José Antonio Nieto Solís
Profesor titular de Economía Aplicada (Universidad Complutense de Madrid)  

De esta recesión en forma de túnel hacia el Averno se libran muy pocos. Está minando la moral de casi todos. De hecho, cada vez hablamos menos de los recortes. Damos por sentado que donde se aplicaron no volverán a florecer brotes de ningún color. Parece que hemos asumido que las políticas públicas en favor del bienestar social forman parte del pasado. Lamentablemente, ese diagnóstico afecta de lleno a la enseñanza y a las universidades públicas. Y se ha acentuado con la precariedad, el paro y la falta de expectativas para los jóvenes y los menos jóvenes.

Las tijeras actúan por el lado de los ingresos y de los gastos. Nadie parece interesado en promover una mayor equidad en la recaudación. Y los recortes se han cebado con las políticas sociales. El resultado está claro: aumentan las disparidades, se diluye la idea del bienestar colectivo, y se cercenan las políticas públicas en pro de la igualdad de oportunidades. Un ejemplo de ello es la desatención a los programas de movilidad académica en España y en gran parte de Europa, con el sorprendente beneplácito o la inacción de las instituciones de la UE.

Erasmus y el objetivo de favorecer la movilidad

Favorecer la movilidad de los estudiantes en Europa parecía un objetivo compartido por todos. La movilidad era útil para estimular la convergencia de los sistemas educativos, mejorar los conocimientos lingüísticos, fortalecer la construcción europea y ofrecer a los ciudadanos algún resultado tangible de tantos años de integración... y también para abrir mentes, conocer otros países y personas, y disfrutar de unos meses de experiencia vital fuera del entorno familiar habitual.

El programa Erasmus nació con esos propósitos. Después se intentó reforzar como instrumento de apoyo a la construcción del Espacio Europeo de Educación Superior. Fue un intento fallido, por muchos motivos, entre ellos la falta de recursos. Y eso se hizo más evidente cuando las restricciones presupuestarias sucumbieron ante el planteamiento nuclear del pensamiento dominante: recortar lo superfluo, ¡como la educación pública!, para afianzar "lo básico", como el sector financiero privado.

Pese a todo, España sigue estando en la primera línea de los países que más estudiantes erasmus reciben y envían. Para las familias de renta media las becas erasmus representan una ayuda importante, aunque su cuantía solo cubre una porción cada vez menor del gasto real que supone estudiar en otro país. Las becas son un estímulo para la movilidad y la apertura de los sistemas educativos, y un paso hacia la igualdad de oportunidades, aunque claramente insuficiente y manifiestamente mejorable.

De hecho, los intercambios erasmus apenas han crecido en los últimos años, la movilidad no se ha instalado como un objetivo importante de la vida universitaria, y —sobre todo— se discrimina a los alumnos de las familias con rentas más bajas, en la medida en que carecen de recursos para completar las ayudas existentes. Esa discriminación se ha hecho más visible con la crisis, los recortes en educación y becas, y la creciente dificultad para la movilidad académica en la UE.

El reto está en la internacionalización

Pero el reto ya no está solo en los intercambios erasmus, sino en ampliar y mejorar la movilidad con universidades de otras naciones, además de las europeas. El reto está en la internacionalización: en abrir las universidades —y los centros educativos no universitarios— a la movilidad y el intercambio con todo el mundo, lo cual es impensable sin mejorar los niveles de calidad. Y eso no depende solo de la voluntad de la legislación nacional y europea, sino de los recursos (financieros y no financieros) que estemos dispuestos a invertir y desarrollar en un sistema educativo, cuyo funcionamiento se encuentra necesariamente vinculado a las políticas públicas. A unas políticas públicas que no deberían confundir inversiones con gastos, aunque eso parezca casi un sueño en el actual contexto de austeridad exagerada y mal entendida. Un contexto en el que se están diluyendo los pilares del bienestar colectivo, como la sanidad y la educación, mientras se acentúa la concentración de la riqueza.

El reto de la internacionalización está también en la predisposición a enviar estudiantes y profesores a otras universidades, algo que no puede estar condicionado por la necesidad de huir de este país, o por la capacidad para financiar estancias en el extranjero, sino que debería formar parte en una "estrategia" de política educativa, de política de desarrollo y de política exterior. Tendría que ser una apuesta científica y social, además de lingüística. Una apuesta que ayude a mejorar el funcionamiento del sistema educativo, que contribuya a facilitar y extender el conocimiento de otras lenguas, y que no se contente con atribuir a nuestro idioma común el papel de mascarón de proa de la presencia de España en el mundo. Eso no supone quitarle un ápice de importancia ni a la lengua de Cervantes ni al impacto favorable del "factor ñ" sobre el desarrollo económico y social.

