Fernando Luengo

Miembro de econoNuestra y profesor de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid.

Con cerca de seis millones de trabajadores desempleados (según algunas estimaciones, ya hemos superado ese umbral) hay que reiterar lo evidente, algo tan básico que da cierto pudor tener que recordarlo una vez más: la creación de puestos de trabajo, la generación de empleo de calidad y sostenible es lo que da sentido y legitima una política económica.

Si este objetivo se pierde de vista o también si su consecución se subordina, en una relación de causa-efecto confusa y discutible, a la implementación de "políticas de austeridad" y de "reformas estructurales", que en realidad han destruido millones de empleos y han degradado las condiciones laborales de los trabajadores, entonces la economía y los gobiernos han perdido el norte y el sur, han extraviado su verdadera razón de ser, que no es ni puede ser otra que el bienestar de la población.

Todo va a peor y los políticos que nos gobiernan, erre que erre, prometen más de lo mismo, haciendo gala de una incapacidad, un cinismo y una irresponsabilidad que están haciendo historia. Ha pasado el tiempo, pero no importa, todavía siguen culpando la herencia recibida, como si ellos no tuvieran nada que decir en el  desastre social que se está abriendo, quizá de manera irreversible, en este país.

Por dignidad, por necesidad se impone un cambio de rumbo, un viraje radical. Situar el empleo en el centro mismo de la política económica implica, antes que nada, como parte de un plan de emergencia, detener los ajustes presupuestarios, pues dichos ajustes (que están recayendo de manera implacable sobre las partidas sociales) son los responsables más inmediatos del insoportable aumento de las tasas de desempleo.

Una política centrada en el empleo necesita de un programa de gasto público orientado en esa dirección; en lugar de volcar cantidades ingentes de dinero en los bancos, en sus equipos directivos y grupos accionariales, que han sido los principales responsables de la crisis, en lugar de abrir de par en par las puertas del sector social público a la iniciativa privada, en lugar de entregar, regalar, empresas y activos públicos a los mercados a través de opacos procesos de privatización.

Detener esa sangría es necesario para impedir la fractura social y para concentrar los recursos en las políticas ocupacionales. La viabilidad de las mismas depende, asimismo, de enfrentar los bajos niveles de tributación de las rentas del capital, los patrimonios y las grandes fortunas y de perseguir las bolsas de fraude, claramente identificadas. Una política destinada al mantenimiento del empleo obliga, en fin, a la modificación de una legislación laboral, como la actual y las precedentes, que estimulan la reducción de plantilla y las reducciones de salarios, a cambio... de nada.

Un viraje en la política económica implica muchas más cosas que las apuntadas en esta nota de urgencia, pero sobre todo requiere una respuesta proporcional al colosal desafío que debemos enfrentar: una economía a la deriva, atrapada en la maraña de intereses (las manos visibles de los mercados) que se están enriqueciendo a manos llenas, inmersa en un enorme desgarro social, y que, no lo olvidemos, pues ahí está nuestro futuro, abre un horizonte lúgubre a nuestro jóvenes.