Opinion · EconoNuestra

La gran estafa eléctrica: datos y propuestas

Álvaro Gaertner Aranda
Estudiante de Ingeniería Física en la Carl von Ossietzky Universität Oldenburg (Alemania), miembro del grupo Nuevo Modelo Energético del Círculo 3E de Podemos  

Fernando Prieto
Coautor del Informe de Evaluación del Plan de Energías Renovables en España (Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas), miembro del grupo Nuevo Modelo Energético del Círculo 3E de Podemos  

Pese a la última reforma del Gobierno, el mercado eléctrico español sigue sin funcionar. Estas semanas pasadas hemos conocido la subida del 11% del precio de la luz en el tercer trimestre. Esa subida no hará más que agravar el problema de pobreza energética, que en el último invierno se cifró en unos 3 millones de familias, un 15% del total, y supondrá un sobrecoste para todos los consumidores, que ya pagan una de las energías más caras de Europa. Incluso Competencia piensa que el sistema de fijación de precios es equivocado. El sistema de precios se ha indexado en función de la meteorología, y según haya viento o agua disponibles los usuarios pagan más o menos, lo que induce una gran inestabilidad que afecta de manera notable a las empresas y los ciudadanos.

El Gobierno ha fracasado, y lo ha hecho por su falta de voluntad para guiarse por criterios técnicos y científicos que busquen el bien común, y por su absoluta sumisión a las eléctricas, que controlan por completo la política energética del país. Las puertas giratorias siguen funcionando: exministros, expresidentes y altos cargos pasan de la política a las eléctricas mientras mantienen sus posiciones en los partidos. El último episodio de esa sumisión es la indemnización al almacén Castor, que el PP, con el beneplácito del PSOE, ha aprobado recientemente. Según la OCU, esa decisión nos costará a todos los españoles 4.731 millones de euros durante los próximos 30 años.

Desde que el PP aprobó la Ley del Sector Eléctrico en 1997, los españoles hemos estado pagando más de lo que deberíamos pagar en la factura de la luz. El mecanismo de fijación de precios consignado en esa ley, el pool, ha provocado que estemos pagando la energía producida por centrales amortizadas, como nucleares o hidroeléctricas, a precio de la energía más cara, el gas. Estos “windfall profits”, o beneficios caídos del cielo, se pueden cifrar en unos 3.000 millones de euros anuales, según estimaciones del Observatorio Crítico de la Energía. A ese sobrecoste hay que añadir las subvenciones encubiertas de 750 millones a la gran industria —que abonamos en la factura a causa de la interrumpibilidad—, el pago del déficit de tarifa —que supone entre 1.300 y 3.000 millones—, las subvenciones al carbón, el sobrecoste evitable en los sistemas extrapeninsulares o los pagos por capacidad a las centrales de gas.

Por todos esos conceptos se estima que los españoles pagamos en nuestra factura unos 6.000 millones de euros anuales más de lo que deberíamos. Estos sobrecostes hacen que las eléctricas españolas doblen los márgenes de beneficios de sus homólogas europeas, con un 6,78% en 2012 frente al 2,62%. Eso explica, a su vez, el interés de las grandes multinacionales energéticas por las eléctricas españolas, que hasta ahora se ha materializado en la compra del 100% de Endesa por parte de Enel —una  operación que tuvo el beneplácito del Gobierno de Zapatero—, o los fondos de Qatar en Iberdrola.

Por otra parte, se cifran en 40.000 millones de euros las importaciones energéticas, lo que supone todo un lastre para nuestra economía. España tiene una dependencia energética, cifrada en un 75%, una de las más altas de los grandes países europeos. El Estado, en lugar de estimular la eficiencia energética y el ahorro —lo que mejorarían la competitividad y la sostenibilidad del sistema—, toma medidas que favorecen el consumo y el derroche de energía, como sucede con las tarifas planas o con el aumento del precio de la potencia respecto al consumo.

