Ecologismo de emergencia

El expolio del agua en el Moncayo castellano

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Año tras año el Ayuntamiento de Ólvega (Soria) demanda agua y más agua, justificándolo por el aumento de su población, la ganadera intensiva y un polígono industrial, regado con dinero público, que no soportaría una auténtica evaluación de coste-beneficio.

El desarrollo de esta comarca tiene sus luces y sus sombras. Las luces iluminan intensamente a un reducido grupo social, mientras las sombras se proyectan en el contaminado embalse del Val, en el proyecto de ampliación de la mina de Borobia o en la macro-vaquería de Noviercas (un proyecto de ganadería intensiva, con más de 20.000 vacas) por no entrar al detalle en el discutido funcionamiento de algunas de las empresas del polígono industrial de Ólvega.

Ólvega y el amplio territorio que la rodea es fruto de una prolongación del desarrollismo de los años 60 en el que la población española pudo salir de la miseria de la posguerra no sin grandes sacrificios que recayeron, en su mayoría, sobre los sectores más desfavorecidos. Todo ello ha configurado un desarrollo asimétrico y depredador en el que el gran perjudicado ha sido el paisaje, la naturaleza y sus gentes, donde pervive un modelo de convivencia más próximo a la Castilla cacique del Conde de Romanones que a la Europa del siglo XXI.

En el municipio de Cueva de Ágreda saben que el pueblo que no tenga agua no tendrá futuro y tienen la sensación de que toda el agua que el Moncayo pueda atesorar con sus lluvias y sus nevadas será insuficiente para las exigencias del desarrollismo de Ólvega, cuyo ayuntamiento asume y promueve un crecimiento irracional de las demandas de agua en vez de gestionar los recursos de los que dispone.

Nadie parece pensar de dónde puede salir el agua que se solicita y el mismo nadie piensa que los recursos hídricos que se captan en el Araviana también pertenecen a las poblaciones castellanas, aguas abajo de estos paisajes; de la misma manera que las aguas subterráneas pertenecen igualmente a las poblaciones aragonesas del otro lado de la muga.

El cambio climático, la disminución de las precipitaciones y una mala gestión política han dibujado un escenario donde las sequías son más frecuentes y graves. La de 2017 obligó a pueblos de la zona, como La Cueva o al propio Ágreda, a aplicar restricciones para el regadío de huertos y jardines, mientras Ólvega no sufrió ninguno de estos efectos.

Cuando la prudencia hubiera aconsejado la implementación de una gestión del agua ajustada a la disponibilidad del recurso, los sucesivos equipos de gobierno del Ayuntamiento de Ólvega han seguido trayendo instalaciones industriales que necesitan un alto consumo de agua, sin pararse a evaluar la afección en un recurso natural limitado. Es como si un mar interior infinito bañara las laderas del Moncayo y como si su municipio tuviera patente de corso en su explotación. Al mismo tiempo se posterga el mantenimiento de la red de distribución, que soporta pérdidas próximas al 50%, y el consumo real de agua de Ólvega y de su polígono industrial sigue siendo un misterio del que los grupos políticos del ayuntamiento son totalmente ajenos.

Tras los últimos veranos, al final de los meses secos, el Ayuntamiento de Ólvega ha vuelto a mostrar prisa para conseguir más agua y ha puesto en marcha dos proyectos: una nueva captación de agua subterránea y una nueva balsa contigua a la ya existente en su término municipal y próximo al de Cueva de Ágreda.

La discutible gestión del agua de Ólvega no afecta sólo a la cantidad, también a la calidad. En 2018, en Muro (núcleo agregado de Ólvega) muchos habitantes padecieron problemas digestivos achacados a una mala calidad del agua de abastecimiento. El alcalde defendió el servicio prestado, aportando los análisis de la empresa, hasta que los vecinos costearon análisis independientes que descubrieron una alta concentración de nitratos. Se tuvo que declarar el suministro como no potable e instalar una desnitrificadora para el agua de consumo en Muro, que es captada en el acuífero que alimenta el río Añamaza.

Siguiendo con la calidad del agua, hay que considerar que todo el término municipal de Ólvega está declarado por la Junta de Castilla y León como Zona Vulnerable por la Contaminación de Nitratos de Origen Agrario, sin que el consistorio se haya dado por aludido y, cuando la oposición le ha requerido, se limita a responder que se cumple el código de buenas prácticas agrarias de la Junta de Castilla y León. Además de la negativa valoración que las directivas europeas hacen de este código, es sobradamente conocido en la zona que no se cumplen las condiciones para la aplicación del purín en las parcelas agrícolas y que, a pesar de las denuncias ante el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (SEPRONA), el ayuntamiento no se hace eco de esta realidad que, junto a las prácticas de varias empresas del Polígono Industrial de Ólvega, son las causantes de la eutrofización del embalse del Val, que está en la provincia de Zaragoza próximo a Tarazona.

Desde los pequeños municipios de la ladera norte del Moncayo se cree en un desarrollo industrial acorde a la realidad del territorio, pero cunde la alarma cuando se observa la desmesura y el desequilibrio que se consagra en esta zona con la política dictada desde el ayuntamiento de Ólvega y los grupos empresariales predominantes en ese municipio.

En pueblos como Cueva de Ágreda o Beratón tienen la indefensión como compañera y contemplan con temor el futuro que parece haberse dibujado para ellos. Pese a todo, sueñan cada noche con poder dejar a las siguientes generaciones un legado de sostenibilidad donde pueda armonizarse un sector primario bien atendido por la administración, una explotación racional de los recursos naturales y una industria respetuosa con el medioambiente y con el ser humano.