La internacionalización es útil para mejorar los resultados docentes, más aún en un país que todavía sufre las consecuencias del bajo nivel de apertura al exterior que tuvo en décadas pasadas. Y el aprendizaje de idiomas es fundamental para la educación, aunque los idiomas no deberían ser el criterio casi exclusivo para fomentar la movilidad académica. A no ser que se desprecien los planteamientos de "Educación Internacional" que desde hace años están aplicando otros países desarrollados, donde la movilidad tiende a formar parte integral del sistema educativo por razones lingüísticas, pero también culturales, sociales, económicas y estratégicas. Además, por razones de eficiencia, equidad y visión de futuro, algo difícil de articular si no hay voluntad política, claridad de ideas y, sobre todo, diálogo y consenso en el ámbito educativo. Consenso, eso sí, que no puede brotar del aire, sino de la necesidad de asentar un modelo educativo que convierta la igualdad de oportunidades en una herramienta más para combatir las desigualdades sociales.

En España hay pocos estudiantes extranjeros

Si hablamos de internacionalización, aún falta mucho camino por recorrer en las universidades y en la sociedad española. Como ilustración, puede compararse el escaso peso relativo que tienen en España los estudiantes internacionales, frente a su mayor importancia en otros países de la UE. Los datos de la UNESCO también lo corroboran, y convierten en meros buenos propósitos los objetivos de la UE para los próximos años.

La situación española es todavía más compleja si consideramos los bajos niveles de especialización, la falta de estímulos para combatir las rigideces internas existentes, y las servidumbres que impone la diseminación geográfica de nuestras universidades. A modo de resumen, el gráfico adjunto (de G. Mazzolini y E. Zaurino) muestra cómo nuestro país apenas está abierto al proceso de movilidad académica e internacionalización educativa.

Las cifras de estudiantes extranjeros son muy bajas en España, comparadas con el número total de nuestros alumnos. Y la apertura al exterior es más lenta que otros países, tanto en el número de alumnos recibidos como en el de enviados. Además, como tónica general, las cifras de intercambios erasmus se han mantenido relativamente estables en los últimos años, no solo en nuestro país.

Aunque en ciertos casos la concentración de estudiantes extranjeros haga pensar a algunos lo contrario, la internacionalización de las universidades españolas está en mantillas. Como tantas otras cosas. Y los recortes han empeorado la situación de la educación, y siguen deteriorando el contexto económico y social en España y en la UE.

Criterios y mecanismos en favor de la educación internacional

Otro debate paralelo es en qué condiciones los estudiantes internacionales pueden o deben acceder a nuestras universidades. Se cuestiona a veces el nivel lingüístico de los asiáticos, que los alumnos de países desarrollados accedan con matrículas "relativamente" baratas a nuestro sistema público de enseñanza, que vengan menos latinoamericanos porque ya no hay becas, o que unos y otros "desplacen" a estudiantes españoles. Y se identifica la apertura académica con el escaso estímulo de los programas actualmente existentes. Pero eso es insuficiente.

Tendríamos que reflexionar más sobre los "criterios y mecanismos" necesarios para fomentar y aprovechar al máximo las ventajas que ofrece la educación internacional. No hacerlo —como ya sucede en distintas universidades españolas— supone dejar a la improvisación la llegada de estudiantes extranjeros. Y ello implica renunciar a mejorar los resultados potenciales, además de convertir la movilidad de alumnos y profesores españoles hacia otros países en algo solo accesible para quienes puedan financiarlo.

Habría que hablar más de calidad docente e investigadora, de incentivar la modernización de la estructura y el funcionamiento del sistema educativo, de estimular la internacionalización científica y académica en ambas direcciones, y de un modelo de financiación que evite la discriminación social. Pero todo eso será irrealizable sin dar prioridad a la educación pública, y —dentro de ella— a las universidades públicas como corolario de un sistema educativo que, desde su base, está huérfano de consensos y de visión a largo plazo, además de agonizante por asfixia presupuestaria.