Augusto Klappenbach
Filósofo y escritor

Como ya ha pasado algún tiempo desde la Marcha de la Dignidad del 22 de marzo, quizás sea el momento de sacar algunas conclusiones acerca de una de las manifestaciones más multitudinarias que se han realizado en los últimos tiempos, resultado de la confluencia de las columnas que llegaron de todo el país. Sin entrar en la guerra de cifras (desde 2 millones a 35 mil, superando las horquillas acostumbradas) no se puede negar que una multitud tan numerosa como pacífica superó con mucho en asistencia a las cotidianas manifestaciones de Madrid, reivindicando exigencias tan elementales como el trabajo, la vivienda y los servicios sociales y cuestionando el papel de los poderes financieros y sus representantes políticos. Dicen los sociólogos que cuando una convocatoria excede ampliamente el número de los asistentes habituales es cuando comienza a tener importancia política, como sucedió, por ejemplo, con el rechazo al golpe del 23 F o algunas manifestaciones contra los crímenes de ETA. El 22M sucedió algo parecido.

Por supuesto que el gobierno y sus medios de comunicación afines temían esa participación y desde el comienzo trataron de neutralizar sus consecuencias. Comentarios tan absurdos y contradictorios como compararla a la vez con la extrema derecha nazi y con la extrema izquierda antisistema revelan el nerviosismo con que se la esperaba. El camino desde el lugar de origen de las columnas hasta Madrid estuvo jalonado a la vez por la solidaridad de los pueblos por donde pasaban y los obstáculos por parte de algunas  autoridades locales y fuerzas del orden que tuvieron que sortear.

Y esa estrategia descalificadora de la derecha tuvo bastante éxito. La mayor parte de los medios de comunicación dedicaron mucho tiempo y espacio a los disturbios posteriores y unos escasos comentarios compasivos al carácter pacífico de la protesta. No se puede evitar la sospecha de que las instrucciones que se dieron a la policía pretendían,  antes que la prevención de la violencia,  la exhibición posterior de unas cuantas víctimas, que siempre constituyen un buen ornamento para ilustrar el resultado de una algarada violenta.

¿Se sigue de todo esto la necesidad de ocultar o minimizar los errores que se cometieron relacionados con la marcha?  Creo, por el contrario, que la falta de autocrítica corre el riesgo de contribuir a desacreditar  los resultados de ese día. Los grupos que protagonizaron los enfrentamientos posteriores a la marcha fueron los mejores aliados de la estrategia del gobierno,  aunque hayan pretendido lo contrario: la descalificación de la convocatoria se hubiera intentado de todas maneras, pero sin esas imágenes de jóvenes rompiendo mobiliario urbano y golpeando a policías hubiera tenido menos fuerza, sobre todo para esos millones de ciudadanos que no participaron en la movilización. Esa violencia inútil llevó la confrontación con la política del gobierno al terreno que a este le interesa, ya que no puede llenar las calles con gente que apoye los recortes pero es capaz de disponer de porras y pelotas de goma que convierten una manifestación masiva políticamente significativa en una pelea callejera intrascendente. Y esa violencia facilitó también que los medios de comunicación ofrecieran imágenes de disturbios periodísticamente mucho más atractivos que las de una manifestación masiva y pacífica, que sin esos excesos hubiera tenido una repercusión mucho mayor. Por supuesto que hay que denunciar los abusos y provocaciones de la policía, la presencia de infiltrados, así como los malos tratos que esos jóvenes han sufrido estando detenidos y ofrecerles asistencia jurídica, pero todo ello sin presentarlos como vanguardias de una protesta que ellos mismos han contribuido a debilitar.

Y también conviene discutir algunos aspectos de la convocatoria. En una manifestación masiva y unitaria, que pretendía reunir a todas las mareas y a todos los ciudadanos que comprenden que la democracia es incompatible con la política actual ¿era necesario incluir en el Manifiesto una descalificación de la Constitución de 1978 y el proceso de la transición, así como un llamado a rechazar sin matices el pago de la deuda? Temas que  fueron inmediatamente aprovechados por la derecha, que pasó por alto el resto de las razones de esa protesta. Esos puntos pueden discutirse, por supuesto, pero ¿era el momento para hacerlo? El 22M asistieron a la marcha muchos ciudadanos pertenecientes a distintos sectores de opinión, que incluyen hasta antiguos votantes del Partido Popular, pero que comparten el rechazo a una gestión que pone en peligro temas tan concretos como la sanidad, la educación y las pensiones públicas, sin que haya que exigirles la adscripción a ninguna ortodoxia ideológica. Porque lo más grave del momento actual no son los recortes sino el aprovechamiento que se está haciendo de la crisis para imponer un modelo de sociedad que la gente no ha elegido. Y la única manera de detener este proceso consiste en mantener la unidad de todos aquellos que prefieren decidir por sí mismos la gestión de los recursos públicos, evitando confrontaciones innecesarias y reservando las fuerzas para defender ese precario estado de bienestar por el que habíamos optado.

Hay que revisar el sentido de la palabra radical. El significado que se ha impuesto sirve  para calificar a una persona extremista y violenta. Sin embargo, la palabra radical viene de raíz: una persona radical es aquella que no se queda en la superficie, que busca el fundamento de las cosas. Y estas condiciones no las cumplen supuestas vanguardias que prefieren luchar en su propia guerra antes que incorporarse a los proyectos que han logrado algunas limitadas victorias, como los movimientos  contra los desahucios, la atención a los inmigrantes, las mareas sanitarias y educativas y tantos otros grupos cuyos modestos éxitos son fruto de la superación del sectarismo y en los que a nadie se le ha preguntado por su pureza ideológica. Si conseguimos detener este cambio de paradigma que se intenta, ya habrá tiempo para discutir otras opciones.