Antonio Antón

Profesor honorario de Sociología de la Universidad Autónoma de Madrid

Esta mañana están convocadas grandes manifestaciones de protesta, promovidas por la Cumbre Social, los sindicatos, las mareas ciudadanas y diversas plataformas sociales, contra los recortes sociales, las medidas antisociales y la reforma regresiva de las pensiones, impulsados por el Gobierno del PP. Se enlazan con más de tres años de movilizaciones contra la política de austeridad, la élite gobernante y la democratización del sistema político.

En este periodo, la protesta social en España ha adquirido una nueva dimensión. En cada uno de los tres cursos anteriores se ha producido una huelga general, articulada por el movimiento sindical; así mismo, ha emergido una amplia, pacífica y democrática movilización ciudadana con unos perfiles nuevos, que ha representado el movimiento 15-M y distintas fórmulas similares, derivadas o mixtas, como las mareas ciudadanas.

En los últimos meses se han generado distintos conflictos sociales y laborales, de carácter local y sectorial. Podemos citar dos movilizaciones recientes de gran impacto ciudadano y mediático: una, con una masiva participación (la huelga y las manifestaciones de la comunidad educativa contra la ley Wert); otra, de fuerte resistencia (huelga indefinida de los trabajadores de la recogida de basura contra los planes de despidos y rebaja salarial y de condiciones laborales de sus empresas e inducidos por el ayuntamiento de Madrid).

No obstante, en los últimos meses no se había producido una gran movilización global y por los objetivos generales que se han ido popularizando estos años: contra la política de austeridad y los planes de recorte social del Gobierno y por la democratización de la política y las instituciones, junto con la exigencia de respeto a las demandas ciudadanas en defensa de lo público, el empleo decente y los derechos sociales y laborales de las personas.

Venimos de una coyuntura en la que la derecha, apoyándose en algunos indicadores económicos parciales menos negativos, ha pretendido construir el discurso de la inmediata recuperación económica y desactivar el descontento ciudadano. Trata de legitimar sus recortes regresivos como la vía necesaria y conveniente para salir de la crisis y así recuperarse de su fuerte desgaste de confianza popular. Es una deformación interesada de la realidad dominante para la mayoría de la población: estancamiento económico con un alto desempleo, fracaso y carácter injusto de la política de austeridad, con la prolongación de la crisis y sus graves consecuencias sociales, distanciamiento de las élites gobernantes respecto de las demandas populares. La justificación de la vía liberal-conservadora no cala en la mayoría de la sociedad. La derecha, el poder financiero y el establishment europeo no tienen suficiente credibilidad ciudadana. Su gestión tiene un gran déficit democrático.

Aunque la situación económica presente algunos indicadores menos problemáticos, la política global de austeridad bloquea y empeora las condiciones de la mayoría de la población en este largo proceso de camino hacia la salida de la crisis cuyo final todavía no se adivina, particularmente en el sur europeo. Los ‘poderosos’ tienen un déficit de confianza popular mientras no se modifiquen aspectos centrales de la preocupación de la gente: reducción significativa del desempleo y creación de empleo, mantenimiento (o mejora) del poder adquisitivo de los salarios y las condiciones laborales y sociales, junto con la reversión de los recortes sociales (educación, sanidad o pensiones...).

En definitiva, la estrategia de la derecha, por mucha ofensiva propagandista que realice, se topa todavía con una realidad evidente de crisis económica, social e institucional, así como con una conciencia popular de justicia social y una cultura democrática que da solidez al rechazo ciudadano a los recortes sociales y a la demanda de respeto a sus derechos sociolaborales y democráticos.

Por otro lado, la dirección del partido socialista, pese a sus intentos de renovar su imagen pública a través de su reciente conferencia política, parece que no es capaz de remontar todavía la desconfianza de amplios sectores sociales, derivada de su pasada gestión gubernamental impopular, la ambigüedad de su actual orientación general y la inconcreción de algunas de sus propuestas. Expresa su dificultad para articular un discurso de izquierdas y de regeneración democrática creíble y promover y representar la oposición social a las derechas.

En el horizonte aparece el calendario electoral. Cada vez hay más expectativas y preocupaciones en la sociedad por las posibilidades de cambios políticos e institucionales a través de la participación electoral. Es legítimo y necesario la dedicación de esfuerzos y energías de la gente crítica e indignada en ese campo para traducir en fuerza electoral el importante campo social descontento con la austeridad y la clase gobernante. Es deseable caminar hacia la conformación de un bloque sociopolítico alternativo a la política de austeridad y recortes sociales y de impulso de la regeneración democrática del sistema político.

No obstante, para el cambio social y político sigue siendo fundamental y complementario, el fortalecimiento de la participación activa de la ciudadanía, la consolidación de una dinámica de movilización popular, la articulación de un tejido asociativo y una representación social autónoma de la esfera institucional. Son elementos clave para encauzar el malestar social, articular y renovar las fuerzas progresistas y de izquierda y reclamar de forma unitaria objetivos sociopolíticos básicos y compartidos por una corriente social amplia.

Estas manifestaciones del 23 de noviembre, enmarcadas en diversas movilizaciones europeas, constituyen un nuevo pulso democrático de la ciudadanía activa frente al Gobierno del PP, el poder económico y financiero y el bloque institucional dominante en la Unión Europea. Son una ocasión para retomar, activar y dar un carácter más global a los procesos de confrontación y rechazo popular a las medidas regresivas del Gobierno del PP y en defensa de otra política más equitativa y democrática de gestión de la crisis sistémica. La amplitud de la participación ciudadana condicionará el grado de desgaste de legitimidad popular de la derecha y, lo que es más importante para ellos, de desafección electoral y riesgo de pérdida del poder institucional. En esa medida, también servirá para unificar y fortalecer a los propios agentes sociales y políticos, para poder asumir tareas de mayor envergadura colectiva.

Sus objetivos se han ido configurando estos años y se deben reforzar: deslegitimar todavía más a esta gestión regresiva de esta élite gobernante, forzar el cambio de la orientación antisocial de la política socioeconómica, defender lo público y el Estado de bienestar, fortalecer la democracia, ampliar la expectativa de cambio político progresista. En conexión con la mayoría de la sociedad, también es imprescindible la apuesta del conjunto de grupos progresistas por la continuidad y el crecimiento de la protesta social. Por todo ello es importante el éxito participativo de esta movilización, esta demostración de fuerza ciudadana, este nuevo pulso democrático frente a las derechas y su política regresiva.