José María Mella

Catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid y miembro del Colectivo EconoNuestra

El goteo permanente de noticias sobre la corrupción resulta indignante y alarmante. Tengo la impresión de que estamos ante un fenómeno gravísimo e incesante, que se ha convertido en práctica habitual e impune, y que si el Estado de derecho no actúa resueltamente la corrupción ha venido para quedarse entre nosotros por un tiempo insoportable.

En una entrevista reciente de la periodista Johanna Kippo del diario finlandés Helsingin Sanomat me planteaba una serie de preguntas sobre la corrupción en España, que figuran a continuación.

-En grandes líneas, ¿qué tipo de daño produce la corrupción a una economía nacional? ¿Dónde se ve el daño?

Los daños de la corrupción son enormes: agravan la crisis, perjudican al sector público y aumentan la desigualdad social. Pero todavía más. La corrupción destroza el entorno extra-económico de una economía, al afectar corrosivamente a la confianza de los ciudadanos, a la ética del trabajo bien hecho, a la calidad de la democracia y al funcionamiento de las instituciones. Sin un entorno sano la economía se colapsa y eso es una parte muy importante de lo que está pasando en este país.

-¿En qué manera la corrupción afecta a las cuentas públicas y al gasto público? ¿Qué tipo de factura pasa a los contribuyentes?

La corrupción reduce los ingresos públicos al escapar de la recaudación de impuestos, aumenta el gasto público improductivo al subir los costes de las licitaciones por no haber competencia y limita la capacidad inversora del Estado al sufrir éste una merma de recursos.

Los contribuyentes, es decir, los ciudadanos de a pie, en estas condiciones, se ven obligados a pagar más impuestos, a recibir menos y peores servicios públicos, y a pagar más caro los bienes que adquieren, porque previamente los corruptores han subido los precios en beneficio propio.

-¿Dónde faltan recursos en España, indirectamente, por la corrupción? ¿Se habría podido evitar, por ejemplo, una parte del programa de austeridad que ha tocado tanto a los sectores como educación o sanidad?

Efectivamente, podría anularse el déficit público si no hubiera evasión fiscal (se hace todo lo contrario, se amnistía el fraude por el propio gobierno). En España, no faltan recursos; el problema es que las clases pudientes históricamente se consideran en el derecho (¡Privilegio!) de no cumplir con sus obligaciones fiscales.

Los programas de austeridad en educación o sanidad podrían ser perfectamente evitables. No vienen determinados por el déficit, sino por intereses e ideología; es decir, por el negocio de su privatización y el conservadurismo anti-ilustrado de la derecha clerical española.

-A raíz del caso Bárcenas y otras investigaciones, hay sospechas de que se han creado sistemáticamente planes de infraestructuras innecesarias ¿cuál podría ser una solución sostenible para corregirlo y para evitar que vuelva a pasar?

Este es el caso de los "elefantes blancos" o proyectos públicos de difícil justificación económica por su naturaleza y dimensión (grandes proyectos que no están ajustados a las necesidades sociales).

La solución consistiría en que los proyectos fueran previamente evaluados con criterios razonables basados en el análisis coste/beneficio para la sociedad.
Evaluación que debe ser realizada indefectiblemente por un organismo independiente del gobierno. Y éste debe dar cuenta de sus decisiones para que los ciudadanos podamos valorar si son el resultado de la búsqueda del interés general o del interés particular de los grupos de presión involucrados en el negocio de las infraestructuras.

-¿La recuperación económica y la salida de la crisis podría ser diferente sin el lastre de la corrupción en los países del Sur y en el caso de España?

Sin duda, la corrupción está afectando a los componentes de salida de la crisis, como son el consumo, la inversión y las exportaciones. Las actividades corruptas al ser improductivas no crean empleo ni ayudan a paliar la enorme tasa de desempleo (27%, más de seis millones de parados), con lo que no se reactiva la capacidad adquisitiva ni el consumo de las familias.

Además, absorben fondos en detrimento de la inversión pública y privada. Y no estimulan el comercio exterior porque los corruptores viven de las subvenciones, los beneficios de monopolio y las regulaciones a medida; y no de su capacidad competitiva y de la generación de valor añadido, que son fundamentales para la presencia de España en los mercados exteriores.

-¿Cómo se encuentra actualmente la Marca España? ¿Cómo puede afectar a la confianza hacia España y qué falta por hacer para mejorar la imagen? ¿Algunas sugerencias sobre lo que urge en España para sanear el sistema?

Está claro, la imagen de España es manifiestamente mejorable. Y es cierto que la corrupción afecta a la confianza, porque disuade a la inversión extranjera al hacer menos transparente y accesible el entorno económico y el laberinto burocrático de las administraciones.

El saneamiento del sistema es posible con políticas anti-corrupción basadas en una fuerte voluntad política que cree en la calidad de las instituciones, la rendición de cuentas, la existencia de un poder judicial independiente, la persecución y el castigo de los responsables.

Asimismo, hay que avanzar urgentemente en la transparencia financiera de los partidos políticos, la eliminación de los privilegios judiciales de los aforados, la protección máxima de los denunciantes de presuntos delitos, la dimisión inmediata de los responsables políticos (es escandaloso que a fecha de hoy no haya dimitido ningún cargo de alto nivel por el caso Bárcenas), y la creación de mecanismos institucionales que impidan la existencia de redes clientelares.