Artículo publicado junto al Institut Sobiranies 

Parto de tres convicciones. La primera: que la libertad no es posible cuando la existencia material de la inmensa mayoría de la población está sujeta al arbitrio, de forma efectiva o potencial, de las grandes fortunas. La segunda: quien así entendió históricamente que funcionaban las sociedades fue el socialismo comprendido de una forma amplia —distintos comunismos (aunque en ningún caso el estalinismo), el anarquismo obrero, las socialdemocracias de izquierdas y el sindicalismo revolucionario— que a su vez es heredero del republicanismo democrático. La tercera es doble: que sin una existencia material garantizada socialmente, no puede disfrutarse de libertad (de ahí la propuesta de la renta básica, una asignación monetaria incondicional y universal), y que la posibilidad legal de grandes fortunas privadas es incompatible con una vida democrática (de ahí la propuesta de la renta máxima). Este breve artículo justificará especialmente esta última. Para ello se expondrá la propuesta de política económica conocida como renta máxima (RM).  Las dos primeras convicciones estarán directa o indirectamente relacionadas en algún momento de la argumentación.

Las grandes fortunas representan un problema para la libertad de la inmensa mayoría no rica por varias razones. Las principales, que a su vez están muy relacionadas, son que las grandes fortunas: 1) tienen la capacidad de comprar gobiernos parcial o totalmente, 2) destinan inmensas cantidades al cabildeo para influir en los legisladores, y 3) hacen imposible el desarrollo de la democracia al tener la capacidad de disputar y muchas veces imponer a la república sus intereses particulares.

Si se tiene que resumir aun más, puede ser expuesto de forma lapidaria: las grandes riquezas tienen un poder extremo, lo que es incompatible con la democracia. Algo que ya fue dicho hace más de 80 años por el juez del Tribunal Supremo de EE. UU. Louis Brandeis: debemos elegir, o democracia o grandes fortunas en pocas manos. De momento, los gobernantes de casi todo el mundo están eligiendo lo segundo.

Comprar los votos no es legal. En principio, para un partidario de los contratos libremente consentidos sin la menor consideración a las condiciones materiales de las partes contratantes, comprar votos, contrato mediante, a quienes quieran venderlos, es algo perfectamente defendible. Podemos imaginar que, para no ir muy lejos, en el Reino de España habría decenas, centenares de miles de personas que, a cambio de 30, 40, 100, 150 o más euros, según los casos, estarían dispuestos a vender su voto. Es difícil, aun sin ser republicano socialista, aceptar estos contratos "libremente consentidos" (la ficción jurídica de este caso sería un ejemplo de tantos si bien quizás especialmente diáfano) ya que el resultado sería que unos pocos centenares o miles de personas ricas podrían comprar el voto de millones de personas. Difícil sería defender esta posibilidad contractual como vagamente democrática. También fue muy contraria a la democracia la decisión real de la Corte Suprema de EE. UU. del 10 de enero de 2010 según la cual el gobierno no podía prohibir que las grandes empresas hicieran donaciones y aportaciones económicas a partidos y candidatos en las elecciones.

Un periódico habitualmente tan respetuoso con el orden establecido como The New York Times aseguraba que esta decisión de la Corte Suprema golpeaba el corazón mismo de la democracia. La compra y venta legal de votos quizás no sea algo muy lejano, si bien quizás es demasiado explícito su contenido corruptor de cualquier atisbo de democracia, mientras que las donaciones políticas voluntarias de las grandes fortunas aparecen, al menos para algunos, como más defendible o tolerable. Cuando se tiene una concepción de la libertad que es independiente de las condiciones materiales de existencia, como así es el caso del liberalismo, es posible defender que un contrato entre una gran empresa y una persona joven que busca trabajo con una tasa oficial de desempleo de su franja de edad de más del 30% es un contrato libre entre iguales. Algo que para la vieja tradición de la libertad republicana resultaría inconcebible: considerar libre a un contrato de este tipo.

