Ecologismo de emergencia

El PP, y el negacionismo de macrogranjas

Juantxo López de Uralde

Diputado de Unidas Podemos y coordinador federal de Alianza Verde

Antón Gómez-Reino

Diputado de Unidas Podemos y Secretario General de Podemos Galicia

Foto de archivo de una granja de cerdos. (EFE)

Llevamos días metidos en una polémica creada de manera artificial e interesada por una derecha (extrema) que vive peligrosamente de los bulos. "Las macrogranjas no existen en España". Esto lo dijo el mismo lunes, en pleno auge de acusaciones cruzadas al Ministro Garzón, la portavoz de Agricultura del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Milagros Marcos. No es de extrañar que esta afirmación negacionista de la realidad venga de la portavoz de un partido que hasta hace no mucho negaba el cambio climático, y aún hoy niega la existencia de una "caja B" acreditada por los jueces.

El Partido Popular, y, en concreto Alfonso Fernández Mañueco, ha decidido comenzar su campaña electoral en Castilla y León inventando un bulo contra el Ministro de Consumo, Alberto Garzón, con medias verdades. Como Garzón es un Ministro de Unidas Podemos, pareciera que hay "campo libre" para abonar el bulo y, lo que aún es más grave, para no apagarlo desde donde corresponde. ¿Acaso todo vale?

Pero vayamos al caso de la supuesta no existencia de las macrogranjas. ¿Acaso estas macroinstalaciones son invisibles a los ojos del Partido Popular? ¿O es que son ajenos a sus impactos? La portavoz del PP argumenta que sólo las instalaciones de más 10.000 cabezas de ganado pueden considerarse macrogranjas. Pero esta definición no consta en ningún documento. Es, por así decir, una definición fabricada a conveniencia de los intereses del propio Partido Popular.

Los datos dicen otra cosa. Para empezar, de acuerdo con la Directiva de Emisiones Industriales, se consideran complejos industriales (de lo que hablamos cuando decimos "macrogranjas"), en el ámbito de la ganadería, las explotaciones de cría de aves de corral y cerdos que dispongan de más de 40.000 plazas para aves de corral, que dispongan de más de 2.000 plazas para cerdos de cría (de más de 30 kg), o que dispongan de más de 750 plazas para cerdas reproductoras. Toda una portavoz de agricultura debería conocer esta definición.


Además, según el Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes (PRTR) en España existen 3.235 explotaciones activas de porcino y 550 avícolas. El censo oficial del ganado porcino en España alcanzó en 2020 las 32,6 millones de cabezas. Más del doble que en 1986. Ha crecido un 33% en los últimos quince años. En enero de 2021 se registraron en Castilla y León 4.340.122 cerdos, una cifra que comparamos con las 2.394.918 personas censadas en la Comunidad, según el último dato del INE. Es decir, casi la mitad. En el caso de Aragón ya hay casi siete cerdos por habitante. No es la ganadería tradicional, la extensiva, la que nos está llevando a que haya más cerdos que personas en nuestro país, sino las macrogranjas, que producen ganado en cantidades industriales.

En este tipo de explotaciones, tal y como precisaba el Ministro de Consumo, la carne es de peor calidad (y esto es otro dato) porque los animales están hacinados, viven en malas condiciones y su alimentación deja mucho que desear. Así lo documentaba Greenpeace en un reciente informe en el que no sólo se dejaba constancia de la existencia de esas macrogranjas que en el Partido Popular desconocen, sino de las lamentables condiciones en las que viven (o malviven) los animales: encerrados en naves industriales sin ver la luz del sol; aprisionados entre barrotes con el espacio mínimo necesario para estar tumbados, sobre rejilla, y poder darse la vuelta… Nada que ver con la ganadería que sí defendió el Ministro Garzón, por más que quieran darle la vuelta desde el Partido Popular: una ganadería extensiva, sostenible, que produce carne de calidad. Una ganadería que, por cierto, corre el riesgo de desaparecer a causa de estas grandes instalaciones porque otra de las consecuencias de la proliferación de macrogranjas es la pérdida de puestos de trabajo. Solamente en la última década se han cerrado 21.000 pequeñas y medianas explotaciones de porcino. Las macrogranjas están teniendo un coste en términos de empleo además del enorme impacto medioambiental.

Según el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero publicado por el propio Ministerio para la Transición Ecológica, en España, el sector porcino es el responsable del 76% de emisiones de metano derivadas de la gestión del estiércol. Esto sólo es posible en un sector altamente concentrado, en un país en el que, como ya hemos dicho, ya hay más cerdos que personas.


En Unidas Podemos hemos intentado frenar este despropósito, en línea con las afirmaciones del Ministro Garzón. Recientemente hemos llevado al Congreso de los Diputados una Proposición No de Ley para establecer una moratoria a la instalación de macrogranjas en zonas vulnerables. Pero lamentablemente no salió adelante. Las derechas la frenaron. Y contaron con el apoyo del PSOE. Ahora sabemos por qué.

Lo más importante es que necesitábamos poner, por fin, encima de la mesa un debate imprescindible, porque para luchar contra el cambio climático hace falta afrontar con seriedad un cambio de modelo de producción y consumo. Lo dramático es que se haya llegado a él a través de un bulo, porque la democracia se debilita cuando caemos en las trampas de la extrema derecha. Y mucho más grave es que en esa trampa haya caído un Partido Socialista que hace gala de una Estrategia 2050 en la que apuesta por la reducción del consumo de carne, y que tiene por bandera toda una vicepresidencia de Transición Ecológica. En lugar de liderar, como en otros países de nuestro entorno, una estrategia para la reducción del consumo de carne (como por cierto consta en los propios documentos del Gobierno) o contra las macrogranjas, para hacer frente a la crisis climática, su silencio es ensordecedor.

Pero, por mucho que se intente retorcer la realidad, los datos nos dan la razón. Las macrogranjas, sean de 5.000 o 10.000 cabezas de ganado, dañan nuestro territorio y nuestro medio ambiente, envenenan el agua, hacen sufrir a los animales, producen carne de peor calidad, destruyen empleo y vacían nuestros pueblos. Sólo hace falta ver los cientos de informes oficiales para constatar que sí, las macrogranjas existen, y están convirtiendo la vida de nuestros pueblos en un infierno. Nosotros vamos a seguir haciendo nuestro trabajo, por coherencia, porque sí nos creemos las políticas verdes y porque no vamos a dejarnos arrastrar por los bulos.