Opinion · EconoNuestra

Los costes económicos de la corrupción

José María Mella
Catedrático de Economía de la Universidad Autónoma de Madrid

El objeto de estas  líneas es el análisis de la corrupción tanto desde el lado de los corruptos como de los corruptores, de modo que se pueda tener una visión más completa de los efectos económicos de la misma.

Las reflexiones que siguen se apoyan en los avances del análisis económico reciente y en la evidencia empírica internacional, teniendo en cuenta como telón de fondo los casos de corrupción en España. Los casos contemplados son diversos y están a diario en los titulares de los periódicos. Van desde la  corrupción en la cúspide de los partidos políticos, en los aledaños de la Casa Real y en el seno de determinadas empresas, hasta los diferentes niveles de las administraciones públicas.

Cada uno de ellos tiene sus propias peculiaridades; pero, en conjunto, muestran comportamientos irregulares que afectan al partido de gobierno (en el ámbito central, autonómico o local), en los que median donaciones de carácter anónimo, opaco e ilegal, y que llevan consigo delitos múltiples: prevaricación, cohecho, apropiación indebida, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, fraude fiscal, evasión de capitales, falsedad en documento oficial, financiación ilegal, concesiones y adjudicaciones ilícitas, delitos urbanísticos y blanqueo de dinero. Asimismo, en los casos de las empresas privadas, lo habitual es que la corrupción trate de eludir las cotizaciones sociales-“dumping social”-, las cargas impositivas-“dumping fiscal”- y la reducción irregular de los costes de producción distorsionando la competencia.

Todos estos comportamientos forman parte del concepto amplio de corrupción; es decir, de aquella actividad que implica  abusos del poder público por parte de quienes lo detentan para, a cambio de sobornos del sector privado,  influir en la elaboración de leyes, regulaciones, licitaciones y concesiones. Este concepto de corrupción supone asimismo la búsqueda de rentas consistente en acceder o controlar las oportunidades de ganancias -en detrimento de los intereses colectivos- derivadas del ejercicio de “lobbying” de los grupos de presión ante las administraciones públicas.

La complejidad del fenómeno de la corrupción obliga a limitarnos únicamente a tratar tres aspectos: la relación negativa entre corrupción y crecimiento económico, los perjuicios de la corrupción en el sector público y el aumento de la desigualdad social  que dicho fenómeno comporta.

En primer lugar, la corrupción es un incentivo a la inversión en bienes tangibles (suelo, construcción y vivienda, por apropiación de rentas al ser contratados) frente a la inversión en bienes intangibles (educación, formación, investigación, desarrollo, innovación y progreso técnico), que promueven en mayor medida la elevación de la productividad y generan el crecimiento de las economías.

La corrupción deteriora el entorno de las actividades económicas, crea inestabilidad política y erosiona la seguridad jurídica, empeora la imagen del país y degrada su confianza, eleva el riesgo y aumenta la incertidumbre económica, actúa como un impuesto perverso que premia a las actividades no productivas (depredadoras y buscadoras de rentas) de los corruptores y castiga a los talentos  creativos incrementando sus costes, provee menos recursos y bienes públicos (y de menor calidad) y perjudica las bases de la inversión y, por ende, el crecimiento económico.

Por otro lado, la corrupción disuade a la inversión extranjera al hacer menos transparente y accesible el laberinto burocrático de las administraciones, disminuye la protección efectiva de los inversores (sobre todo de la propiedad intelectual) ante contenciosos entre socios nacionales y extranjeros y, en el caso de inversiones con un  alto contenido tecnológico, induce una mayor aversión a involucrarse en proyectos empresariales en países con una alta corrupción percibida.

En segundo lugar, la corrupción reduce los ingresos públicos al comprometer la capacidad recaudatoria y aumenta el gasto público improductivo al subir los costes de licitaciones no competitivas, limita la capacidad inversora del Estado y empeora la calidad del servicio por utilización de materias primas y equipos de inferior calidad para disminuir costes.

Al tiempo, la corrupción incentiva la evasión fiscal de las empresas, expande la economía informal, asigna ineficientemente los recursos y altera la composición del gasto público en perjuicio de actividades socialmente más rentables (educación y sanidad) frente a otras con ganancias rápidas y fáciles vinculadas a grandes operaciones urbanísticas. Este es el caso de los “elefantes blancos” o proyectos públicos de difícil justificación económica y social por su naturaleza y dimensión (grandes proyectos frente a otros ajustados a las necesidades), que no han sido previamente evaluados con criterios razonables basados en el análisis coste/beneficio.

Asimismo, la corrupción genera regulaciones ineficientes amañadas para generar rentas, porque los corruptores sólo están dispuestos a pagar sobornos (para licencias, concesiones y otras políticas públicas) únicamente si esas rentas son de acceso restringido. Obviamente, los potenciales corruptores son todos aquéllos que tienen un acceso privilegiado a la información y conexiones de influencia sobre los decisores públicos para obtener subvenciones, beneficios de monopolio y regulaciones más laxas; cuando no para alterar en beneficio propio el precio del bien público  sometido a privatización.

En tercer lugar, la corrupción aumenta la desigualdad social. Perjudica a la distribución equitativa de la renta, porque desvía recursos en perjuicio de las clases y grupos sociales de menores ingresos, encarece los costes de  acceso a los servicios públicos, implica mayores cargas fiscales y costes públicos derivados de la evasión fiscal, reduce el gasto social y provoca pérdidas de empleo por un menor crecimiento económico.  Y  al contrario, la corrupción no sólo es depredadora de recursos de la sociedad, sino que permite acumular más poder y riqueza a la minoría social de mayores ingresos.

En una palabra, la corrupción está afectando a factores claves de salida de la crisis: el consumo, la inversión y las exportaciones. Impide a su vez el saneamiento de las cuentas públicas, desvía recursos hacia actividades improductivas y deteriora el modelo de desarrollo de la economía española haciéndolo cada vez más desigual e insostenible.

Finalmente, alguien podría argüir, con razón, que la corrupción es inherente a la naturaleza misma del capitalismo (incluidos los regímenes de capitalismo de Estado), porque es un sistema económico que tiene como motor la búsqueda del beneficio privado, lícito o ilícito, moral o inmoral. Sin restarle un ápice de rigor a tal argumento, mientras no se tenga otro sistema mejor y las opciones anticapitalistas no prosperen, convendría fijarse en lo que se ha hecho en otros países de democracia más avanzada y más cohesionados socialmente,  en los que la corrupción es mínima o sus posiciones relativas en el clasificación internacional de transparencia son mucho mejores que las nuestras.

En estos países, las políticas anti-corrupción descansan en una fuerte voluntad política basada en la calidad  de las instituciones y en regulaciones y legislaciones que fomentan la transparencia democrática, la rendición de cuentas, la existencia de un poder judicial independiente, la persecución y el castigo de los responsables, la participación ciudadana, el control de los elegidos por parte de los electores y la cultura cívica. Pero me temo que las políticas anti-corrupción sean insuficientes, sino van acompañadas de otras políticas que permitan  una mayor igualdad social y una economía más sostenible.