Nos estamos acostumbrando peligrosamente a la mentira hasta el punto de tolerarla como un fenómeno habitual que ya no nos molesta o incluso, peor aun, hasta dejar de darle importancia a la veracidad de lo que se nos cuenta. En los tiempos que corren, todo parece válido para mantener un relato conveniente a las estrategias e intereses electorales, aunque sea a costa de repetir afirmaciones falsas y totalmente disfuncionales para la necesaria recuperación económica y laboral.

En esta senda se ha instalado el líder del principal partido de la oposición, que parece desconocer la diferencia entre la interpretación y la mentira y que ha adoptado la costumbre de manipular la realidad, incluso en un ámbito tan sensible como es el empleo y la situación económica.

Tampoco cabe duda de la eficacia de la estrategia de afirmar una y otra vez, aun en contra de los datos, que nuestra situación económica y laboral no mejora. Un rápido vistazo al barómetro del CIS nos permite comprobar que, a pesar de que llevamos cinco trimestres de mejora permanente y significativa de los datos de empleo, la preocupación social por los problemas de índole económica y el paro ha crecido respecto de hace un año. Curiosamente, la valoración de la situación económica general y personal ha mejorado con creces, sin embargo, y en paralelo, los problemas antedichos causan una mayor preocupación. La disonancia entre la realidad y el relato se agranda.

En esta dinámica orientada a emborrar la realidad, los datos de la Encuesta de Población Activa del cuarto trimestre del 2021 han entrado en modo campaña electoral. No es la primera vez, ni seguramente será la última, que se pone en cuestión la EPA cuando no gusta lo que muestra pero en esta ocasión la renuencia del Partido Popular es una total insensatez.

La recuperación laboral es clara. Los resultados de la EPA se sincronizan perfectamente con los publicados por el Ministerio de Trabajo respecto del desempleo al cierre del año pasado. Ya incidimos en estas páginas en la necesidad de contener el triunfalismo y aceptar que la recuperación cuantitativa se está produciendo sin que se consigan contener las dinámicas que lastran cualitativamente nuestro mercado de trabajo. Así, no cabe duda de que recuperamos empleo, pero tampoco puede cuestionarse el carácter todavía débil de esta recuperación, de la que tira la contratación temporal, y la necesidad de que los nuevos marcos regulatorios consigan embridar la temporalidad e impulsar la estabilidad en el empleo. Por ello, hay que incidir en el tema, el carácter imprescindible de la reforma laboral solo puede negarse desde posturas de calculada estrategia política, alejadas de las necesidades de las mayorías sociales, aquí y ahora.

Sin volver a la valoración ya realizada hace semanas, la preocupación de estas páginas estriba en el empeño en tergiversar la EPA y retorcer las cifras para sostener un relato que pone en duda no solo la recuperación sino lo acertado de las estrategias que se están utilizando.

Analicemos brevemente la EPA: en términos anuales, la encuesta refleja un aumento del empleo en el sector privado y en el público (744.300 personas en el sector privado y en 96.400 en el público). El número de personas asalariadas se incrementa, en mayor proporción en el empleo indefinido que en el temporal (25,38%), así como el número de personas trabajadoras autónomas. Siempre en términos anuales, vemos como la ocupación ha aumentado en todos los sectores, la tasa de empleo ha subido dos puntos y la de desempleo ha bajado 2,8, situándose en el 13,33%. Además, el número de hogares con todos sus miembros en el paro se ha reducido en 173.200, mientras que los que tienen a todos sus activos ocupados ha aumentado en 670.700. Lo cierto es que para encontrar una EPA tan buena en el cuarto trimestre debemos remontarnos a la encuesta de 2006, momento en el que sí que podíamos hablar de un espejismo a lomos de la consabida burbuja inmobiliaria.

Con todo y recordando aquella crisis, lo importante de la situación actual no es solo la recuperación del empleo en estos últimos trimestres sino sobre todo el sostén del mismo ante la envergadura de esta crisis. Ante una caída del PIB del 10.8% en 2020, las medidas implementadas de corte intervencionista en el mercado laboral y expansivas keynesianas, en términos fiscales pero sobre todo monetarios (y por tanto a nivel de la zona euro), han permitido sostener el empleo, reduciendo la destrucción del mismo en 2020 e impulsando un rápido crecimiento en 2021.

La comparación con los efectos en el empleo derivados de aquellas políticas de austeridad promovidas como respuesta a la crisis financiera de 2008 por la UE, con el inestimable apoyo del FMI, es abismal. El retroceso del PIB en España alcanzó el 3.7% en 2009 (es decir, un bache tres veces menos profundo) y provocó un tsunami laboral que arrasó a dos millones de personas ocupadas en el periodo 2008-2009 y a otras dos en los cuatro años siguientes, con un impacto social, laboral e institucional (recordemos la destrucción del empleo público) que ha llegado, evidentemente, a lastrar nuestra capacidad de reacción a la crisis derivada del coronavirus.

Es evidente que la comparación le parece odiosa a quienes gestionaron aquel desastre, fundamentalmente el Partido Popular y sus socios europeos. De hecho, personajes fundamentales de aquella nefasta gestión como la exministra Fátima Báñez, ahora reconvertida en asesora de la CEOE, han pasado de impulsar la reforma de 2012 a defender la del 2021 (en sentido, diametralmente opuesto); en la misma línea de rectificación (electoralmente) calculada, o tal vez algo peor, se sitúa Ciudadanos, que flirtea con un apoyo a la reforma actual, cuando sus programas electorales en el área laboral incluyen medidas totalmente contrarias.

