica de regeneración ética. La preocupación de la judicatura es notable, pero nuestra capacidad de actuación se encuentra limitada. Los magistrados necesitamos el apoyo de la ciudadanía. Además, los problemas de la Justicia son demasiado importantes para dejarlos solo en manos de los jueces. Y la corrupción es demasiado trascendente para dejarla bajo el control de los políticos.