José María Mella
Catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid y miembro de la asociación econoNuestra

La reciente aprobación del gobierno de la llamada "tarifa plana" de 100 euros al mes en las cotizaciones empresariales por contingencias comunes (enfermedades y pensiones) para todos los nuevos contratos indefinidos plantea al menos tres cuestiones de interés: si servirá para crear empleo, si beneficiará sólo al empresario o también al trabajador, y si puede tener efectos positivos para el conjunto de la economía.

En primer lugar, desde el punto de vista de la creación de empleo, la medida  suscita serias dudas sobre su eficacia.  Porque la razón principal para que un empresario contrate a un nuevo trabajador es que tenga más pedidos y más clientela. En este caso, contratará a más trabajadores para elevar la producción y responder al aumento de la demanda, si con la plantilla actual no es suficiente.

Pero ese aumento de la demanda no acaba de llegar. La situación presente es de muy bajo consumo e  inversión, aparte de las dificultades con las exportaciones. Por lo tanto, lo que se necesita es activar el consumo, la inversión y las exportaciones, para dinamizar el mercado y que las empresas puedan empezar a contratar a más empleados. Pero de esto nada dice el gobierno.

Es evidente que los empresarios, aunque tengan que pagar menos a la Seguridad Social, no contratan a más empleados, si no los necesitan, porque el mercado está parado.

Además, la llamada "tarifa plana" puede ser una amenaza para la estabilidad en el empleo. Con esta medida, el Gobierno está  propiciando que, por un lado, el empresario pueda sustituir empleados antiguos por otros nuevos,  a costes inferiores, debido a que sus cotizaciones a la Seguridad Social son menores (sustitución realizable con sólo esperar un mes, porque el cálculo del incremento de empleo neto se hace sobre los treinta días anteriores a la celebración del contrato, según el Real Decreto-ley 3/2014, de 28 de febrero, artículo 1.2.c). Y está introduciendo un factor de inseguridad en el nivel de empleo total, pues se limita (artículo 1.2.d del citado Decreto) a  examinarlo  cada doce meses, sin  saber lo que haya podido pasar durante todo ese año con las variaciones del número de trabajadores temporales.

Por otro lado, tal medida está promoviendo un contrato temporal de mayor duración, porque al empresario sólo se le exige mantener contratado al trabajador como máximo tres años.

Tampoco es una garantía de que los empresarios, que se beneficien de la medida, no puedan despedir. Porque no se tiene en cuenta a los despidos individuales por causas objetivas (económicas, organizativas o técnicas), con lo que también podrá haber despidos y reducciones del empleo neto tras los nuevos contratos sin que ello implique la pérdida de las ayudas.

En realidad, esta medida es asimismo el reconocimiento implícito del fracaso de la Reforma Laboral de 2012.  Pues si esta última, según alardean sin razón los portavoces oficiales,  está siendo un éxito,  para qué nuevas medidas. No se entiende.

En segundo lugar, es obvio que el empresario se verá beneficiado al suponer un ahorro importante para el empleador, que —según estimaciones del propio Ministerio de Empleo para un sueldo bruto medio anual de 20.000 euros— puede ascender a 3.520 euros anuales de cotización a la Seguridad Social.

Es decir, durante los dos años de duración de la medida, el ahorro empresarial  será como mínimo de 7000 euros por empleado, lo que se traducirá en una reducción de ingresos por el mismo importe para la Seguridad Social por cada trabajador contratado. Realmente,  el gobierno está provocando una transferencia de recursos de los pensionistas y los trabajadores a los empresarios, sin haber hecho un cálculo de los beneficios (más que dudosos, ya lo he dicho) en términos de generación de empleo.

Una medida parecida a ésta, aunque de menor amplitud, adoptada en la Reforma Laboral de 2012,  consistía en la bonificación para las empresas que utilizaran el Contrato de Emprendedores; pero,  dos años después, no ha dado resultado  ni en términos de contratación indefinida ni de creación de empleo.

Es una medida además socialmente injusta porque, al aplicarse a todos los contratados indefinidos por igual, el coste para la Seguridad Social será el mismo tanto para los que ganan el salario mínimo como para los que ganan tres, cuatro, cinco o seis veces más.

Por último, el conjunto de la economía se verá perjudicada. Es un coste considerable para las arcas  públicas (según estimaciones oficiales, del orden de 4.000 millones de euros en total) máxime cuando están con cifras de déficit y deuda fuera de control y con graves problemas —en opinión del gobierno— de sostenibilidad financiera del sistema de Seguridad Social y de pensiones.

Y comportará un incremento del margen de beneficio empresarial, pero sin efectos sobre la inversión, pues lo que está sucediendo actualmente es que los beneficios se distribuyen a los accionistas sin que se reinviertan productivamente en las empresas. Ni sobre el incremento de contratos. De hecho, las compañías del IBEX 35 con fuertes beneficios siguen disminuyendo plantillas por segundo año consecutivo.

En fin, los que mandan en este país no quieren darse cuenta que el problema de la economía española no es de costes laborales (de hecho están bajando y, en mayor medida de lo que se pensaba, como acaba de confirmar el Banco de España), sino de falta de actividad y de demanda. Y por mucho que se rebajen los costes a las empresas, éstas  no podrán ponerse de nuevo en marcha si el mercado no se reactiva.