La propuesta republicana de una Renta Máxima pretende evitar la gran concentración de fortunas, su poder derivado y la corrupción de la democracia subsecuente. La Renta Máxima se define como el establecimiento, a partir de una determinada cantidad de riqueza, de una tasa marginal impositiva del 100%. Se ha intentado alguna vez. Por señalar un ejemplo, el que fue presidente de EE. UU., F. D. Roosevelt declaró en el mensaje que dirigió al Congreso el 27 de abril de 1942 que ningún ciudadano debería tener mayores ingresos de 25.000 dólares al año (un millón de dólares actuales aproximadamente), eso significaba una tasa impositiva del 100% a partir de esta cantidad. No se logró que el congreso aceptase el 100%, pero sí un 94% que fue lo finalmente aprobado, aunque a partir de una cantidad más elevada que la defendida por Roosevelt. Y ya hasta 1981 se logró que no bajase de media del 81%.

Interesante es especificar que una Renta Máxima no es una medida que únicamente pretenda una recaudación impositiva, sino reducir los ingresos de las grandes fortunas de los Robber baron [Barones ladrones], como así eran llamados en un momento histórico muy oportunamente determinados magnates. Y reducir las grandes fortunas es un objetivo republicano democrático precisamente como medio para posibilitar una vida democrática.

Pero una Renta Máxima también puede tener grandes posibilidades recaudatorias. Deberá hacerse antes un pequeño rodeo. Aunque algunos economistas la consideran directamente un fraude teórico, la curva de Laffer es dogma para muchos gobernantes. Esta curva pretende mostrar que rebajar el tipo impositivo a casi cualquier punto debe producir inevitablemente un incremento en los ingresos fiscales. Recortar impuestos y aumentar la recaudación: ¡una maravilla suprema! Esta cobertura teórica de la curva de Laffer ha servido para rebajar constantemente impuestos especialmente a los más ricos. Economistas como Saez y Zucman, entre otros, han mostrado que el tipo impositivo de recaudación fiscal óptima para los ricos podría situarse en torno al 75-80%. A muchísima distancia de los tipos reales que soportan los más ricos. Un 75-80% no es una Renta Máxima, pero se le acerca.

Veamos una posibilidad geográficamente cercana. El 2% de la población más rica del Reino de España sin contar la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra dispone de un patrimonio legal (son números oficiales, legales, no cuentan lo evadido ni depositado en paraísos fiscales) de más de 656.000 millones de euros. Si añadimos el 3% siguiente más rico que dispone de más de 301.000 millones de euros suma 958.000 millones. Casi un billón de euros. Es decir, si a este 5% de la población se le aplicase un 10% de impuesto sobre su riqueza se dispondría de la nada despreciable cantidad de 96.000 millones de euros, si se aplicase un 75% como sugieren Saez y Zuckman como recaudación óptima, la cantidad ascendería a casi 720.000 millones de euros. ¿Cuántos hogares son? 793.815 hogares son los que forman el 5% más rico cuyo hogar más "pobre" tendría cerca de medio millón de euros y con una riqueza media por encima de 1,2 millones de euros[1]. No hemos contado la renta, solamente la riqueza.

Lucas Chancel, el autor que ha dirigido una de las recientes investigaciones sobre la desigualdad económica en el mundo, declaró: "La desigualdad y su reducción no es una cuestión de limitaciones económicas, sino que es una elección política sobre el tipo de sociedad en el que queremos vivir". Efectivamente, si algo podemos imaginar que permitiría mitigar la capacidad de los imperios privados para desafiar exitosamente a los poderes públicos sería una Renta Máxima o algo que se le aproximase. Garantizar la existencia social a toda la ciudadanía, con una renta básica, y limitar las grandes riquezas que hacen imposible la democracia, con una Renta Máxima: dos propuestas para hacer real una vida republicanamente libre.

[1] Agradezco al catedrático de Economía Aplicada y viejo amigo Jordi Arcarons estos datos.