Muertos que votan y votos que se compran, nada nuevo bajo el sol en la historia de nuestras elecciones. Estos días en los que asistimos a un goteo incesante de denuncias de adquisición de papeletas en varios municipios, han terminado de convertir la campaña electoral en un barrizal, donde candidatos y candidatas se pelean (sic) cubiertos de lodo. Y pensábamos que con la resurrección de ETA, habíamos tocado el fondo de la ciénaga.

La mayoría de las denuncias por esos intentos de forzar el resultado electoral mediante la adquisición de los votos de personas que los echan por correo son contra candidatos o candidatas del PSOE, que inmediatamente de hacerse pública la denuncia, son expulsados del partido. Eso esta bien, aunque tampoco quedan muchas más opciones, porque el caso apesta a caciquismo y corrupción: si estos candidatos/as son capaces de ofrecer un puñado de euros por unos votos que les posibiliten el acceso al poder, ¿qué se puede esperar de ellos y ellas en el ejercicio de éste?

Como siempre, no obstante, y pese a tratarse de un número muy reducido de municipios en comparación con los miles de ellos que hay en España, el PP ha decidido sumar estos casos de presunta corrupción electoral a la campaña de ETA y Bildu para concluir que hay riesgo de pucherazo, esto es, de manipulación de resultados electorales el próximo domingo, 28 de mayo. El vicesecretario del PP, Esteban González Pons, ya ha alertado de que "hay una trama de compra de votos en estas elecciones en España; de compra de votos por correo que implica al PSOE o a sus socios y que beneficia al PSOE o a sus socios".

Pons, que parece haberse dejado los escrúpulos en Bruselas, ha dejado caer que los casos de compra de votos están relacionados entre sí, dando a entender que es un comportamiento estructural en el PSOE y encendiendo la chispa del peor de los escenarios en unas elecciones: prender la desconfianza sobre los resultados del 28-M, como Trump, como la ultraderecha, como los totalitarios antidemocracia.

De Melilla a Murcia: las denuncias por compra de votos se extienden a las puertas del 28M

No es la primera vez que la (ultra)derecha asoma la patita durante el Gobierno de Pedro Sánchez para poner en cuestión los resultados electorales, aunque, de momento, y ante las críticas mayoritarias y la contundencia de un sistema muy garantista, sobre todo, en relación con el de otros países, no ha insistido en el bulo. Por ejemplo, cuando Alberto Núñez Feijóo, hace casi un año, mostró su preocupación por que el Ejecutivo pretendiera controlar Indra, la empresa encargada de procesar el escrutinio de los votos en las elecciones (el recuento se hace en las mesas electorales). "Algo se está moviendo en Indra y algo debería preocupar a los españoles de buena fe", sostuvo Feijóo dejando flotar la sombra de la duda sobre algo tan delicado como son los procesos electorales en democracia.

Tampoco es nueva esta estrategia: gracias a su aplicación por parte del expresidente de EE.UU. cuando perdió las elecciones de 2020 frente a Joe Biden, sus seguidores más ultras y violentos asaltaron el Capitolio. Donald Trump puso en duda -lo sigue haciendo- los resultados que dieron la victoria ajustada de las elecciones presidenciales al candidato del Partido Demócrata. En Galicia, todavía se oyen los ecos de la santa compaña de votantes difuntos que acompañaban a los vivos a las urnas con sus papeletas dirigidas por control remoto: nunca se asumieron responsabilidades por este hecho penoso y siniestro. Hoy, Feijóo se frota las manos mientras lanza duros mensajes contra el PSOE por comprar votos, obviando que hay algún cargo del PP implicado también en los intentos de fraude. Todo vale para que no gobierne Sánchez de nuevo.