EconoNuestra

Más o menos Europa: realismo frente a idealismos

Ignacio Muro Benayas
Economistas frente a la crisis

La Unión Europea fue y es la primera experiencia singular de transferencia voluntaria de poder democrático hacia una instancia superior y una gran esperanza para todas las naciones del mundo, que deseaban ejercer un contrapoder político al ejercicio de la ley del más fuerte. Pero hoy ese proyecto se encuentra desnaturalizado.

¿Pueden los países del sur defender hoy sus intereses mejor fuera de la UE que dentro? Necesitamos, sin duda, más de otra Europa y menos de "ésta" pero no basta con plantear objetivos ideales para que estos se puedan cumplir. Hay que combatir el idealismo de los que al describir como deben ser las cosas nos hacen soñar con que acabaremos en esa dirección. No es así, en absoluto es así. Pero también hay que combatir el idealismo de los que creen que hoy la resistencia ante el capital es mejor construirla desde la trinchera del estado nacional, que "fuera hace menos frío". La realidad es que una legalidad supranacional construida a partir de  acuerdos y convenios interestatales de obligado cumplimiento, privilegian los derechos del inversor sobre los del ciudadano y van construyendo una maraña de intereses que hace muy difícil organizar las resistencias.

Es evidente que estamos en un periodo en el que los ciudadanos están especialmente indefensos ante los poderes económicos. En ese contexto, identificar los pros y contras es esencial para orientar el pensamiento estratégico de las izquierdas periféricas, o mejor, de las izquierdas que aspiran a la centralidad de los países periféricos.

Europa: la desnaturalización de un proyecto

Mientras en las últimas décadas del siglo pasado la solución europea se presentaba como sólida y la única posible, la crisis actual ha convertido a Europa en un avispero y en el centro del problema. Europa representaba entonces dos cosas: una integración voluntaria hacia espacios soberanos de mayor tamaño y un modelo social basados en sólidos consensos entre el capital y el trabajo. Hoy lleva camino de no representar ninguna de las dos.

Aquel club de países voluntarios que defendía un poder institucionalizado y que caminaba desde el consenso hacia la ponderación de cada país, medido en número de votos, capaz de reconocer los desequilibrios del proceso y ofrecer compensaciones a los más débiles (los fondos de cohesión y territoriales), se desliza peligrosamente al terreno de "lo fáctico", hacia la construcción de una Europa alemana, que impone sus soluciones unilaterales favorables a los acreedores mientras congela el presupuesto y debilita los esquemas compensatorios. Lo que era transferencia voluntaria de soberanía se parece demasiado a una "imposición externa" que homogeniza soluciones tratando como homogéneos (meros deudores), casos disímiles. Lejos de ser una solución única, atractiva e integradora se parece demasiado a la impuesta bajo el imperio romano, los Austrias o a la unión napoleónica.

Retomar la senda de la institucionalización de los equilibrios es imprescindible para que la UE nos siga siendo útil como instrumento de progreso social a los países del sur. Esta legislatura es probablemente, casi la última oportunidad para modificar la ruta. Y esa oportunidad solo podrá surgir desde una gran conmoción, una gran crisis que aconseje cambiar el rumbo.

Crisis de deuda, crisis de confianza

Probablemente en el centro de esa futura conmoción estará el problema de la deuda.

Empieza a ser innegable que, por encima de las políticas de ajuste, la carga de la deuda  público-privada es, en los países del Sur, la pieza que hoy bloquea el arranque de la economía productiva y que su única solución (quita mas reestructuración de vencimientos) choca con los (des)equilibrios de poder y la ruptura de consensos en una Europa polarizada entre deudores y acreedores.

Paradójicamente es este es único caso en que la UE se aleja de la lógica y los principios mercantiles. Si cualquier concurso de acreedores conlleva un pacto deudor-acreedor con aplazamientos y quitas para asegurar la capacidad efectiva de pago del deudor, es porque se reconoce el principio del riesgo compartido omnipresente en toda operación financiera. Y también porque es la única solución lógica que permite la supervivencia de unos y otros. Sin embargo, ese principio natural se les niega a los países periféricos: aunque estén al borde de la suspensión de pagos, o de la insolvencia, no pueden aspirar a una quita sobre la deuda. Están condenados a asumir todo el peso de la reestructuración aunque el ajuste social sin límite les instale en una depresión del consumo que lastre el desarrollo de la propia UE.

Con esas reglas no hay juego (democrático) posible porque consagraría una Europa que lejos de propugnar la convergencia económica y social como objetivo, sería fuente esencial de asimetrías. Y, sin embargo esa es precisamente la tendencia dominante.

