Fernando Luengo
Profesor de economía aplicada de la Universidad Complutense de Madrid,
miembro de econoNuestra y del Consejo Ciudadano Autonómico de Madrid de Podemos.

Dejando atrás el lenguaje, tratado en el texto anterior, y pasando al contenido de los planteamientos, conviene recordar que, antes del crack financiero, las finanzas públicas de la mayor parte de las economías comunitarias seguían los estrictos criterios fijados en el Tratado de Maastricht. No en vano, desde comienzos de los años ochenta del pasado siglo y después, con la introducción del euro, los gobiernos europeos han centrado sus esfuerzos en la corrección de los desequilibrios macroeconómicos. En España incluso se había alcanzado –se había forzado- el superávit.

Así pues, no fue el desorden de las finanzas públicas lo que explica la crisis. Hay que mirar en otra dirección: la exuberancia de la industria financiera, la oligopolización de los mercados, la sobreexplotación de los recursos naturales el agotamiento de un modelo reproductivo basado en las desigualdades de género, además del prolongado estancamiento salarial y una unión monetaria que surgió con un diseño institucional deficiente y sesgado, pensado para satisfacer los intereses de las grandes corporaciones y de los países más competitivos. No es, pues, de recibo poner el foco en las supuestas ineficiencias y despilfarros del sector público.

Al mismo tiempo, desde una perspectiva muy diferente a la sostenida por el discurso dominante (este discurso, de hecho, la oculta), ha existido una deriva presupuestaria que ha sido un importante un factor de perturbación económica. Me refiero a la capacidad de las grandes corporaciones y los dueños de las grandes fortunas de escapar a sus obligaciones fiscales. Ello ha provocado que sean los trabajadores asalariados los que soporten la mayor parte de la carga tributaria y que quede seriamente mermado el potencial financiera de las administraciones públicas.

Antes de entrar en la crítica de las políticas de ajuste presupuestario, para no quedar enredados y atrapados en el lenguaje que antes denunciaba, conviene hacer una importante precisión. La retórica de la austeridad no debe impedir ver que vivimos en la economía del despilfarro. Y en este sentido, lejos de mejorar, estamos cada vez peor.

Los gobiernos se han empleado a fondo (diría que con saña) a la hora de meter la tijera en la educación, la sanidad, la investigación, la cooperación al desarrollo... al tiempo que los impuestos sobre el consumo y las rentas medias y bajas han subido. Pero, ¿dónde están las políticas de austeridad encaminadas a mejorar la eficiencia energética y a luchar contra el cambio climático? ¿cómo encajar la proclamada austeridad en los enormes desembolsos de dinero público destinados a los grandes bancos? ¿qué se ha hecho para poner coto a las retribuciones multimillonarias de los directivos y ejecutivos de las grandes corporaciones? ¿qué medidas se han tomado para frenar la sangría de recursos provocada por la corrupción pública y privada?

Aclarado este importante extremo, hay que decir que el rápido aumento de los desequilibrios presupuestarios ha sido el resultado de la propia crisis, no su desencadenante. La caída del crecimiento ha mermado el potencial recaudatorio de las administraciones públicas; en paralelo, éstas han canalizado cantidades enormes de recursos a las instituciones financieras con el propósito de evitar un crack generalizado, con el argumento de que los grandes bancos son demasiado importantes para dejarles quebrar, y restablecer los circuitos de crédito, severamente dañados por la crisis (por cierto, sin exigir contrapartidas para evitar que estos recursos fueran utilizados en beneficio de directivos, consejeros y accionistas, o, más lacerante, todavía, sirvieran para especular contra las deudas soberanas).

El desorden presupuestario también ha sido el resultado de unas políticas diseñadas por la Troika, que han instalado a las economías europeas, en especial a las del Sur, en un bucle recesivo, que, además, ha agravado los problemas estructurales que provocaron la crisis. El principio de la "austeridad expansiva" –esto es, intentar propiciar la recuperación de la actividad económica por medio de la reducción del gasto público- ha fracasado. ¡Hasta el Fondo Monetario Internacional (institución con un marcado perfil conservador) lo ha criticado!

En un contexto de desplome de la demanda, de desapalancamiento de familias y empresas y de contracción del crédito, la aplicación de recortes en el gasto público y el aumento de la carga fiscal sobre los trabajadores y las clases medias sólo podía tener un efecto contractivo (y no expansivo); efecto que se ha amplificado, se ha globalizado, por la decisión de implementar esas políticas en el conjunto de los países europeos, que han sido especialmente perniciosas para las economías que las han aplicado con mayor vehemencia; la nuestra por ejemplo.