José María Mella
Catedrático de Economía de la Universidad Autónoma de Madrid y miembro de econoNuestra

Los nuevos ayuntamientos se encuentran ante una salida de la crisis económica especialmente precaria, un reto ambiental de enorme calado como el del cambio climático y una exigencia urgente de fortalecimiento de la gobernanza local.

Una visión cabal de la salida de la crisis económica nos remite a los fundamentos de la misma que no son otros que una creciente desigualdad en la distribución de la renta, un funcionamiento expansivo del sistema financiero y un boom inmobiliario especulativo. Salida que se está viendo negativamente condicionada por la política de austeridad.
Sin olvidar, claro está, que la crisis en España ha venido acompañada muy en particular por una destrucción masiva de puestos de trabajo, un volumen de desempleo insostenible, una falta notoria de acceso a la vivienda, un déficit y un endeudamiento público todavía fuera de control y -más recientemente- por una creación de empleo insuficiente y de pobre calidad.

Por tanto, la primera prioridad de los ayuntamientos debería ser el estímulo de las condiciones más propicias para la generación de empleo digno. Ello lleva consigo la provisión de bienes públicos (equipamientos, infraestructuras, incentivos, buena administración) para la reindustrialización y la articulación de una base terciaria avanzada más amplia que la de la actividad inmobiliaria y turística.

Esa ampliación de la base productiva exigiría más facilidades para la constitución de empresas de mayor valor tecnológico, la cooperación entre emprendedores, y un empleo de mayor cualificación y remuneración.

Además, serán también prioritarias las políticas urbanas que no olviden a los barrios más abandonados, porque es allí donde las mejoras sociales en términos de equipamientos (educativos, sanitarios, de cuidados, culturales y deportivos), de oferta de viviendas y de renta son más necesarias para combatir la pobreza y fortalecer la inclusión social.

Por otra parte, el cambio climático es una realidad -el gran reto del siglo XXI- que exige la transición a una economía baja en carbono para llegar a un nivel de emisiones cero en el año 2050. Esta es la segunda prioridad que requiere estrategias de ahorro y eficiencia energética, la electrificación creciente de la demanda y la generación de electricidad con fuentes de energía renovable en plantas a pequeña escala para el autoconsumo.

En este sentido, los ayuntamientos deberán promover actuaciones en los ámbitos de la tecnología, el territorio y los estilos de vida de los ciudadanos. En el ámbito de la tecnología, deberían impulsar-por ejemplo- los vehículos eléctricos, el suministro de energías 100% renovables, las infraestructuras de sistemas de carga y recarga de baterías, la renovación de los sistemas de alumbrado público, la climatización de los edificios, la utilización de sistemas digitales para la gestión (de residuos, recursos hídricos, tráfico, calidad acústica) y compras públicas más exigentes en materia ambiental.

En el ámbito del territorio, deberían fomentar la utilización del transporte público, compactar las formas urbanas para corregir la costosa dispersión de la ciudad en urbanizaciones particulares, reducir las distancias recorridas en vehículos privados y evitar mediante el planeamiento densidades excesivamente elevadas e indeseablemente bajas.

En el ámbito de los estilos de vida, deberían apoyar la difusión de tecnologías domésticas energéticamente más eficientes-grifería, lavadoras, lavavajillas, aislamientos, entre otros-, y la libertad de los consumidores para generar y consumir su propia energía, para lo cual el gobierno debiera modificar su proyecto actual de Real Decreto en esta materia para adaptarlo a las indicaciones de la Comisión Europea.

Por último, la tercera prioridad debería centrarse en el fortalecimiento de la gobernanza local. Ello requiere remover un escollo evidente: la Ley 27/2013 de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.

Esta ley camina -según la opinión de numerosos juristas - en sentido contrario al deseable: el distanciamiento de la administración frente a la proximidad al ciudadano, la recentralización de competencias en diputaciones y CC.AA frente a la descentralización y la autonomía local, el vaciamiento de competencias de la administración local, la insuficiencia financiera y el recorte de los servicios sociales.

Deberá apostarse por una reforma de la administración local presidida por la autonomía normativa, la subsidiariedad en el ejercicio de las competencias y la suficiencia financiera.

Ello implica el redimensionamiento de la planta local excesivamente minifundista (por fusión de ayuntamientos en otros de mayor tamaño), el aprovechamiento de las economías de las redes de ciudades, la legitimación del liderazgo, la capacidad de gobierno, la creación de áreas metropolitanas o consorcios para la provisión más eficiente de los servicios locales y la evaluación de la calidad de los mismos.

A lo que convendría añadir la remunicipalización de servicios cuando esté justificada o la cooperación público-privada, la potenciación de la administración electrónica, un nuevo modelo de financiación local con mayor suficiencia y autonomía y la participación ciudadana en los asuntos públicos.

En definitiva, se trata de organizar administraciones locales para la implementación de estrategias, que refuercen la promoción del desarrollo económico, el bienestar social y la sostenibilidad ambiental.