Opinión · EconoNuestra

Protección social regresiva y las consecuencias sociales de la crisis económica y financiera

Gregorio R. Cabrero
Universidad de Alcalá

El pasado día 24 de abril la Comisión Europea hizo público el “Documento de Trabajo de los Servicios de la Comisión, Informe sobre España 2015”,{COM(2015) 85 final} que, si bien no refleja la posición oficial de la Comisión Europea, es un indicador de la valoración que hacen sus servicios de análisis de diferentes indicadores económicos y sociales.

En lo que se refiere a los indicadores sociales el lector puede encontrar afirmaciones como las siguientes que cito textualmente: a) Los beneficios de la incipiente recuperación del empleo se han dejado sentir solo de forma marginal en los grupos más desfavorecidos, como son los jóvenes y las mujeres; b) los nuevos contratos, en particular a jóvenes, han soportado una parte importante del peso del ajuste, merced a la erosión de las rentas del trabajo; c) la pobreza en situación de empleo sigue afectando al 10,5 % de la población activa, especialmente a las mujeres, los trabajadores poco cualificados y los trabajadores temporales; d) el sistema de protección social sigue teniendo dificultades en términos de cobertura y de eficiencia y se aprecia que sus efectos redistributivos entre los diferentes grupos de renta son limitados; e) los efectos de la protección social en la reducción de la pobreza, en particular de la pobreza infantil, siguen siendo escasos en España (27,6 %, frente al 41,3 % para el conjunto de la UE en 2013); f) se ha avanzado poco de cara a garantizar un enfoque integrado entre la protección social y las estrategias de activación; g) y se ha avanzado poco en la mejora de la situación de los hogares de bajos ingresos con niños, pese a algunas iniciativas modestas.

Los indicadores de inclusión social de la página 97, no por conocidos, son menos instructivos para el lector. La lectura del informe pone de manifiesto el hecho evidente de que las políticas de austeridad aplicadas desde mitad de 2010 han tenido un impacto negativo en la estructura social de España, sobre todo a partir de 2012. Todos los indicadores sociales han empeorado hasta tal punto que la salida “macroeconómica” de la crisis no impedirá que la onda expansiva del impacto social alcance a los años venideros creando fallas sociales de difícil recomposición. En este sentido, las políticas sociales aplicadas constituyen un fracaso social sin que por ello podamos decir que las políticas económicas estén diseñando una salida de la crisis, económicamente eficiente y socialmente justa, es decir, una salida basada en la reindustrialización, mercados de trabajo estables y cualificados y un Estado de Bienestar con una elevada capacidad de redistribución de los recursos.

Más allá de las consecuencias sociales de las políticas aplicadas el informe mencionado no se pregunta si la baja eficacia de nuestro sistema de protección social puede estar suponiendo un cuestionamiento del Estado de Bienestar. Ni los servicios de la Comisión, ni la propia Comisión ni nuestro gobierno lo cuestionan. Todos defienden retóricamente el Estado de Bienestar cuando justamente la pregunta clave es si las políticas aplicadas no están erosionando de manera intensiva los fundamentos del Estado del Bienestar a medio plazo que, en el caso español, con un Estado de Bienestar históricamente tardío y de baja intensidad protectora, es especialmente preocupante.

El debate económico y político debe preguntarse, así, sí la actual fase regresiva del Estado de Bienestar en el Sur de Europa y, por tanto, en España, es un momento transitorio y superable o, si por el contrario, se están poniendo las bases de un mayor deterioro futuro.

Recordemos que la crisis del Estado de Bienestar es una crisis de largo alcance y acumulativa: en la década de los 80 del pasado siglo fue una crisis ideológica o de legitimación; en la década de los 90 la crisis se tradujo en una reestructuración y contención del Estado de Bienestar que, en el caso español, le hizo perder su capacidad redistributiva y de reducción de la desigualdad social; en la primera década de este siglo la crisis se tradujo en una selectiva y creciente privatización con períodos puntuales de expansión (caso de España con la ley de la dependencia y los servicios sociales); y en la presente década en un deterioro creciente que cuestiona su propia sostenibilidad futura y que confirmaría la afirmación ideológica interesada de que “el Estado de Bienestar no es sostenible” y, por tanto, el mercado y la familia deben asumir los riesgos sociales en base a la responsabilidad individual y no en base al principio de ciudadanía.

Cuatro crisis acumuladas, por tanto, que pueden transformar negativamente el Estado de Bienestar en la próxima década, la tercera de este siglo, justamente una década en la que España tendrá que afrontar no solo el efecto de largo plazo de las actuales desigualdades, con sus tensiones y conflictos sociales, sino además los problemas del envejecimiento de la población, la integración de la segunda generación de la población inmigrante y una amplia diversidad de demandas de integración de colectivos socialmente vulnerables en cuanto a educación y acceso al mercado de trabajo.

De ahí que la defensa del Estado de Bienestar no sea una simple defensa del statu quo sino la defensa de una institución que ha sido capaz de materializar los derechos sociales. Y si bien este conglomerado institucional que denominamos Estado de Bienestar es históricamente contingente no deja de constituir una pieza clave de la reforma social de los últimos sesenta años (en España un período histórico menor). Sus límites actuales no son sólo los que proceden de la pretendida insostenibilidad financiera del mismo, aunque sea una de sus manifestaciones, sino sobre todos los que proceden de la debilidad de sus fundamentos democráticos, que son los que hay que reconstruir en los años venideros.