José Manuel Lechado
Periodista

Es creencia común que un gobierno en funciones no puede tomar decisiones ejecutivas. Pero esto, como suele pasar con las cosas de la fe, no es cierto. Desde su paso a la «interinidad» en 2015 el gobierno etéreo de M. Rajoy Brey ha ejecutado ocurrencias varias para las que, según la noción corriente, no tendría competencia. De entre ellas destacaremos aquí una que guarda relación con el entorno científico. La ciencia: tan temida como despreciada desde siempre por la clase dominante en España, hasta el punto de que en 1939 incluso creó una oficina para vigilar y controlar la producción científica española. Es el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

En abril de 2016 el actual presidente de este cuerpo, Emilio Lora-Tamayo D’Ocón, se convirtió en portavoz de una de esas decisiones ejecutivas que, en medio del confuso panorama político español, pasó casi desapercibida: la publicación de un registro de centros, laboratorios e instituciones, digamos «problemáticos», adscritos al CSIC. Una lista negra que, con el lenguaje eufemístico habitual, aparece bajo la denominación de «índice de litigiosidad».

La manipulación del lenguaje es una de las estrategias más exitosas de la derecha mundial desde que pusiera en marcha su gran involución en la década de 1980. Aunque en esto, como en todo, hay calidades. La derecha española no es tan hábil como la estadounidense al respecto, aunque hace lo que puede. Su primera elección en este caso no es muy afortunada, pero sí reveladora. La palabra «índice» no es inocente y recuerda demasiado a la lista de libros prohibidos que la Iglesia Católica mantuvo vigente durante siglos. El «índice» por antonomasia.

No debería extrañar algo así en una institución, el CSIC, que nació para defender «una ciencia católica» (sea lo que sea tal cosa). Pero... ¿qué es y qué significa este índice de litigiosidad en el contexto actual? Todo viene de la política laboral del CSIC, organismo dependiente ¡del Ministerio de Economía! (sólo esto ya es significativo). Los centros y laboratorios bajo control del CSIC han dispuesto de cierta capacidad para reclutar personal eventual con contratos de duración limitada (un mes a tres años). Cuando los contratos se extinguían, solía morir con ellos el trabajo de investigación realizado, porque los experimentos no respetan los plazos previstos por un oficinista. Este procedimiento anticientífico, que tal vez valga para adaptar una plantilla de contables o recaudadores de impuestos, para un laboratorio representa un problema que viene impuesto «desde arriba». Por eso muchos de estos contratados «eventuales», pero también directores de laboratorios y centros científicos (hablamos siempre de los controlados por el CSIC), acudieron a la vía judicial para resolver sus conflictos laborales. Para desesperación de los burócratas del CSIC, los jueces han fallado con frecuencia a favor de los trabajadores (y podríamos decir, también, a favor de la ciencia). El resultado es que la plantilla de estos centros ha crecido, nutriéndose con excelentes profesionales, pero —este es el «problema»—, fuera del control del CSIC.

Para resolver la cuestión, el 6 de abril de 2016 esta institución emitió una pragmática sobre «medidas adoptadas en materia de personal laboral», pastel cuya guinda no es otra que la dicha lista negra. Pero antes de llegar a eso veamos algunos detalles sobre esta normativa. El documento es breve: unas cuantas indicaciones con pocos datos y alguna errata, sin duda fruto de las prisas y del deseo de concisión. A fin de cuentas no es una pieza literaria: sólo se trata de amenazar y exponer a la vergüenza pública a los atrevidos. Sin embargo, en tan pocos párrafos hay mucho significado, casi seguro que en buena parte no deseado por el redactor del documento.

De entrada, la resolución abunda en el lenguaje eufemístico habitual, lo que no evita percibir el alineamiento característico de la derecha (a la que pertenece Lora-Tamayo, nombrado a dedo por Rajoy Brey o, más en concreto, por su ministro de Economía) en torno a la figura del padre estricto: en opinión del presidente-padre los directores-niños (y los contratados-más niños todavía) han cometido errores que hay que castigar. Sin embargo, en ningún momento se especifica que las medidas son punitivas. No se habla de forma explícita de «castigo», sino sólo de «medidas correctoras».

