"Hola, vengo al cotillón de este fin de año". "Bien, puede dejar su mascarilla en el ropero". Este tipo de chistes se suceden en las redes sociales desde que se conoció que la medida más destacada (y sorprendente por laxa) del Gobierno de Pedro Sánchez para tratar de gestionar esta sexta ola de covid, muy agresiva en la velocidad de contagio, era la mascarilla en exteriores. "Un momento, presidente, yo ya llevo mascarilla en exterior cuando no puedo garantizar el metro y medio de distancia", o más en función de la responsabilidad de cada uno, le han contestado desde la prensa o la opinión pública. Por encima de todo, no existe un aval científico que confirme que las mascarillas en exterior sean una medida efectiva contra los contagios, o más bien, que los contagios se produzcan masivamente en exteriores.

Es verdad que el presidente del Gobierno anunció otras medidas, más voluntariosas que efectivas, ya que las competencias sanitarias las tienen las comunidades. Sánchez ofreció la ayuda del Ejército en los rastreos (a estas alturas, por ejemplo en Madrid, ya pueden venir las fuerzas armadas de China a controlar contagiados y contactos y se quedarán cortas), el refuerzo del personal sanitario y la merma de su temporalidad al 8% (largo me lo fiáis), la autorización para recurrir a personal jubilado o titulado fuera de la UE... En fin, poco ruido y menos nueces.

La duda hoy era saber si el Gobierno cedería a la pretensión del Govern catalán para unificar desde el Ejecutivo central adelantos de horario de cierre o cierres en ocio nocturno o iría más en la línea nihilista de la presidenta madrileña, aunque sin llegar al límite del "autocuidado", que es el nuevo concepto que sustituye a la "sanidad pública desmantelada" por los gobiernos neoliberales del PP y que es humanamente imposible que hagan más de lo que hacen por madrileños y madrileñas. Sánchez no ha anunciado restricciones de ningún tipo, aunque es cierto que los gobiernos autonómicos tienen la capacidad de tomar muchas y variadas decisiones en función de la gravedad de los contagios en sus territorios, que no es ni mucho menos la misma. Si no hubiese una lucha electoralista permanente en este país y los gobiernos de todo ámbito cumpliesen con su responsabilidad de gestionar el interés público por encima del partidista, otro gallo nos cantaría.

La cuestión, llegadas a este punto de confusión para luchar contra la sexta ola, está en por qué el Ejecutivo ha sido incapaz de llevar adelante eso que Sánchez prometió estudiar en abril de 2020, en medio de una pandemia que está a tres meses de cumplir tres años, t-r-e-s, y que, mientras no se cumpla el compromiso justo y necesario de vacunar a todo el mundo, t-o-d-o, amenaza con alargarse indefinidamente. El 28 de abril de 2020, el presidente del Gobierno planteó la constitucionalización de la salud pública, es decir, el blindaje de este servicio universal en la Constitución Española mediante su reforma. Esta iniciativa ya estaba recogida en el acuerdo de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos y Público se puso manos a la obra para dar a conocer y empujar la cobertura de una necesidad bastante obvia, pero ideológicamente sometida: el blindaje de la sanidad pública en la norma primera del Estado, la Constitución Española, ya que el artículo 43 se lo pasa por el arco del triunfo quien quiere.

Los sanitarios protestan este jueves en los centros de salud madrileños en repulsa a las acusaciones vertidas por Ayuso

Su reforzamiento por encima de los vaivenes electorales supondría, por ejemplo, un aumento del porcentaje del PIB de España destinado a la sanidad pública hasta un 7%, para ajustarnos a la media europea; que los recursos sean gestionados por profesionales de la sanidad pública, que se establezca un sistema de vigilancia del Estado ante el uso que las comunidades autónomas hagan de sus partidas presupuestarias para que la sanidad pública mantenga unos niveles de exigencia, y que la nueva financiación produzca una mejora de las condiciones de trabajo y remuneración de las personas que trabajan en la sanidad pública.

Pongamos que este miércoles -y aun llegando tarde-, tras la Conferencia de Presidentes, Sánchez anunciara esta medida, mitad coyuntural por la pandemia, mitad estructural. ¿Sería capaz el PP de negarse a una reforma constitucional para blindar la sanidad pública dejando al descubierto su insolidaria apuesta por el sálvese quien pueda con la sanidad privada y el negocio de sus dueños, que no de sus sanitarios? ¿Sería posible que dijese que "no" a una sanidad que garantice a la gente un servicio público potente independientemente de su estrato social y a los profesionales responsables de garantizárselo unas condiciones laborales dignas? Prueben, en todo caso, a ver qué nos dice Pablo Casado esta vez y pongamos todas las cartas sobre la mesa.