A lo largo de estos últimos cuatro años (los que van desde que su nombre saltara a los medios en el verano de 2017 cuando se escondió con sus hijos, hasta esta semana), de Juana Rivas se ha dicho casi de todo y pocas veces bueno o mesurado.

El debate público se ha centrado principalmente sobre si una mujer que desobedece a la Justicia aduciendo que lo hace para proteger a sus hijos puede o no salir impune de ello; ahondó en el supuesto mal asesoramiento legal que había recibido "esta pobre madre" por parte de instituciones especializadas como el Centro de la Mujer de Maracena; se regodeó en la salud mental de Rivas, que llegó a ser considerada como "loca" y se esgrimió como bandera por parte de grupos negacionistas de la violencia de género para acabar con las leyes de protección hacia las mujeres y sus hijos y los organismos creados para asistirlas.

Todo un ataque frontal y virulento a la línea de flotación de las estructuras que se han ido creando a lo largo de las últimas décadas para prevenir estas violencias y asistir a sus víctimas. Porque cabe recordar que tanto Juana Rivas como sus hijos eran y son considerados por este sistema de protección como víctimas directas de la violencia de género.

Incluso tras unos días de idilio con la famosa campaña "Juana está en mi casa" muchos movimientos sociales le dieron la espalda y algunos sectores del feminismo llegaron a comentar en privado que ejemplos como el suyo acaban perjudicando a todas las mujeres. Pero poco debate hubo a lo largo de estos años sobre los agujeros de un sistema judicial que en muchos casos mira la violencia estructural contra las mujeres, como unas sucesión de fotogramas aislados e inconexos en lugar de mirar toda la película. Si se juzga la huida de una madre con sus hijos sin tener en cuenta los antecedentes y denuncias por violencia de género, a la película le faltan fotogramas esenciales. Esto ha sucedido con Juana Rivas, y sucede cada día en juzgados de toda España incluso a madres que no se esconden, que no cambian de residencia, ni de trabajo, ni el colegio de sus hijos y  que, al igual que en el caso de Rivas, tienen documentos que atestiguan que dichos malos tratos pueden haber existido.

Juana no ha tenido un juicio justo ni en España ni en Italia. El hecho de eliminar la violencia como una pieza clave de la ecuación en el proceso judicial ha provocado un monstruo jurídico que no sólo ahonda en la desprotección de la madre y de sus hijos, sino que la exacerba hasta límites insoportables. Esta miopía de la Justicia no es casual ni inocente, ni tampoco inevitable. Está cimentada sobre estereotipos de los que la Justicia no ha sabido o querido despojarse y está allanada por jueces y juezas que activamente niegan la evidencia de que existe una violencia estructural y sus consecuencias. Sí, es necesario seguir profundizando en la formación de quienes imparten justicia, tal como obligan las leyes desde hace 17 años. Pero más apremiante es que existan mecanismos de control dentro del propio sistema de Justicia para detectar los fallos o para sancionar y apartar a quienes no están capacitados para impartir una justicia justa o al menos intentarlo.

Juana no es un caso aislado. Es sólo la punta del iceberg de una violencia institucional que ocurre a muchas madres cuando denuncian la violencia que sufren sus hijas, sus hijos y ellas mismas y que acaban juzgadas por la Justicia en lugar de encontrar amparo y reparación. Una veintena de ellas se atrevieron recientemente a denunciarla ante Naciones Unidas tras años de silencio, amordazadas por el temor a represalias de propio sistema.

En un Estado de derecho en el que los distintos poderes deben controlar y equilibrar las acciones de los demás, corresponde en este caso al Ejecutivo revertir los fallos de un Poder Judicial que no está adecuado aún para juzgar con equidad y perspectiva de género, que es la única forma de impartir justicia. El caso de María Salmerón es un claro ejemplo. Indultada tres veces por un mismo delito, el Gobierno prepara un cuarto indulto. Es urgente amparar a las víctimas mientras se cosen los agujeros del sistema. El futuro de María, Luz, Verónica, Patricia, Susana, Elena y tantas otras, así como el de sus hijos e hijas, depende de que el sistema judicial empiece de una vez a aplicar justicia con perspectiva de género. Mientras esto no ocurra, el Ejecutivo no solo puede, sino que debe actuar con determinación y diligencia. Es decir, otorgando el indulto de inmediato para que Juana pueda acudir el próximo 16 de julio al juicio en Italia que determinará si puede o no tener la custodia de sus hijos.