Por estas razones pensamos que es hora de acabar con las puertas giratorias y optar por un futuro sostenible en la energía. Si tomamos en consideración las mejoras técnicas y científicas disponibles, y la experiencia de otros países, no hay duda de que las medidas a adoptar han de diferir sustancialmente de las hasta ahora aplicadas. Dicho de otro modo, si lo que se busca es el bien común (en lugar de la defensa de intereses minoritarios) serán necesarias nuevas propuestas y una nueva forma de afrontar la situación actual. Algunas de las propuestas posibles —y necesarias— se articulan en torno a las siguientes ideas:

– Es prioritario abordar una profunda reforma del mercado eléctrico, basada en un cambio del sistema de pool actual por el sistema que regía hasta 1997, donde el Estado auditaba los costes de la producción y fijaba los precios, o bien, por un sistema de subastas de potencia para cada una de las tecnologías, que incluya en ellos las externalidades de cada fuente de energía y ponga fin a las prácticas oligopólicas que hoy rigen el mercado. Hay que acabar con los pagos por capacidad y de interrumpibilidad. Solo adaptar la idea de “rentabilidad razonable” (de un 7,6% medio), aplicada ya por el Gobierno de manera interesada y única a las renovables, al conjunto de las tecnologías —adecuándola al coste de producción de cada tecnología—  acabaría con los “windfall profits” que en la actualidad siguen disfrutando las hidroeléctricas y las nucleares con sus instalaciones ya plenamente amortizadas. Se estima que con estas medidas se podría conseguir un ahorro de unos 6.000 millones anuales, que dejarían de cobrar las eléctricas y permitirían bajar el precio de la electricidad, impulsar la instalación de energías renovables, potenciar el autoconsumo y acabar con la pobreza energética.

– Urge solucionar el problema del déficit de tarifa. Pese al enorme sobrecoste que el sistema eléctrico tiene para todos los consumidores y a pesar de los enormes beneficios de las eléctricas, éstas sostienen que se les debe pagar más. Por supuesto, esas cantidades no han sido auditadas, ni proceden de ningún tipo de estudio científico, sino más bien de un “deseo de cobro” de las propias empresas eléctricas, admitido sin rechistar por los gobiernos de turno. La cifra ya alcanza los 30.000 millones de euros y en 2014 sigue sin control. Para afrontar la situación, debe realizarse, en primer lugar, una auditoría que determine qué parte de dichas cifras de déficit es ilegítima. Esa parte no se pagaría.

– Es indispensable diseñar y poner en funcionamiento un plan potente de eficiencia energética, a imagen del que está llevando a cabo Alemania a través del plan KfW-Effizienzhaus, que ha conseguido crear cientos de miles de empleos, rehabilitar 200.000 viviendas antiguas y construir 80.000 nuevas viviendas eficientes —con una inversión en créditos y ayudas por parte del Estado de 1.500 millones de euros—. El secreto de estos excelentes resultados está en que, al ser la eficiencia energética tan rentable, por cada euro que invierte el Estado se movilizan nueve euros privados. Según la OCE, un plan de estas características en España podría llegar a crear 300.000 puestos de trabajo.

– Es necesario plantear una apuesta decidida por las energías renovables basadas en la I+D+i y en la industria nacional, que permita crear empleo y generar valor añadido. El Gobierno estableció una moratoria a la instalación de energías renovables en 2012, modificando la legislación retroactivamente y generando una gran inseguridad jurídica sobre los compromisos del Gobierno con cualquier sector. Eso ha derivado en miles de reclamaciones judiciales y en un problema serio de credibilidad de la propia “marca España”. Además, está la amenaza al sector del autoconsumo de un impuesto al sol disuasorio, lo que ha llevado a la paralización y el desmantelamiento de la industria del sector. Por ejemplo, ISOFOTON, la única empresa productora de células solares con tecnología propia, acaba de ser cerrada y subastada por partes. Frente a la situación actual es posible diseñar un programa de apoyo a las renovables basado en criterios de eficiencia y eficacia, y cofinanciado con los ahorros generados por la reforma del mercado eléctrico, la inversión privada y los Presupuestos del Estado. Ese programa también contribuiría a reducir las emisiones de CO2 —con sus costos asociados en el mercado—, y aliviaría el déficit comercial y las necesidades de financiación exterior de la economía española.

