Opinión · Dominio público

Perros, longanizas y modelo social europeo

Luis Moreno

Profesor de Investigación del Instituto de Políticas y Bienes Públicos (CSIC)

Luis Moreno
Profesor de Investigación del Instituto de Políticas y Bienes Públicos (CSIC)

‘Chorizo’ es un vocablo profusamente utilizado por los españoles en tiempos recientes. Pero su empleo no se ciñe exclusivamente a una perífrasis calificativa de la corrupción y el trinque protagonizados por políticos electos y administradores públicos. Según el conocido relato del Choricero, el fabricante de embutidos de Candelero dejó atado a sus perros con longanizas en un afán de ostentación de riqueza y derroche. “Atar los perros con longaniza” es un refrán que alude al idiosincrático deseo ibérico por mostrar el rango de ‘nuevos ricos’ (nouveaux riches) y de derrochar aquello que no se posee. En esta acepción conceptual, los españoles mostraron una gran capacidad de progresión en los años eufóricos de ‘vino y rosas’, talante bruscamente corregido tras el crack financiero de 2007 provocado por la quiebra de las hipotecas de alto riesgo estadounidenses.

Hasta los años de licuación financiera que siguieron al crack, España había asombrado al resto de sus socios europeos por su gran capacidad para ponerse a su altura (catching up), alcanzando nominalmente la media respecto a los indicadores macroeconómicos nominales de crecimiento económico, salvo en lo relativo al capítulo social. Desde la muerte del dictador, el mayor activo económico español había sido el impulso ciudadano por normalizarse y equipararse con los otros países grandes europeos. Pero sucedió que tras desplegar un sobresfuerzo sostenido en apenas treinta años, los españoles pensaron que ya eran iguales a alemanes, británicos o franceses. Incluso, no pocos de ellos se dejaron seducir por el ‘espejismo de la riqueza’, de corte hollywoodiense, y se desencadenó un consumismo irrefrenable de bienes suntuarios. El acceso al crédito fácil y barato en mercados internacionales, amparado por la moneda única, permitió la creación de una burbuja inmobiliaria que estimuló la economía de manera ficticia e insostenible en el largo plazo. Las hipotecas y toda suerte de empréstitos eran fáciles de obtener de las instituciones financieras con la aquiescencia del regulador bancario. Quienes desde el gobierno podían atemperar el consumismo desaforado, confesaron amargamente su incapacidad para hacerlo. El propio Rubalcaba admitió en su debate electoral con Rajoy que los socialistas “tuvieron 8 años para pinchar la burbuja inmobiliaria y no lo hicimos”. Una impotencia semejante permanece como una pesada losa en la escasa credibilidad de las actuales propuestas de reforma del PSOE; un partido alternativo al PP, pero sin una clara alternativa de economía política a fin de salvar nuestro Estado del Bienestar y, por extensión, el modelo social europeo.

La corrupción auspiciada por el período de longanizas ha constreñido a los ciudadanos españoles a unas políticas de austeridad que si bien son denostadas en la Europa del Sur, no por ello son menos alabadas en el septentrión continental. Los argumentos son muchos y variados, pero los números del apalancamiento deudor son tozudos. Como no podía ser menos, los sobregastos se sobrepagan principalmente por las clases medias, auténticos pilares societarios del Estado del Bienestar. La progresión ideológica del individualismo posesivo ha sido también causa y efecto del triunfo político neoconservador de ‘el ganador todo lleva’ (winner-takes-all-politics) y del achique de los subordinados perdedores.

Según el lugar común difuso ampliamente en los últimos años, los países del centro y norte de Europa serían más austeros con sus dineros, mientras que sus manirrotos socios meridionales se comportarían de forma menos prudente económicamente. Su denominación como PIGS por los media anglo-norteamericanos es indicativa de un persistente sesgo cultural. No es menos cierto que en los países de la Europa del Sur suele pasarse de puntillas por el principio básico de la contabilidad clásica (doble partida) introducido por Fra’ Luca Pacioli (1445-1517),  mediante el cual se establece que a toda ‘salida’ (gasto) corresponde una anotación contable como ‘entrada’ de igual importe. Así, los ciudadanos españoles preferirían gastar y hacer negocios diligentes, no siempre concordantes con la economía productiva y la creación de puestos de trabajo mediante el esfuerzo a largo plazo característico de otros países continentales. La ‘incomprensión’ de británicos, holandeses, alemanes o finlandeses, por ejemplo, a dar más crédito –vía UE– a los manirrotos mediterráneos se basaría en la creencia de que éstos no se sacrificarían de igual medida que ellos para pagar sus deudas. Y además continuarían ‘gorroneando’ del esfuerzo común que hace posible la cohesión en el Viejo Continente, y en suma, el modelo social europeo. Tal percepción es transversal a ideologías y partidos políticos.

Sirva como ilustración socrática la cuantía de las pensiones de vejez en distintos estados miembros de la UE. Ya en 1995 la intensidad de las pensiones en Italia, es decir el porcentaje respecto a la renta media por habitante, era el más alto en la UE junto a las pensiones griegas (ambos en torno al 80%). La tasa de sustitución, entendida como porcentaje de la pensión recibida respecto al último salario cobrado, era notablemente superior a la de otros países como Alemania (43%). Es fácil colegir el rechazo de la inmensa mayoría de pensionistas germanos a que sus homónimos italianos cobrasen pensiones más elevadas en condiciones similares de vida laboral y cotizaciones contributivas. No debe sorprender tampoco que su conducta electoral sea de rechazo a solventar ‘por la cara’ las dificultades de financiación de otros países greco-latinos (NB. los ratios de deuda pública respecto al PIB en Italia y Grecia son 127% y 152%, respectivamente, que contrastan con el límite del 60% del Tratado de Maastricht). El término alemán Schmarotzer describe la supuesta actitud de aprovechados por parte de los europeos meridionales y trasluce la convicción reificada de que éstos deben ganarse con sacrificios la confianza y solidaridad de los otros europeos.

Ciertamente el axioma de la solidaridad en aras del mantenimiento del modelo social europeo es insoslayable. En términos prosaicos ello comporta transferencias de rentas de los países más ricos a los países menos ricos (generalmente del sur y este europeos). Tal regla de solidaridad se legitima en la actitud mayoritaria de los europeos a favor del modelo social europeo, institucionalizado en un Estado del Bienestar que proteja a los ciudadanos de las consecuencias perversas de las fuerzas del mercado, y que embride a éste último con actuaciones que controlen sus externalidades negativas. Pero también los propios ciudadanos deben asumir su parte alícuota en la evitación de una Europa asocial asediada por los modelos de re-mercantilización anglo-norteamericano y de neo-esclavismo asiático. Parece poco plausible una deriva europea hacia el segundo modelo citado. Pero respecto al primero, el ‘espejismo de la riqueza’ es un recurso ideológico glamuroso y eficaz que alimenta a los insaciables perros del mercado con todo tipo de sabrosas longanizas. De la responsabilidad de cada cual depende también conservar tales viandas para asegurar el bienestar y la cohesión social de quienes habitamos la casa común europea.