España es un país corrupto, quizás sin remedio. Algunas hemos perdido la esperanza, no solo en que sus instituciones lo arreglen, sino en que sus ciudadanos y ciudadanas lo exijan como condición inapelable para un sistema que se dice de "plena" democracia. Yo sí lo voy a hacer; ya va siendo hora de que, para dar mi voto, exija la lucha real contra la corrupción en los programas electorales, con propuestas factibles y contrastadas que eviten que roben el dinero que pago con mis impuestos.

Sobran ejemplos en nuestro entorno de un buen control anticorrupción, donde, por cierto, según Transparency International (TI), la calificación de España en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2021 ha supuesto la bajada de un punto en relación con el año pasado, obteniendo en esta ocasión un mísero 61/100. Nuestro país ocupa la posición 34/180 del ranking global de este Índice, junto con Lituania, dos puestos menos que en 2020, colocándose en el puesto 14 de los 27 de la Unión Europea, bajando asimismo desde el doce.

Con este panorama (que nuestros políticos no mencionan porque les retrata a todos y todas, aunque el compromiso individual sea, por supuesto, muy diferente y encomiable en bastantes casos), el debate se centra hoy en si es mejor subir o bajar impuestos para luchar contra la inflación que nos acosa. ¿Qué impuestos? ¿Los que se cuelan por el retrete de la corrupción? Nunca hemos asistido en el Parlamento a una sesión, siquiera a una parte de ella, en la que se analicen las posibles soluciones a un comportamiento estructural que se lleva, entre unas cosas y otras, incluido el fraude fiscal por controles ineficaces y escasos, hasta 60.000 millones de euros al año.

En tiempos de pandemia y guerra es inevitable pensar que, si España fuera un país concienciado en luchar contra la corrupción, desde sus autoridades hasta sus habitantes, las cosas nos irían mejor, porque al menos, los servicios públicos estarían razonablemente blindados contra la rapiña. No es así y, para vergüenza nacional, además de los escándalos de comisionistas y familiares de políticos que vamos conociendo, aprovechando situaciones de caos como la emergencia sanitaria, las autoridades internacionales vienen a reprocharnos que somos una monarquía bananera que no solo no avanza en la lucha contra la corrupción, sino que retrocedemos estrepitosamente.

El 30 de septiembre de 2021, la web de La Moncloa, que aloja la información sobre la Presidencia del Gobierno, publicaba ufana que "el Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO), que examinó en 2013 el sistema de prevención de la corrupción en el ámbito parlamentario, la judicatura y la Fiscalía en España, ha publicado su segundo informe de cumplimiento, en el que valora positivamente el cumplimiento de las recomendaciones realizadas por nuestro país. Este grupo da por cumplidas cuatro de las recomendaciones hechas a España, en el marco de la cuarta ronda de evaluación. En total, diez de las once recomendaciones de la cuarta ronda de evaluación se consideran ‘cumplidas’ o ‘parcialmente cumplidas’", recogía el informe bien detallado en www.lamoncloa.gob.es.

Este año, no obstante, Presidencia ha evitado recoger en su web el contundente informe de finales de marzo con el que el mismo GRECO, dependiente del Consejo de Europa, acusa a las instituciones españolas de no haber cumplido ni una sola de las 19 recomendaciones (NI UNA SOLA) que se le habían hecho para luchar contra la corrupción, entre otras, resolver el tema de la sobredimensión de los aforamientos judiciales, la regulación de los lobbies o del control de las llamadas puertas giratorias, que permiten un contacto demasiado estrecho y demasiados oscuro entre el ámbito privado y el público.

Hemos perdido un tiempo precioso desde la alabada Transición para abrir las ventanas de las instituciones franquistas, levantar las pesadas alfombras y abrir los oscuros armarios; ordenar lo encontrado y establecer procedimientos de control que, obviamente, durante la dictadura no existían. Y de muchos de aquellos polvos, vienen estos lodos. Mejor dicho, este estiércol. Nos roban dinero, perdemos servicios públicos, calidad de vida y prestigio internacional. Somos una vergüenza, del rey abajo. Y somos cómplices.