– Sin pretensión de agotar aquí la lista de propuestas, hace falta una normativa que impulse el autoconsumo, la energía distribuida y el balance neto —a semejanza de lo que ya existen en territorios más avanzados, como California (un millón de tejados solares), Alemania (otro millón) o Australia (medio millón)—, potenciando y permitiendo placas solares fotovoltaicas y de agua caliente sanitaria, tanto en tejados públicos y comunitarios como de naves industriales y particulares. En las condiciones actuales, las empresas coinciden en señalar que las instalaciones de autoconsumo se amortizan en 5 ó 7 años y que el balance neto permitiría reducir más el periodo de amortización y los costes asociados. Con ello, podría movilizarse un gran volumen de inversión privada hacia el autoconsumo, dinamizando la actividad en el sector y facilitando la creación de unos 80.000 empleos directos, según CCOO.

Todas estas medidas permitirían volver a tener una planificación de la política energética digna de tal nombre, basada en la eficiencia, que permitiese el ahorro, generase empleo y garantizara el cumplimiento de los escenarios a largo plazo de la UE, la OCDE, la International Energy Agency y los informes del IPPC, reduciendo las emisiones de CO2, además de potenciar las energías renovables, que nadie duda que son el futuro.

Las propuestas planteadas en este breve texto coindicen con lo que la UE ha acordado, por decisión unánime en octubre de 2014: un recorte del 40% en las emisiones de CO2 para 2030, una cuota de renovables del 27% y un objetivo del 25% de eficiencia energética con el propósito final de reducir la dependencia energética (sobre todo por la inseguridad derivada de las crisis de Oriente Medio y Ucrania).

Los ciudadanos y las industrias no podemos seguir atónitos ante el espectáculo que ofrecen el sector eléctrico y nuestras administraciones públicas. Esa equivocada política energética no está en la línea de Europa, es contraria al bien común, solo beneficia a algunas compañías eléctricas, y condena a todos los españoles que pueden permitírselo a pagar las tarifas más caras de la Europa continental. También condena a quienes tienen menos recursos económicos a vivir sin luz y a pasar frío en invierno: es solo una consecuencia más, aunque sin duda importante, de la creciente desigualdad que vivimos.

Por ello, pensamos que para acabar con los problemas de nuestro sistema eléctrico —como disminuir la dependencia energética, contener y hacer desaparecer el déficit de tarifa, aumentar la competitividad, potenciar la industria nacional, crear empleo y evitar la pobreza energética— hace falta un Gobierno libre de las ataduras de las puertas giratorias, que se comprometa a prohibirlas y que apueste por la eficiencia energética, por una reforma del mercado eléctrico y por potenciar las energías renovables.

Einstein decía: “Los problemas no se pueden solucionar en el mismo nivel de conciencia en el que fueron creados”. En este caso, podemos decir que quienes han ocasionado y siguen siendo responsables de esta gran estafa colectiva no están capacitados para aportar soluciones útiles y convenientes para todos. Un nuevo Gobierno, formado por responsables de otros partidos distintos a los que hasta ahora han gobernado, tendrá que adoptar las medidas necesarias para acabar con esta situación. Es nuestra obligación tenerlo presente, porque podemos y debemos participar en esos cambios.

El ministro del ramo, debido a su obstinada y manifiesta incompetencia para controlar el déficit de tarifa y los precios de la energía, y debido también a su falta de voluntad y a su incapacidad para solucionar el cierre del almacén Castor de manera no perjudicial para los ciudadanos, tendrá que seguir el camino que ha emprendido su colega Ruiz-Gallardón. El señor Soria tendrá que abortar las dañinas reformas en curso —como la instauración de peajes al sol— y dimitir.