Lejos de rectificar, Pablo Casado y sus muchachos han reforzado de nuevo el relato de la falsa recuperación, mezclando cifras y conceptos y acusando al Gobierno de "dopar los datos" para conseguir una mejora mediante la utilización de "antiguas maniobras" como el empleo temporal o el aumento aparentemente exorbitado del empleo público. En otros términos, se acusa al Gobierno de crear empleo público para tener una buena EPA y no para hacer frente, entre otras cosas, a las distintas olas de la pandemia. En similar frecuencia, desde la CEOE aun reconociendo que los datos de la EPA eran "buenos", se subrayaba este "mayor dinamismo" del sector público que del empleo privado.

Respecto de la contratación temporal solo queda recordar que las principales culpables de la instalación de la temporalidad en nuestro mercado de trabajo han sido las reformas laborales de carácter antisocial impulsadas en su mayoría (pero no solo) por el Partido Popular. El tema del empleo público merece una especial atención por dos razones, la primera por la descarada utilización de datos falsos, la segunda por el carácter profundamente ideológico y en estos momentos altamente insensato, de la postura.

Casado afirma una falta de creación de empleo privado y lo vincula con un supuesto mayor crecimiento del público. En su análisis, previsible conociendo quien lo asesora, se cuela el efecto crowding out tan cacareado durante los últimos 40 años por los think thanks ultraliberales, esta vez trasladado al ámbito laboral. Esta teoría viene a afirmar que el impulso del sector público provoca efectos negativos en la expansión del sector privado. En esta traslación sin sentido pretende probar una relación negativa entre la creación de empleo público y el impulso de la contratación en el marco de la empresa privada, cuando la relación es claramente de signo positivo.

En paralelo, sus medios afines lanzan a coro una carga contra la creación de empleo público (profesionales de la sanidad, profesorado...) afirmando una "exorbitada" subida del mismo. La EPA en cambio nos daba otros datos, en el último trimestre del año 2021 el empleo privado se incrementó en 162.400 personas y el público disminuyó en 8.500. En el conjunto del año, la ocupación ha aumentado en 744.300 personas en el sector privado y en 96.400 en el público. El falseamiento de los datos se dirige de frente contra las políticas de fortalecimiento del sector público, sacando de nuevo a pasear el discurso neoliberal más clásico (y trasnochado), olvidando rápidamente las enseñanzas básicas de esta pandemia y de la Gran Recesión.

Lo cierto es que ese supuesto crecimiento del empleo público no es tan real. Si acudimos al Boletín Estadístico del personal al servicio de las Administraciones Públicas, podemos observar cómo en enero del año 2011 el número total de personas al servicio de las administraciones públicas era de 2.683.370; mientras que en enero del año 2021 esta cifra se situaba en 2.710.405 personas, de las cuales el 59,63% trabajan en el Sector Público de las comunidades autónomas, el 21,39% en el sector público de la Administración Local y el 18,98% en el sector público del Estado. De entre las somunidades autónomas ha sido Madrid la que más efectivos ha incorporado en la última década. Por sectores, las áreas donde más se ha aumentado el empleo público son la sanitaria y la docencia no universitaria, a pesar de lo cual la insuficiencia de personal en ambos ámbitos es palmaria y la sufre la mayoría de la población. Es más, los datos de la OCDE evidencian que el número de personas empleadas públicas en España es inferior al presente en los países de nuestro entorno, lo que señala la idoneidad de seguir impulsando su crecimiento.

Criticar este burdo falseamiento de los datos no implica, bajo ningún concepto, asumir un planteamiento triunfalista acrítico. Al contrario, ya hemos repetido que la senda de crecimiento y dignificación del mercado de trabajo está todavía lejos de haberse asentado y consolidado. Además, no podemos olvidar que los estímulos públicos básicamente derivados de fondos europeos no son indefinidos y vienen condicionados o que una parte de la ocupación, aproximadamente 100.000 puestos de trabajo, todavía está en ERTE. De hecho, sabemos que para recuperar la cantidad de bienes y servicios producidos en España antes de la pandemia queda bastante más de la mitad del camino, que pese a la mejora nos encontramos todavía en una situación de grave crisis económica y que quedan muchos problemas por resolver vinculados, entre otras cuestiones, a la producción en las cadenas de suministro, los cuellos de botella, y la desbocada inflación que, de no controlarse, puede abortar el necesario ciclo de política monetaria expansiva y bajos tipos de interés en el conjunto de la zona euro. Todo ello implica una agenda ingente para la cual, al menos, se podría pedir al Partido Popular, y a quienes hacen política electoral con los apoyos a la reforma laboral, que dejaran de poner palos en las ruedas.

Entre la crítica y el relato torticero en el estratégico campo laboral hay una distancia enorme. Curiosamente, los que más apelaban a la necesidad de dar "confianza a los inversores" se posicionan ahora instalando dudas y desconfianza, también sobre la gestión de los fondos europeos, todo lo cual dificulta enormemente la recuperación del conjunto de la economía. La superación adecuada de todos estos lastres requiere, además de las políticas públicas adecuadas y entre otras cosas, la generación de confianza. Las estrategias trumpistas de Casado, muy patriota él siempre, van en sentido contrario.