Dominio público

Señores de la CEOE, "un plato es un plato"

Ana Pardo de Vera

Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, conversa con los secretarios generales de CCOO, Unai Sordo (i), y UGT, Pepe Álvarez (d) .- EFE
Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, conversa con los secretarios generales de CCOO, Unai Sordo (i), y UGT, Pepe Álvarez (d) .- EFE

Hay una cuestión en España que, particularmente tras las sucesivas crisis financiera de 2008 y pandémica de 2020 -aún no resueltas-, se nos quiere negar desde distintos ámbitos, mayoritariamente empresariales y políticos en defensa de los privilegios que no cesan de los privilegiados. En este país, hay una parte de instituciones y organismos que quieren normalizar algo muy peligroso: que el trabajo es una cosa y la dignidad (derechos laborales) de los trabajadores es otra, cuando en realidad se trata de dos términos que no se entienden el uno sin el otro, que van indisolublemente unidos.

Cuando el Gobierno de Mariano Rajoy, con Fátima Báñez (hoy, CEOE) al frente de la cartera de Empleo, aprobó su reforma laboral en 2012, a imagen y semejanza de los privilegios exigidos por la patronal, ergo, en contra de la dignidad de los trabajadores (los sindicatos salieron en estampida de ese acuerdo), priorizó la creación de empleo y se cargó el concepto en sí mismo, el cual, todo sea dicho, había empezado a erosionar el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero con el austericidio impuesto en 2010 por el FMI, Bruselas, el BCE, Merkel, Obama y el sursum corda, hoy desautorizado a sí mismo con la coyuntura de la covid, al menos, de momento.

Voy a referirme a ese filósofo de la política que ganamos durante los años activos de Rajoy para tratar de explicar el porqué de este despropósito que supone creer que la creación de empleo es el objetivo primero de cualquier Gobierno, al coste que sea para los empleados. Lo hago porque Rajoy fue el presidente de los privilegiados y privilegiadas (siempre menos) y así, a lo mejor, los de CEOE y Cepyme me entienden bien. "Un plato es un plato y un vaso es un vaso", razonó un día el expresidente del PP para tratar de zanjar el debate identitario en Catalunya. Es cierto que para el asunto catalán (y vasco y gallego y toda la pluralidad española), las cosas son un poquito más complejas, pero para el tema de trabajo y dignidad, así, a bote pronto, se me ocurre una frase bastante clarificadora.

Es decir, un plato no puede ser plato y un vaso a la vez, porque deja de ser un plato; y viceversa, nos vino a decir Rajoy-Tzu. Por lo mismo, cuestión de esencias, un trabajador no puede trabajar indignamente, sin un salario proporcional a su esfuerzo y unos derechos laborales ignorados, porque entonces deja de ser un trabajador para convertirse en un esclavo o en un principio de siervo, en función de las condiciones de pobreza laboral que el no-trabajo le provoque, o sea: imposibilidad de un proyecto vital en los jóvenes, recurso a los bancos de alimentos en madres con hijos para completar el no-trabajo, vacaciones inviables de padres asediados por las deudas, merma de las pensiones de los abuelos/as para completar el pago de la hipoteca o el alquiler de los hijos... La dignidad, sí.


La subida histórica del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a 1.000 euros mensuales en 14 pagas constituye, ni más ni menos que una de las patas más sólidas de la dignidad de cerca de dos millones de trabajadores/as que aún carecían de ella. A lo suyo, si le sumamos los beneficios de la reforma laboral recién -y angustiosamente- aprobada, sí se le puede llamar trabajo; como al vaso, vaso y al plato, plato. Lo demás es explotación laboral, incompatible con la dignidad de las personas que se dice que trabajan, cuando en realidad son ilotas para enriquecer privilegios ajenos, de un sistema cuya brecha de desigualdad resulta insoportable en España y que tiene mucho que ver con el desempleo, la precariedad y la pobreza laboral, la explotación de toda la vida.

El nuestro es el país más desigual de Europa occidental, donde el 20% más rico concentra más de la mitad de las rentas de capital y más del 43% de las rentas del trabajo asalariado, según el Observatorio Social la Caixa, una entidad poco sospechosa de trotskista. España tiene la quinta peor cifra de desigualdad desde 2015 en Europa, señala el indicador Gini–, solo superada por Rumanía, Letonia, Lituania y Bulgaria, y acabar con esta posición vergonzante implica una reforma estructural y profunda del sistema que afecta, sobre todo, al trabajo.

Parece que Yolanda Díaz lleva en la sangre lo que es transformar un país desde abajo, desde la pura vulnerabilidad. Y aunque el PSOE ya frunció el ceño hace cuatro meses cuando se le recordó esa nueva subida que tocaba para 2022 (35 euros al mes para redondear los 1.000 desde enero de 2022) con la oposición de la CEOE y Cepyme, desde el pasado jueves 3 de febrero parecen haber entendido dónde están las prioridades: ni un paso atrás con los compromisos adquiridos. Lo que hay enfrente es el abismo, la indignidad.


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