Patricia Merino
Autora de Maternidad, Igualdad y Fraternidad de próxima publicación en Clave Intelectual

El Congreso ha aprobado el pasado 18 de octubre una proposición no de ley para implementar en España permisos iguales e intransferibles de 16 semanas. Si esta medida se implantase, la situación de las madres no iba a experimentar ningún cambio respecto de la actual, mientras que los padres tendrían derecho a 16 semanas de licencia pagada al 100% de la base reguladora, exactamente igual que las madres ahora. Puesto que la medida ha sido propuesta por partidos de izquierdas y con aires "alternativos" deberíamos suponer que la medida está destinada a traer más bienestar, justicia e igualdad para toda la ciudadanía. Sin embargo, si infancia y madres se consideran parte de esa ciudadanía, no se puede afirmar que tal cosa sea cierta. La implementación de tales permisos en España nos pondría a la cabeza de Europa en duración total de permisos paternos remunerados intransferibles para los padres: 4 meses frente a los 3 de Suecia, Noruega, Islandia y Portugal, y los 2 de Alemania. Mientras tanto, las madres españolas tienen ya hoy, junto con las maltesas, el dudoso privilegio de ser las europeas que disponen de menos tiempo total de licencia remunerada para pasar junto a su bebé: frente a las 16 semanas de las españolas, las suecas pueden disponer de 14 meses; las noruegas, finlandesas, danesas, alemanas, austriacas, eslovacas, húngaras y checas de 12 meses; las británicas de 9 y las islandesas de 6. En la gran mayoría de los países europeos las licencias parentales son transferibles en la mayor parte de su duración, y las familias las pueden repartir de la manera que mejor les convenga; incluso Islandia, hasta ahora paladín de "la igualdad" entendida como igualitarismo -un puesto que del que sería desbancada por España si la medida se aprueba– tiene 3 meses transferibles. Es importante recalcar que Suecia y Noruega implementaron sus permisos intransferibles para los padres allá en los 90 cuando las familias ya disponían de 12 meses de licencia remunerada trasferible para la crianza, una licencia que consumen las madres en su mayor parte. En Noruega, se decidió en 2014 reducir la cuota paterna intransferible de 14 a 10 semanas aumentando el periodo transferible, debido al escaso uso que los padres hacían de ella; y en Dinamarca hubo una fugaz cuota paterna intransferible que se erradicó en 2002.

La implementación de unos permisos iguales e intransferibles no nos equipararía a Europa sino todo lo contrario, nos convertiría, una vez más, en una rara excepción, en este caso, por la imposición de un reparto inflexiblemente igualitarista de los permisos, solo comparable en este aspecto a los nuevos permisos portugueses.

Hay que ser muy consciente de que lo que se gaste en permisos para los padres es lo que no se va a poder invertir en otras prestaciones para la infancia y la conciliación; y sobre todo que su implantación implicaría que durante muchos muchos años no podremos siquiera soñar en una ampliación de los permisos para las madres. Se ha calculado en 1500 millones de euros la inversión necesaria para implementar esta medida, frente a los 200 millones que cuestan hoy los permisos parentales, lo que significa un incremento de la cuantía actual en más de 6 veces: La inversión que esto supone podría perfectamente financiar unos permisos transferibles de más de 12 meses para repartir libremente entre la pareja, e incluso para también incrementar el actual permiso paterno.

No es esta una política que atenué el patriarcado sino todo lo contrario. Los partidos de derechas son conscientes de ello, y por eso no se oponen –su única preocupación es la financiación–. Cuando gobiernen, ellos darán la bienvenida a una medida que, además de satisfacer las aspiraciones de los padres cuya preocupación gira en torno al reforzamiento de sus derechos legales sobre su descendencia, son otra vía por la que asignar aún más recursos a quienes ya los tienen, y así, agudizar aún más la feminización de la pobreza, y el desequilibrio de las transferencias recibidas por quienes están en los niveles altos de renta y quienes están en los niveles medios y bajos.

Tampoco esta medida va a alterar el actual patrón de abandono del mercado laboral por parte de las mujeres debido a la maternidad. Algunas pocas mujeres funcionarias o con posiciones sociolaborales muy seguras, podrán, como hasta ahora, tomar excedencias si lo desean; muchas seguirán sin poder permitírselas; y muchas otras seguirán dejando el mercado laboral para cuidar en vista de la insuficiencia de los permisos. A las únicas mujeres a las que esta medida se supone que beneficia es a las que no son madres (o no ejercen como tales) y que además, cifran su realización personal únicamente en su competitividad laboral.

Resulta tristemente irónico que en un país caracterizado por su miserable inversión en conciliación, especialmente en lo relativo a las transferencias, cuando por fin se plantea una inversión importante, hete aquí que esta no se destina a la infancia –en un país con un tercio de los menores en riesgo de exclusión social-, ni tampoco a las madres -con los permisos combinados más cortos de Europa-, sino a los padres, y entre ellos, a quienes sí tienen empleo. También es irónico que algunos partidos que presumen de luchar contra la alienación y las agresiones a las que el capitalismo neoliberal nos somete, aunque efectivamente defiendan enardecidamente a los "trabajadores" frente a ellas, estén, sin embargo, dispuestos a dejar a madres y a criaturas a la merced del rodillo neoliberal.

La propuesta ha sido alegremente aprobada por el Congreso sin oposición, por lo que presumiblemente el nuevo gobierno se pondrá manos a la obra para orquestar una medida que es agraviante para las madres españolas, y dañina para las criaturas que nacen en este país. No sería sorprendente que sean capaces de implementarla sin consultar la opinión de la ciudadanía y de las madres reales, puesto que, de hecho, sus intereses y sus demandas son ignorados en esta reforma. Es difícil imaginar que quienes han votado a favor de la propuesta crean realmente que tales permisos puedan llevar a construir una sociedad más justa e igualitaria. Si la reforma finalmente se hiciera, y dentro de 10 o 15 años se constatara que tan generosa inversión sirvió sobre todo para extender las vacaciones de algunos empleados varones y para consolidar que la maternidad de las españolas sea la más devaluada de Europa, quizá entonces los políticos españoles comprenderán que su implantación fue un error.