JUAN FERNANDO LÓPEZ AGUILAR

Con la condena dictada por la Audiencia Nacional, España envía un triple mensaje al mundo: determinación contra el terrorismo, solidaridad con sus víctimas, y confianza en la ley y las instituciones democráticas como garantía frente a cuantas amenazas, por dolorosas que sean, se ciernan sobre nuestro orden de convivencia.

Esta consideración es hoy especialmente útil. Tras un proceso ejemplar con todas las garantías, la sentencia determina los hechos probados y las responsabilidades penales en la peor masacre terrorista de la historia de España y de Europa. Pero no sólo: el relato de evidencias y culpabilidades pone en su sitio a quienes antepusieron sus intereses electorales a la verdad, al dolor infinito de quienes lloraban a las víctimas y a la consternación general de la sociedad española y mundial.

Se ha dicho hasta la saciedad: desde aquel 11-M, y durante tres largos años, la delirante fabricación conspirativa alentada por el PP, definitivamente arrumbada por la acción de la Justicia, ha buscado irresponsablemente deteriorar la confianza de la ciudadanía en el Estado de Derecho arrojando disparatadas sospechas sobre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, entonces al mando de los mismos y mendaces mentirosos sin escrúpulos que han propalado esas infamias. Su descabellada estrategia de manipulación de la realidad se ha aferrado desde entonces al propósito de dar cobertura retrospectiva al engaño masivo en el que se embarcó el Gobierno de Aznar del 11 al 14 de marzo de 2004.

Es ahora el momento de afirmar que la infamante teoría de la conspiración ha puesto de manifiesto, por encima de cualquier otra consideración penal o política, una dolorosa patología moral: la pretensión de presentar los atentados del 11-M como una conspiración política dirigida, como el PP ha repetido hasta la náusea, a "cambiar el Gobierno de España", atenta contra la total ausencia de base empírica que indique que un atentado genera rechazo electoral contra el Gobierno (las experiencias apuntan en sentido contrario).

Tal pretensión comporta, y esto es lo terrible, una lectura innoble de la masacre terrorista por la que se presenta al propio PP como la primera víctima, puesto que el móvil no era otro que "sacarles del Gobierno" (como si les perteneciera por derecho natural), siendo todo lo demás daño colateral de aquel perjuicio principal: alterar el ciclo político en el que ellos se sentían tan ricamente acomodados.

Duele tanto desvarío, pero tan ignominiosa lectura de lo que sucedió sólo puede sustentarse desde un mayúsculo desprecio por las verdaderas y únicas víctimas del 11-M: los 192 inocentes que perdieron la vida, como inocentes son todas las víctimas de la barbarie sin más objetivo "político" que la sinrazón del terror indiscriminado; los casi 2.000 heridos y lesionados; los miles de seres humanos que lloran a sus seres queridos; la sociedad entera, la española y la global, que aprendió en aquella fecha que lo peor nos acecha y nos puede golpear cuando menos lo esperamos.

Detrás de la enloquecida fabricación conspirativa, está la idea de que el atentado fue un cálculo preciso de efectos electorales a devengar a tres días desde aquel 11-M: según lo que hemos oído durante años del PP, oscuros intereses políticos buscarían su derrota electoral, en modo que la víctima primera y más cierta de las bombas no sería otra que el Gobierno de Aznar. Tan monstruoso razonamiento no sólo es falaz, pues todo el mundo alcanza a entender que ningún atentado terrorista genera por sí rechazo a los gobiernos democráticamente legitimados. Salvo, a la vista está, que algún Gobierno trate después de encubrir y mentir, primando el cortoplacismo de un pánico electoral, como pasó en este caso.

Es que, además, esta teoría desplaza ignominiosamente a las auténticas víctimas, los casi 200 muertos, los llantos de sus familias, a la posición secundaria de daño colateral en la producción del mal directamente perseguido: alterar lo que se presentaría como "curso natural" de la política española, para "cambiar el Gobierno" del PP ¡por uno del PSOE!
Este desprecio infinito del PP por el dolor de las víctimas se ha manifestado de manera constante, tanto en el proceso judicial como en el paralelo proceso político y parlamentario. No ha ayudado haber tenido que asistir a la desnaturalización de los interrogatorios conducidos por algunas acusaciones particulares, con tal de buscar alguna implicación inexistente de algún conspirador en el horizonte.

Entristece tener que recordar cómo algún representante del Grupo Popular en la Comisión de Investigación instituida en el Congreso de los Diputados, ferviente partidario de la teoría de la conspiración, leía displicentemente el periódico cuando alguna de las víctimas relataba el sufrimiento por el que estaba pasando.
Duelen también los escarnios, algunos de ellos públicos, que han tenido que padecer algunas de las víctimas por no compartir la locura conspiratoria, por no aceptar que la irreparable pérdida causada por el 11-M tocaba a sus seres queridos, no al Gobierno de Aznar.

Muchos infundios, fabulaciones, insidias, se han ido por el desagüe con la sentencia de la Audiencia Nacional. Es hora también de que esta sentencia sirva para que todos los españoles, tengamos las ideas que tengamos, nos unamos en torno a las víctimas, a su dolor, a su recuerdo. Que la acción de la Justicia sirva para que todos, sin exclusiones, reafirmemos la confianza en nuestra convivencia, en nuestras instituciones, y en nuestra determinación de luchar juntos contra el mal, contra el terror, la sinrazón, la injusticia y toda forma de guerra y violencia criminal.

Juan Fernando López Aguilar es ex ministro de Justicia y Secretario general del PSC-PSOE