El 23 de diciembre, cuando nos preparábamos para las fiestas navideñas, terminábamos las últimas compras y buscábamos los test de antígenos gratuitos, el Gobierno de Ayuso decidió entregarnos un regalo envenenado en forma de ley. La Ley Ómnibus, una especie de coche escoba que toca todos los palos afectando a más de una treintena de leyes y decretos.

Que un gobierno registre una ley en la víspera de Nochebuena solo puede significar dos cosas: se trata de algo acuciante o algo que quiere hacer a escondidas. Si a la fecha de publicación le sumamos la omisión del trámite de consulta pública, la apelación al trámite de urgencia y la reducción del periodo de audiencia e información pública, no cabe duda: el Gobierno de la Comunidad de Madrid pretendía ocultar algo. Solo así se explican los obstáculos y las cortapisas a que la ciudadanía madrileña conociera y discutiera su propuesta.

Pese al extenso y rimbombante nombre, "Anteproyecto de Ley de medidas urgentes para el impulso de la actividad económica y la modernización de la administración de la Comunidad de Madrid", han sido incapaces de enmascarar su verdadero propósito. Con esta ley, el Gobierno de Madrid pretende perpetrar de una tacada muchas de las tareas pendientes que tiene en su hoja de ruta de depredación inmobiliaria y arrase del territorio.

Mientras Europa apuesta por un cambio de paradigma orientado a la transición energética, la reindustrialización verde y la generación de valor añadido a través del cuidado del medio ambiente, la Comunidad de Madrid insiste en ir en dirección contraria. Heredero del peor aguirrismo e inspirado en el aznarismo de la burbuja inmobiliaria, el Gobierno de Díaz Ayuso pretende eliminar los pocos elementos de control y seguridad que existen en Madrid para proteger el medio ambiente de las embestidas especulativas. Persiguen convertir Madrid en un imán para futuros Eurovegas, utilizando el descontrol, el desgobierno y la ley de la selva como reclamo. En este sentido, la Ley Ómnibus funciona como alfombra roja para quienes, chequera mediante, quieran saltarse la actual normativa e inundar nuestra región de proyectos megalómanos y de ladrillo nuestros espacios protegidos.

Si bien la Ley del Suelo es el principal elemento sobre el que pivota la Ley Ómnibus, esta también supone una demolición controlada de muchos elementos cruciales como los tímidos avances logrados en materia de transparencia, la independencia de la Cámara de Cuentas, los controles en contratación sanitaria, o la defensa del sector del taxi frente a las VTCs entre otras muchos otros asuntos. Por cierto, cuestiones que cada una sería objeto de un profundo debate separado y sin urgencia.

¿De qué tiene miedo la señora Ayuso? ¿Qué le lleva a avanzar de puntillas sobre el proyecto más importante de su legislatura e intentar zafarse de la opinión de sus gobernados? Afortunadamente no consiguió su objetivo de resolverlo todo entre bambalinas y saltaron todas las alarmas.

Partidos, asociaciones y plataformas nos pusimos manos a la obra y fruto de ese trabajo son los centenares de alegaciones registradas y las más de 50.000 firmas presentadas hace unos días en la Puerta del Sol. Y en esa senda continuaremos para poner freno a este y al resto de despropósitos que nos trae cada semana Díaz Ayuso, al tiempo que proyectamos un horizonte de progreso y esperanza.

Pese a la resignación de algunos y los intentos de otros de convencernos de lo contrario, creemos que Madrid merece un gobierno que no intente engañarnos. Un gobierno que haga políticas de las que estar orgulloso, que actúe a plena luz del día, anunciando sus medidas con transparencia, escuchando a la sociedad y abierto al debate. Un gobierno para el que ómnibus, que etimológicamente significa "para todos", sea sinónimo de bien común y no de sálvese quien tenga.