Opinion · EconoNuestra

Los puertos españoles, una cuestión de Estado

Julián Maganto López
Economista e ingeniero civil. Miembro del Círculo 3E de PODEMOS

Aunque vivas a casi 400 km. del puerto más cercano, la actividad que en ellos se desarrolla influye decisivamente en tu economía. Para demostrarlo, ahí van unos datos y unas preguntas.

Nuestras costas están salpicadas por casi 300 puertos, de los que 46, que son la práctica totalidad de los puertos comerciales, están considerados de interés general de Estado y son gestionados por 28 Autoridades Portuarias, que son organismos públicos, con la coordinación del organismo estatal Puertos del Estado, responsable de la política portuaria del gobierno de la nación. Juntos forman el Sistema Portuario de Titularidad Estatal (SPTE). El resto son la inmensa mayoría de los puertos pesqueros y deportivos, transferidos a las Comunidades Autónomas.

El resto son la inmensa mayoría de los puertos pesqueros y deportivos, transferidos a las Comunidades Autónomas.

Todos los puertos españoles, estatales o autonómicos, son PÚBLICOS, aunque muchos de los deportivos los explota la iniciativa privada en régimen de concesión. Solo dos de los de interés general del Estado, el de San Cibrao (Lugo) y el de Carboneras (Almería) están concesionados de forma integral a empresas privadas, aunque controlados por las correspondientes autoridades portuarias. En el resto, la mayor parte de los servicios portuarios y comerciales son realizados por empresas privadas mediante licencia otorgada por la autoridad portuaria.

El SPTE factura a las empresas privadas que operan el sus puertos más de 1.000 millones de euros anuales, con los que cubre TODOS sus gastos de explotación y financieros, incluyendo las dotaciones para amortización de su inmovilizado y un fondo de solidaridad interportuaria, superior a los 30 millones de euros, para el mantenimiento de las señales marítimas y ayuda a los puertos del sistema con poca capacidad generadora de recursos, y obtiene un beneficio prácticamente constante del orden de 200 millones de euros anuales. Los puertos estatales no se llevan UN SOLO EURO de nuestros impuestos. Todo ello se consigue gracias a su organización como SISTEMA.

En el año pasado se movieron por el conjunto de los puertos de titularidad estatal más de 500 millones de Tm de mercancías y 30 millones de pasajeros, de los que casi 8,5 millones fueron cruceristas, alcanzándose en todos ellos el máximo histórico absoluto. En el primer trimestre de 2016 se está creciendo un 5,36%.

Casi los 2/3 de las mercancías transportadas por ferrocarril en España tienen su origen o destino en puertos de interés general del Estado.

El 85% de nuestras importaciones y casi el 60% de las exportaciones se realizan por vía marítima, lo que representa más del 50% del comercio español con la UE y el 96% con terceros países y es el modo de transporte menos contaminante por tonelada y más seguro, generando más de 100.000 empleos y el 20% del PIB del sector transporte, que significa el 1,1% del PIB nacional.

Las comunidades y ciudades autónomas, los ayuntamientos y los agentes económicos y sociales están presentes en los máximos órganos de gobierno y de gestión de las autoridades portuarias ubicadas en sus territorios, sus consejos de administración. De hecho, la gestión está transferida, ya que cada comunidad o ciudad autónoma designa y nombra al presidente y a la mayoría minoritaria de los consejos de administración.

Con los datos anteriores, parece indiscutible la importancia estratégica de los puertos tanto para nuestro comercio internacional como para la movilidad de las personas, por lo que resulta sorprendente que la política portuaria no figure en el discurso político económico dirigido la totalidad de los españoles. En el mejor de los casos es tema de debate local respecto al impacto ambiental de las obras o las operaciones portuarias como las descargas de graneles o sobre las peticiones municipales de dedicación de zonas portuarias al uso ciudadano, así como sobre la innecesariedad de determinadas ampliaciones en los últimos años.

La pregunta es ¿por qué no hay un debate a nivel nacional sobre la política portuaria que necesita este país?¿es que todos los partidos políticos consideran que la actual es la adecuada?¿están todos de acuerdo con el modelo de organización y gestión de nuestros puertos, con la tan de moda “gobernanza”?

La respuesta es no. Tanto el PP como Ciudadanos y CDC apuestan por una progresiva destitularización de la gestión del dominio público portuario, avanzando hacia la privatización total de muchos de nuestros puertos. Incluso el PSOE, artífice en 1992 de la arquitectura del modelo actual, no parece reacio a iniciar ese camino.

El PP inició el proceso en octubre de 2014 aprovechando una ley de medidas urgentes para ampliar los plazos de las concesiones en los puertos de interés general de 35 a 50 e incluso 75 años a cambio prácticamente de nada, supuestamente para mejorar su competitividad y eficiencia. La presión de los lobbies terminalista y financiero consiguió más de lo deseado.

Esa misma presión a nivel europeo está haciendo posible la tramitación de un Reglamento de Puertos de la UE que, de aprobarse en los términos actuales, significará el desmantelamiento del SPTE español, obligando a aplicar un modelo similar al de los puertos del norte de Europa, donde la presencia privada en los órganos de gobierno es creciente. Todo ello en aras de una supuesta defensa de la libre competencia.

Detrás de todo se esconde un mismo objetivo, siguiendo un camino desgraciadamente conocido en educación y sanidad, ya transitado en parte con AENA e iniciado con Correos y RENFE: desmantelar lo público con el falso argumento de que la gestión privada es siempre más eficiente.

Los puertos españoles son una de las últimas “joyas de la corona” que nos quedan. El SPTE ha demostrado que es un modelo de éxito, competitivo y rentable económica y socialmente. Es indudable que necesita mejoras sustanciales en cuanto a transparencia, participación ciudadana y sostenibilidad y en ellas hay que poner todo el esfuerzo, pero siempre desde la base actual, desde la gestión pública.

Defendamos lo público, defendamos nuestros puertos, defendamos el sistema portuario de titularidad estatal.