El lenguaje es una trampa y Lora-Tamayo no se muestra muy hábil en este terreno. En el inicio de la resolución indica que «las demandas presentadas contra el CSIC por trabajadores [...] dan lugar a sentencias contrarias a los intereses de esta Agencia [que] suponen un grave perjuicio para el desarrollo de una adecuada política de recursos humanos». Es llamativo que la Justicia sea un perjuicio, aunque sin duda esa es la percepción habitual de la derecha, históricamente más acostumbrada al favor que a la ley. El detalle llamativo es que se desvela la verdadera función del CSIC: ser un organismo de control, no una institución científica. Es decir, lo que le preocupa al presidente no es la eficacia de los laboratorios, sino que no se haga lo que él diga (o sea, lo que mande el gobierno). Este aspecto se manifiesta de nuevo un poco más adelante, en el punto segundo de la resolución, cuando se indica que el coste de los litigios para el CSIC en los tres años previos ha sido de 2.600.000 euros. Independientemente de las limitaciones presupuestarias, lo que se está diciendo es que la dotación económica del principal organismo «científico» español es ridícula. Al menos eso es lo que se deduce si tal cantidad supone un problema.

La cuestión real es que las sentencias favorables a los trabajadores implican ciertos cambios. Cuando un centro o laboratorio contrata a un eventual, lo hace a cargo de su propio presupuesto. Pero cuando la sentencia judicial convierte la plaza eventual en indefinida (de acuerdo a la modificación en 2010 del artículo 15.5 del Estatuto de los Trabajadores o «Ley Caldera»), es el CSIC el que pasa a pagar el sueldo. La clave de todo, como suele ocurrir, es el dinero. Y la sensación que queda tras una primera lectura es que el CSIC funciona como una ETT que distribuye contratos temporales según convenga y a la que siempre parece sobrarle personal.

Más adelante, en el punto tercero, se abunda en esta idea al apuntar que el CSIC es «el organismo con mayor número de indefinidos no fijos declarados en sentencia judicial firme». Por si quedaba alguna duda, en el punto cuarto el presidente señala la pena que le supone que el CSIC pierda «capacidad de maniobra» en el plano laboral y de contratación. Y es que al principio de este mismo punto el texto de la resolución reconoce, con abierta torpeza, que la contratación que para los centros científicos supone un «beneficio» es perjudicial para el CSIC. Lora-Tamayo no se cansa de poner de relieve para qué sirve la oficina que preside, pero en ningún punto de la resolución, de su carta de presentación o de la lista negra aneja se habla lo más mínimo de ciencia ni de investigación.

Torpezas ideológicas y semánticas aparte, la sustancia no arranca hasta el punto quinto, en el que se entra en harina sin tapujos: uno de los principales problemas, desde el punto de vista del presidente, es que las exigencias laborales se concentran en un número muy reducido de centros. Ya se está empezando a señalar con el dedo. Y una vez hecho esto se describen (con inusitada brevedad y de forma muy vaga) las «medidas» propiamente dichas, cuyo objetivo principal consiste en evitar que los centros contraten según sus necesidades sin pasar por el aro burocrático del CSIC. Unas medidas que consisten en cerrar el grifo a los desobedientes y que se aplican contra investigadores individuales o colectivos (punto 2 de las medidas disciplinarias), pero también contra cada centro implicado, en su conjunto (punto 3), si se tercia. El punto 1 de estos castigos deja claras las cosas: «Difusión de la información relativa a litigiosidad». Es decir, la lista negra que conforma el anexo a la resolución.

O listas negras, porque hay varias, ordenadas según diferentes criterios: índice medio de litigiosidad, demandas pendientes de resolución, número de indefinidos vigentes y un histórico de sentencias desfavorables al CSIC. En suma, un padrón de «desafectos» que pone en relieve los orígenes ideológicos (nacional-católicos, por supuesto) de quienes desgobiernan la ciencia española. Esta resolución de tonillo entre paternalista y fascistoide, muy propia de un gobierno de derechas aunque sea en funciones, aclara la política oficial española en materia de ciencia y añade otro ladrillo al muro de obstáculos que la investigación científica viene encontrando en España desde que se fundó el país hace apenas cinco siglos.

