Isabel Serra es miembro del consejo ciudadano de Podemos CAM y participa en Anticapitalistas
Mario Rísquez es miembro de econoNuestra

Grecia, un país económicamente pequeño dentro de la zona euro, se ha convertido en un país de una magnitud política considerable a raíz de la victoria de Syriza en las últimas elecciones. Por poner algunos datos sobre la situación de grave crisis que atraviesa el país, hay que considerar que su PIB se ha contraído en torno al 25% desde el año 2008; la inversión productiva ha caído a la mitad en los últimos años; la tasa de desempleo se ha multiplicado por 3,5 veces, hasta alcanzar una cifra que ronda el 27% de paro; cerca del 36% de la población está en riesgo de pobreza y exclusión social, etc. Una situación que sume al país heleno en un estado de emergencia social.

Sin embargo, el problema de fondo, el que representa la otra cara de la moneda del drama social es la problemática de la deuda. En el año 2008, gran parte de la deuda estaba en manos de la banca privada europea, donde los principales tenedores de deuda eran bancos alemanes y franceses. En este sentido, el nivel de deuda como porcentaje del PIB griego se situaba en el 110%. Sin embargo, la deuda como porcentaje del PIB alcanza hoy en el país una cifra que ronda el 185%. A priori, se podría pensar que los dos rescates (2010 y 2012) pudieran haber beneficiado al país heleno, pero la quita de deuda no ha resultado efectiva, y casi la totalidad del dinero del rescate se ha dirigido directamente a los bancos griegos e internacionales y a otros titulares de bonos extranjeros. De este modo tenemos que, además de que el nivel de deuda ha aumentado considerablemente, hoy prácticamente el 70% de la deuda está en manos del Fondo Europeo de Estabilidad Financiera, ante el que responden en última instancia los Estados europeos.

Durante este periodo hemos asistido por tanto a un proceso de socialización de la deuda griega. Todo el proceso de dilatación en el tiempo de las negociaciones y el enquistamiento de las mismas a la hora de tratar de resolver la problemática de la deuda griega ha sido funcional a los intereses de los acreedores privados internacionales, principalmente por dos vías. Primero, estos acreedores han estado cobrando suculentos intereses fruto de los procesos especulativos que se han desarrollado sobre las deudas soberanas de algunos países de la periferia -en los últimos años prácticamente la mitad del déficit público griego ha ido destinado al pago de intereses de la deuda-; y segundo, esta prolongación en el tiempo de las negociaciones les ha servido para ir retirando posiciones del negocio de la deuda griega. Por tanto, la gestión de la crisis de deuda que se ha estado llevando a cabo desde que comenzó la crisis no solo no ha resuelto el problema del sobreendeudamiento griego, sino que lo ha agravado considerablemente.

Para entender esto hay que partir del hecho de que toda crisis de deuda es una disputa política; dada la situación de insolvencia del país, se trata de una disputa política por ver quién asume las pérdidas. De esta manera, además del análisis en torno a la viabilidad o no de poder seguir acometiendo los pagos de la deuda, hay que introducir en el mismo su dimensión política y social.

Hasta las pasadas elecciones, primero el gobierno formado por el PASOK, y posteriormente (a partir de 2012) por Nueva Democracia no ha supuesto un contrapoder efectivo en el proceso de renegociación de la deuda que en última instancia inclinara la balanza del lado de los intereses de la sociedad griega. Tras la victoria de Syriza el pasado 25 de enero de 2015, la correlación de fuerzas parece estar cambiando. Pese a que solo han transcurrido apenas unas semanas desde la toma de poder del nuevo ejecutivo, al menos la intencionalidad con que se encaran las negociaciones se ha transformado. Syriza ya manifestó no reconocer como interlocutor válido a la "troika" -alianza entre el FMI, el BCE y la Comisión Europea- en el proceso de renegociación de la deuda griega, cuya escisión podría derivar en una negociación donde el terreno de actores que forman parte de la misma esté algo menos desequilibrado, pues la presencia de la Troika en dicho proceso representa una sobreponderación de los intereses de los acreedores.

Al respecto, el 28 de febrero cumple el último tramo del segundo rescate griego, y habrá que ver cómo se desenvuelve Yanis Varoufakis, el nuevo ministro de finanzas y el principal encargado de llevar a cabo las negociaciones por parte del gobierno griego. En este sentido, la actitud del Consejo de Gobierno del BCE ante lo que podría resultar un marco de negociación favorable para los intereses griegos ha sido clara y contundente. Tras la puesta en marcha de la nueva política monetaria expansiva del BCE (QE: quantitative easing), éste ya ha anunciado que no aceptará como activos de garantía títulos que tengan una calificación crediticia por debajo de ´BBB-´ -este es el caso de los títulos de deuda griega-, pese a que el pasado día 22 de enero el propio BCE confirmó que haría una excepción –como ya ha ocurrido anteriormente con otros países sometidos a programas de la Troika-. Esta medida entró en vigor el pasado día 10 de febrero, un día antes de que tuviera lugar la reunión del Eurogrupo en la que se negociaría una prórroga de las ayudas griegas condicionadas, por supuesto, a seguir aplicando políticas de austeridad. De esta manera, los bancos griegos no pueden financiarse por este canal, sino que tienen que recurrir a una vía de financiación alternativa (ELA: emergency liquidity assistance), a unos tipos de interés más altos –todo ello en un contexto de fuga de depósitos que pueden avocar al sistema bancario griego a una crisis de liquidez-.

En todo caso, la crisis de deuda debe ser resuelta mediante una reestructuración de la deuda que resulte eficaz. Para ello debe producirse una quita que sea efectiva, esto es, que se produzca una reducción del nominal de deuda de una magnitud considerable. Para que en su conjunto la reestructuración resulte eficaz, tanto la quita, como la renegociación de las condiciones de pago (intereses, plazos, avales, etc.) de la deuda resultante deben favorecer la liberación de una serie de recursos que posibiliten al gobierno de Syriza el empleo de los mismos en reactivar la economía y revertir la situación de deterioro económico y social. El gobierno griego ya ha puesto sobre la mesa varías propuestas al respecto, entre otras, la reducción del superávit primario objetivo de Grecia del 3% del PIB exigido al 1,5% del PIB este año, la supresión del 30% de los compromisos adquiridos en el memorándum y un ‘programa puente’, o prórroga de las ayudas, de 6 meses a partir del 1 de marzo para ampliar el margen de tiempo de la negociación. Otra de las propuestas es la de realizar un canje de deuda griega, en el que no varíe el principal de la deuda, pero cuyo pago –principal más intereses- esté ligado al crecimiento económico del país.

La correlación de fuerzas dentro del país parece estar cambiando, reflejo de ello es que el primer sondeo realizado tras las elecciones otorgaría una representación aún más alta a Syriza –de 9 puntos porcentuales más que en los pasados comicios celebrados hace apenas 3 semanas-. No obstante, en el corto plazo el terreno de juego y el margen de maniobra del gobierno griego en Europa es muy estrecho. Ahora está por ver si el precario equilibrio político que caracteriza la Europa actual y que en los próximos meses puede verse alterado, permite alianzas de geometría variable que en última instancia amplifiquen al resto de Europa lo que en Grecia parece haber comenzado.