Pedro Chaves

miembro de econonuestra y profesor de la Universidad Carlos III de Madrid.

La condición vertiginosa de la información en nuestras sociedades arrumba una noticia importante, casi al momento de ser publicada, por otra aún más enjundiosa o de mayor calado apenas cinco minutos después. Desde que comenzó la crisis no tenemos descanso en este ir y venir de información que, eso sí, posee una cierta coherencia en su sentido y en sus consecuencias. Es decir que puede formularse como una racionalidad política, como algo con sentido y con objetivos.

Del marasmo cotidiano surge como evidencia lo que durante mucho tiempo eran solo señales, o realidades sin una conexión completa: la corrupción sistémica de los partidos de la derecha; una corrupción vinculada a su cercanía al poder económico y legitimada en los últimos tiempos por el derrumbe de la moral cívica vinculada a lo público; y una corrupción que es la devolución en contante y sonante de los favores políticos y legislativos que estos partidos realizan cotidianamente a los poderes económicos.

Ya no es solo, y fíjense de que estamos hablando, del caso Bárcenas y de la Red Gurtel. Pensamos en la primera sentencia desfavorable al señor Fabra, ese factótum de la política del levante español, jaleado y defendido por Rajoy como "un político ejemplar" cuya actividad delictiva continuada ha convertido el conjunto de instituciones del estado de derecho en un lodazal. Y a la diosa fortuna en un ser con predilecciones sospechosas no justificadas por su caprichosa condición.

O el caso, tan notable o más que los anteriores, de los altos cargos de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, entre ellos dos consejeros, personalmente beneficiados por canonjías como justopago por los servicios prestados a la empresas beneficiadas en los procesos de privatización que estos personajes impulsaban y justificaban. Fíjense que hasta el Director de Hospitales de esta Comunidad ha sido agraciado con un pesebre por los servicios prestados.

Pero la misma política económica se ha convertido en una extensión de estas prácticas corruptas. La penúltima (siempre habrá una posterior y si no esperen) es el regalo que el viernes hará el Consejo de Ministros a la banca y que será cargado al saldo deudor de nuestra deuda soberana. 30 mil millones del ala a cuenta del erario público y del deterioro de servicios esenciales.

Solo estos casos, y son un botón de muestra, habrían dejado un reguero caudaloso de instituciones, valores y principios del estado de derecho damnificados por prácticas indeseables e intolerables en cualquier sistema democrático. En las aguas descompuestas de nuestra democracia flotan los cadáveres de la separación de poderes, de la independencia de la justicia, de la dedicación al bien común de los gobernantes, de la condición pública de la actividad del estado, del papel de los medios de comunicación como formadores de la opinión pública, de la probidad moral de los gobernantes etc...

Pero el enunciado que permite entender mejor el fin último de esta actividad política de parte que la derecha practica como su modus operandi es el fin de la política. Al servicio de la expulsión de esta capacidad de las comunidades para debatir y arbitrar soluciones a los problemas comunes, se han llevado a cabo una buena parte de las decisiones más llamativas de los últimos años: privatizaciones, liberalizaciones, flexibilidad y todos esos epítetos del fin de la época de los derechos, han buscado la reducción al mínimo del espacio público, esto es, del espacio donde es viable y posible la política. Si solo hay mercado, la regulación de los conflictos cae del lado de la distribución de la renta y ese es un partido donde las reglas y las condiciones del juego mismo son decididas y modificadas a cada instante por aquellos que más tienen. En el espacio del mercado no hay simetría entre los contendientes y por lo tanto no todos pintan lo mismo. En el alma de las clases dominantes siempre anidó un rencor hacia la democracia que ahora se pasea sin tapujos.

Si en el mito griego de la política Zeus repartió por igual entre todos los hombres atributos para poder entenderla y participar en el ágora, en el mercado la distribución de capacidades responde directamente al tamaño y calidad de la cuenta bancaria.

La penúltima de esta saga de malintencionadas prácticas ha sido la decisión del ayuntamiento de Madrid de dividir la ciudad en seis mercados en los que se han subastado los servicios prestados a la ciudadanía. Esa dejación de responsabilidades políticas se hace al precio de un deterioro de las condiciones de vida de los trabajadores y de un pérdida de calidad mayúscula de los servicios mismos. Pero les compensa, en adelante escucharemos más veces la canción entonada por la inefable Ana Botella en la huelga de la limpieza: esto no es responsabilidad del ayuntamiento. Quizá no pase mucho tiempo antes de que escuchemos propuestas que planteen pagar los impuestos directamente a las empresas. Y en la lógica de esta idea de minimización de lo público: la sustitución del ayuntamiento –como cuerpo colegiado, político y democrático- por una coordinadora técnica nombrada directamente por las empresas prestatarias de los servicios.

Pero el esfuerzo por minimizar el espacio público y reducir la política a un estercolero no ha eliminado, nunca lo ha hecho, los conflictos. La capacidad de aguantar de cada sociedad es una variable que responde a las condiciones históricas de cada país, a su legado de movilización social y a su cultura política dominante, entre otras cosas. Cuando la resistencia se activa, como ha ocurrido en toda la Europa del Sur, se crea un nuevo contexto que politiza las decisiones y prácticas de las clases dominantes y de sus mamporreros en el gobierno. Lo que al principio de la crisis eran decisiones inevitables y técnicas, ahora sabemos que formaban parte de una estrategia económica con fines claramente definidos.

Así es que todavía les queda el recurso de la criminalización mediática de los movimientos y la aprobación de normas que buscan desactivar la movilización de los sectores menos politizados y más inseguros. Y por si esto no fuera suficiente, entonces se reducen las instituciones representativas a la condición de cámara de notables, en una mediavalización de la representación política tan insultante como totalitaria. Véase lo que ha ocurrido con el Parlamento de Castilla-La Mancha como ejemplo, y es solo el principio.

La miseria moral del neoliberalismo, su voluntad de producir una transferencia de poder económico y político a los sectores más privilegiados de la sociedad, requiere del uso de este mix de intervenciones cuyo fin buscado, perseguido y ansiado es la expulsión de la política de nuestras sociedades. La miseria del neoliberalismo esta convirtiendo la necesidad de un encuentro de los sectores democráticos de nuestra sociedad en una imperiosa necesidad casi prepolítica: debemos defender la necesidad de la política, toda vez que la democracia está siendo convertida en un significante sin significado, en un ropaje lustroso que encubre una realidad incapaz de mostrarse tal cual.

La expulsión de la derecha, el fin de estos gobiernos miserables es una exigencia relacionada con la condición democrática de nuestras sociedades por supuesto, pero está siendo, cada vez más, una necesidad para recuperar la capacidad misma de la sociedad de poder decidir con autonomía sobre sus necesidades y alternativas.