Es posible que el CSIC disponga de un presupuesto insuficiente y que su presidencia trate (de buena fe, pardiez) gestionar lo mejor posible los recursos limitados de que dispone. Sin embargo, no parece que la centralización burocrática ni la represión sea el camino correcto para potenciar la ciencia (así la organizaron los nazis en Alemania, y así les fue: mal). No es un problema que se vaya a solucionar con el PP, que está encantado con la función del CSIC como organismo de control y cuyo jefe es un hombre útil al poder, como muestra su muy discutido historial.

Lora-Tamayo es hijo de un funcionario de la dictadura franquista, jefe que fue del departamento de adoctrinamiento nacional y, qué casualidad, también presidente del CSIC. Por supuesto, nadie es responsable de las culpas de sus antepasados y en realidad no hace falta aludir al padre franquista... pero lo hacemos, para que conste. En todo caso, el actual presidente del CSIC no sólo es hijo de sus genes, sino de sus obras. Entre sus méritos se cuenta el de haber formado parte de la polémica comisión que investigó la marea negra del Prestige (estando al cargo, con rango de ministro, Mariano Rajoy Brey, el «Señor de los Hilillos»); también se le recuerda por la destitución fulminante y no muy justificada de Juan José Negro, en 2015, como director de la Estación Biológica de Doñana. A Lora-Tamayo no le gustó, según se cuenta, el posicionamiento firme de Negro respecto a las medidas necesarias para conservar el muy amenazado parque nacional; más polémicas aún han sido sus declaraciones respecto a que la fuga de cerebros en España es una «leyenda urbana». Que el mandamás de la ciencia en España suelte semejante bravata da una medida de su talento. Sin embargo, como presidente del CSIC (cargo que ha ocupado en dos ocasiones, con Aznar López y Rajoy Brey al frente de sendos gobiernos), su logro «científico» más recordado va a ser esta lista negra con tintes inquisitoriales.

Una lista negra que, con sus castigos asociados, producirá sin duda efectos, sobre todo en los centros y laboratorios de menor tamaño, los cuales no pueden prescindir del dinero que les aporta, con cuentagotas, el CSIC. La lista negra de Lora-Tamayo no es inocente: daña tanto a personas individuales como a grupos de trabajo e instituciones. En una estrategia de divide y vencerás, la resolución extiende el «castigo» más allá del litigioso, para sembrar la animadversión entre sus compañeros. Una postura típica de la derecha: si uno peca, castiguemos a todos y que Dios elija a los buenos. Es poco probable que la resolución del 6 de abril produzca una mejora de la situación de la ciencia en España, pero tal vez sí se consiga incrementar la capacidad de control de ese dinosaurio llamado CSIC sobre centros, laboratorios y personal científico. Una cacicada más, en resumen, del gobierno en funciones presidido por ese simple ambicioso que es M. Rajoy Brey.

Para terminar, un detalle llamativo de las listas negras del CSIC: los «campeones», los que ocupan los primeros puestos en todas ellas, son también los centros de investigación más punteros, los que consiguen que, pese a todas las dificultades, exista algo que se pueda llamar ciencia «hecha en España». No es casual: su volumen de trabajo les obliga a contratar más personal eventual y, al mismo tiempo, su disposición de fondos extraordinarios vía patentes les hace (un poco) menos vulnerables a la presión del CSIC. Ya que los votantes no escarmientan ni aprenden, es responsabilidad exclusiva de los científicos defender la ciencia, que es suya y de todos. Si el ejemplo de los «rebeldes» cunde y la lista negra de Lora-Tamayo no para de crecer, la ciencia en España tendrá una esperanza. De momento el CSIC puede colgar otra triste medalla en sus solapas raídas.