Esta semana, agentes de policía de once países europeos han llevado a cabo una operación conjunta coordinada por Europol contra el discurso de odio en redes sociales. En España hay cuatro detenidos y una persona investigada por estos hechos, en cuya operación policial se realizaron varios registros a domicilios y se incautó diverso material informático. Las imágenes distribuidas por la Guardia Civil tras la operación muestran algunos de los mensajes que habrían motivado las detenciones: antisemitas pidiendo el exterminio de judíos, racistas diciendo que los negros son una raza inferior, y varios tuits hablando bien de Stalin. "La operación ha tenido como objetivo actuar sobre los delitos de odio, el racismo y la xenofobia que circulan en línea y fuera de ella", afirma la nota de prensa de la Benemérita.

La misma semana, la intervención de una tertuliana en un programa de televisión provocó la indignación de los espectadores. Afirmó que los nazis que bombardearon Gernika no eran tan malos, ni las víctimas tan buenas, ya que, estas últimas, eran comunistas apoyadas por Stalin. Un día después, la presentadora del programa tuvo que salir a pedir disculpas, algo bastante inédito en este país ante los discursos de odio. A pesar de que no se reaccionó en el momento, como fuera deseable, es de las pocas veces que hemos visto un gesto así. Quizás por la avalancha de críticas en redes, pero se hizo. La presentadora afirmó en sus disculpas que "se hizo un mal uso de la libertad de expresión", aludiendo a las palabras de la periodista que habían provocado una oleada de críticas en redes sociales.

No sorprende ya el revisionismo histórico de la derecha española. No solo justificando el golpe de estado de Franco, la guerra y la dictadura, sino negando sus crímenes y blanqueando el genocidio ideológico y el expolio que se cometió en nuestro país. Y no es únicamente por parte de los franquistas, de sus herederos ideológicos o de sus beneficiarios. Está institucionalizado desde la Transición, con el mantra de la concordia y de superar heridas mientras miles de personas siguen rescatando de las cunetas los cuerpos de sus familiares ejecutados por los fascistas ochenta años atrás.

Tampoco sorprende ya, lamentablemente, que las tribunas políticas, las tertulias y telediarios en los principales medios sean el altavoz de discursos de odio racista, machista. LGTBIfóbico y clasista. Pero no veremos nunca entrar a la Guardia Civil en un plató o en la sede de ningún partido. Hay discursos de odio mucho más graves y con más incidencia en un plató de televisión o en el Congreso que en el tuit de un adolescente. Pero mostrar el vídeo de una operación policial contra cuatro tuiteros por discurso de odio ya sirve para colgarse la medalla de que en España se actúa con contundencia contra el racismo. Eso si, ponme junto a esos tres nazis a un comunista, para que no quede demasiado desequilibrado y no se piensen que solo detienen a nazis. Que malos hay en todas partes y los extremos se tocan, ya saben.

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Las redes son un pozo de bilis donde los discursos de odio son más que habituales, y donde ni siquiera la propia red social (la empresa) censura, a pesar de las denuncias. No infringe las normas, responden cuando notificas un tuit racista e incluso unas amenazas. Lo digo por propia experiencia, no me lo ha contado nadie ni es ningún prejuicio. Sin embargo, cualquier día, las autoridades pueden coger cualquier tuit e iniciar así un procedimiento judicial contra su autor. Cada día, la red muestra miles que nunca llegan ni siquiera a borrarse. Es más, algunos de los tuits mostrados en la operación policial ni siquiera son delictivos. Si lo fueran, habría decenas de diputados presos, pues lo que han dicho en sede parlamentaria, ante las cámaras, es a menudo incluso más grave que el tuit de un niñato flipado que se cree Don Pelayo o de un facha cuarentón pasado de carajillos que se viene arriba viendo las noticias. Estos son presas tan fáciles como irrelevantes. Por eso pagan ellos y no el político o periodista ultraderechista que se dedica a difundir bulos y discursos de odio racista y machista que llega a millones de personas.

El activista LGTBI Fran Pardo denunció hace ocho años una serie de amenazas de muerte en Twitter cuando era menor de edad. Este año se juzgó a uno de los autores, el único al que la policía, según afirmó, había conseguido identificar. El periodista Moha Geredou, sin embargo, sigue esperando a que sus denuncias por las amenazas de muerte que recibió, adornadas con discursos racistas, lleguen algún día a dar resultados. Quien sí que fue identificado, juzgado y condenado este año fue Albert Baiges, un independentista catalán que publicó un tuit contra el Rey español. Este caso fue iniciativa propia de la policía, que llevó a cabo la investigación por un tuit cuando Albert tenía tan solo 160 seguidores en la red social.

Todo esto es una lotería. Le puede tocar a cualquiera. Y con la legislación de delitos de odio manoseada hasta la obscenidad, el Estado ha encontrado un nuevo instrumento que le permite meter en el mismo saco a quien pide el exterminio de los judíos y a quien insulta a la monarquía o a la policía. Y así se marca el tanto ante la opinión pública, como si de verdad les preocupase o fuese peligroso un tuit que solo vieron ellos y cuatro tuiteros.

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La perversión y la instrumentalización de la legislación de los delitos de odio es el ejemplo de lo que pretende la ultraderecha resignificando la violencia machista llamándola 'violencia intrafamiliar', borrando así el componente estructural del problema para cuya corrección se pensó esta ley. Si los delitos de odio se desnaturalizan y ya no solo protegen a los colectivos vulnerabilizados, sino que sirven contra quienes combaten el odio o critican a la policía, la ley no sirve para nada. Varios organismos internacionales ya le dieron el toque a España por ello, pero la Fiscalía insistió y hasta mandaría una circular recordando que los nazis son un colectivo a proteger ante los discursos y delitos de odio contra ellos.

Escuchen a ciertos diputados o dense una vuelta por los estercoleros digitales que se disfrazan de medios de comunicación para difundir bulos y odios de todo tipo. Ha tenido que ser la ciudadanía la que se organice para denunciarlo. Iniciativas como la que lleva a cabo la asociación És País Valencià en su campaña 'No financies el odio', muestran como estas webs que insultan al pueblo gitano, a las mujeres, a las personas musulmanas o LGTBI tienen anuncios de empresas conocidas que pagan por insertar su publicidad entre los zurullos fascistas que flotan en dichos portales. Señalan públicamente a estas empresas mostrando cómo su marca acompaña a una 'noticia' trufada de racismo o machismo, y muchas de estas acaban por suspender la publicidad, es decir, dejan de financiar el odio. Iniciativas así son necesarias, pero parten de la voluntad de la ciudadanía. El Estado prefiere de vez en cuando trincar a un par de idiotas con incontinencia verbal en Twitter para aparentar que hace algo.

No pretendo banalizar los discursos de odio. Ni mucho menos a los nazis. Algunos llevamos años denunciándolos y exigiendo que se actúe contra estos. Pero las escenificaciones quedabien como la del otro día, no son más que una cortina de humo. Los discursos de odio se han instalado en la normalidad democrática. Son, según algunos, opiniones respetables, igual que proponer quitar derechos a determinados colectivos, opciones y propuestas democráticas legítimas. Si al Estado le preocupa de verdad el discurso de odio, miren más allá de Twitter y pongan la radio y la televisión. O escuchen a ciertos diputados, concejales o cargos públicos en vez de exhibir a cuatro tuiteros como trofeo.

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