Dominio público

Ceuta no es tierra de nadie, por ahora

Susana Rodera Ranz

Abogada e investigadora en derecho migratorio

Susana Rodera Ranz
Abogada e investigadora en derecho migratorio

Ceuta, el pasado 6 de febrero, fue testigo de una de esas barbaridades que en nombre de no sé sabe muy bien qué se dice defender la soberanía. Marruecos, España, la Unión Europea, comparten una frontera común y ésta no es tierra de nadie, sino responsabilidad de todos. Por ello, aquellos hechos supusieron la apertura inmediata de diligencias en el juzgado nº 6 de Ceuta. Al respecto, es muy buena noticia la personación como acusación popular de Migreurop, red de la que forman parte algunas de las más respetables organizaciones del país relacionadas con migración, a pesar de los impedimentos que van encontrando —como el requerimiento de una fianza de 9.000 euros por parte del juzgado para ejercer la acusación, cuestión muy discutible, pues aquellos que pueden ejercer la acusación 'exenta de fianza' difícilmente pueden personarse cuando hablamos de extranjería—. Pero vayamos a la arena política, muy lejana de esas playas de Tarajal o Barbate.

Mientras la investigación judicial prosigue, PSOE y UPyD se retratan en el Congreso al no sumarse a la petición de dimisión del ministro de Interior, máximo responsable de los hechos y las muertes ocurridas. Alegan, al menos en el caso del señor Rubalcaba, que hacen falta más pruebas; quizá los vídeos y testimonios no le parezcan suficientes, o quizá es que necesita que se resuelva por el juzgado para poder reprobar al ministro. En ambos supuestos, parece cuando menos increíble tanto miramiento probatorio cuando hablamos en términos de política. Pues bien, en términos jurídicos no se puede definir esta complicidad en el silencio, pero en términos próximos a su fe, quien calla, otorga.

Lo ocurrido en Ceuta no es irrelevante. En primer lugar, no hace falta que se produzcan muertes para violar los derechos humanos. Las que llevamos tiempo trabajando en derecho migratorio bien lo sabemos y denunciamos. En segundo lugar, en este suceso murieron personas además de producirse otro tipo de violaciones flagrantes. El término 'personas' incluye a todo ser humano, o sea, da lo mismo la situación administrativa o que se haya saltado una valla o cruzado un trocito de mar a nado. No vale un solo argumento contra el respeto a la vida; no obstante, la omisión del deber de socorro se tipifica como delito en el Código Penal español. En tercer lugar, hablemos de derechos humanos. Si alguien se atreve a mentar que por el hecho causante no han de respetarse aquéllos, está argumentando peligrosamente. La Historia lo corrobora. Y esto, indiscutiblemente, es intolerable. Hagamos otra matización, los tratados internacionales de derechos humanos establecen con claridad que los derechos en ellos recogidos se reconocen a toda persona, toda, bajo su jurisdicción —salvo excepciones tasadas como el derecho de sufragio—.

Podríamos convenir en la solicitud de dimisión del delegado de Gobierno en Ceuta y del director general de la Guardia Civil, pero no obviemos que alguien da las órdenes, alguien marca las directrices de actuación, alguien promueve la normativa, alguien representa el poder ejecutivo. Rubalcaba habló del honor y respeto que merece la Guardia Civil y, sin embargo, aceptaba solicitar la dimisión de su director general, no así del ministro de Interior, que en los hechos —que lamentablemente suelen reiterarse en nuestras fronteras sureñas— es quien ostenta la responsabilidad última. No hay mención al honor y respeto de las personas que migran.

Dicho esto, si el SIVE (Sistema de Vigilancia de Fronteras), y la labor que la Guardia Civil desarrolla en el mismo, está concebido como "contención de masas" —expresión del propio ministro en la comisión de Interior—, abandone España el Convenio Europeo de Derechos Humanos, la Convención de Ginebra de 1951 (del Estatuto del Refugiado) y algunos tratados más de derechos humanos; por coherencia, digo yo. Lo mismo les sugiero si se empecinan en reformar la ley de extranjería en el sentido que han expuesto: para legalizar las expulsiones en frontera. ¡Hasta la Comisión Europea se ha manifestado en contra!

Bien, considero que no vale tirar la piedra y esconder la mano. Si las críticas no se vierten en una reprobación en el lugar donde se manifiesta el poder representativo de la ciudadanía, ¿de qué sirven los mencionados representantes políticos? ¿A qué ideas son fieles, a las que mencionan por encima en una rueda de prensa o a las que votan en nuestro parlamento? Es más, yo ahora me pregunto, si esto lo hacen en nuestro Congreso, algo más 'vigilado' por los medios de comunicación, ¿qué harán en el Parlamento europeo donde las decisiones resultan lejanas en la distancia, pero relevantes en su contenido?

Me preocupa seriamente que se considere que la manera de afrontar la migración sea enfrentarla en frontera. No se trata de un juego de palabras. Se trata de acudir a la raíz del fenómeno y si a base de pelotas de goma y botes de humo pretendemos regular los flujos migratorios es que nada hemos aprendido. La Unión Europea, y el Parlamento que elegiremos en mayo, tiene mucho que decir sobre ello; el marco decisorio europeo tiene un alcance relevante y creciente desde el Tratado de Lisboa. Dicho esto, quizá deberíamos reflexionar sobre a quien dejamos el poder de decidir sobre esta y otras cuestiones que nos afectan. Pero ese ya es otro tema.