Libertad económica de movimientos: fuente de asimetrías y concentración de riqueza

La libertad de comercio, de capitales o del trabajo no trae progreso social. Esa tesis es falsa cuando las libertades de unos pocos determinan una agenda que pospone siempre las medidas que favorecen los derechos de la mayoría. Hace tiempo que Europa declinó defender en la OMC medidas contra el dumping social, el derecho a condicionar la libertad de movimientos de capitales y mercancías cuando el competidor no comparte las mismas reglas democráticas y sociales. Peor que eso. La UE ha interiorizado las ventajas del dumping social mediante la Directiva de Trabajadores Desplazados que facilita que trabajadores polacos o españoles trabajen en Francia o Suiza con arreglo a convenios de sus países de origen, sin atenerse a las normas vigentes en los países de destino.

¿Por qué lo hacen? Porque lo que quieren es facilitar un tipo de libertad de movimientos del trabajo que universalice a toda Europa la devaluación salarial de los países periféricos. Y, al tiempo, facilite una transferencia de riqueza que favorezca al centro. Así es. Por cada 100.000 de nuestros ingenieros, informáticos, economistas... empujados al exilio económico significa una transferencia de capital humano valorada en 5.000 millones de euros, un 0,5% del PIB. Eso si solo contamos el coste de formarlos en nuestras universidades y con nuestros impuestos (los de los parásitos del sur) porque, si contáramos el coste de oportunidad de no tenerlos aquí (menos ahorro, menos consumo, menos innovación)  podríamos duplicar fácilmente esa cifra.

¿Quién sacará partido de la salida de la crisis cuando nuestros mejores profesionales se han desplazado allí para sobrevivir? El entramado actual consagra una Europa real de "dos velocidades", con una distribución de recursos que favorecerá la recuperación del centro a través de programas financiados con fondos compartidos, mientras la periferia es obligada a asumir íntegramente su "pasado oneroso" sin poder contar con las transferencias de renta que homogenizan los derechos por pertenecer al mismo club.

¿Es solo libertad de movimientos? Es mucho más que eso. El virage dado por la UE en la última década no es ya liberalizador ni representa el triunfo de las libertades económicas sin reglas, sino la imposición de una regulación (bancaria, energía, trabajo...) que favorece al poder financiero y la lógica de las grandes corporaciones. Esa es la esencia de la última experiencia europea y es esa dimensión reguladora la que pone en primer plano la política en su relación con la economía. Lo que está ocurriendo es que el entramado institucional europeo, con su sabia combinación entre impulsos reguladores/desreguladores, es extremadamente eficaz al favorecer los desequilibrios deseados.

En un debate público de Economistas Frente a la Crisis, un asistente pregunta a la mesa si estaríamos mejor defendidos del oligopolio energético si las competencias regulatorias estuvieran en la UE. La respuesta de Jorge Fabra fue contundente: hoy el poder del lobby eléctrico es mayor en Bruselas que en Madrid. Pero puede que no sea un accidente. Si lo que está ocurriendo es que los lobbies han tomado las instituciones europeas es porque están construidas para que la voluntad ciudadana no encuentre resquicios para expresarse.

Esa es la realidad. La apuesta por una lógica federal en la UE (más presupuesto, más transferencias compensatorias de renta) queda sistemáticamente fuera de la agenda de las instituciones europeas, contaminadas por los poderes fácticos centrales.

El contrapoder judicial, el único contrapeso

¿Debe la izquierda favorecer entonces el alejamiento o la salida de Europa? No tan rápido, aunque esta legislatura puede ser determinante para madurar una estrategia de autonomía.

En ese camino, las fuerzas democráticas deben saber sacar partido de la naturaleza del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que es distinta a la de un tribunal internacional. Es el garante de un ordenamiento jurídico propio, la fuente de un derecho compartido por la Unión cuyo poder emana de la cesión voluntaria de soberanía de los Estados, que acepta recursos tanto de estos como de particulares y dicta sentencias de carácter vinculante.

Hoy, el único contrapoder democrático efectivo (y no es poco) en la UE lo constituye ese poder judicial. En menos de un año el Tribunal de Luxemburgo ha dictado varias sentencias, todas ellas beneficiosas para los ciudadanos. La más conocida ha concedido una sonora victoria al PAH al dictaminar que la legislación española sobre ejecuciones hipotecarias y desahucios contraviene lo indicado en las directivas de la UE. Pero ha habido otras que han impedido retrocesos: el derecho a disfrutar y no perder las vacaciones cuando éstas coinciden con períodos de baja médica; la obligación de computar las cotizaciones de los contratos a tiempo parcial de forma no discriminatoria;  la obligación  a tener presente las cotizaciones de trabajadores inmigrantes realizadas en otro país de la UE.  Previsiblemente, en Luxemburgo está  la última línea de resistencia legal que ponga límites al poder absoluto de los empresarios para ejercer el monopolio del poder y el despido libre sin controles.

Con todas sus debilidades quizás Europa esté en condiciones de seguir marcando el rumbo.  El problema compartido con todos los ciudadanos del mundo es cómo organizar las resistencias contra el poder omnímodo del capital.