Agustín Franco Martínez.
Profesor universitario

"Desde el año 2002 se están denunciando los casos de corrupción y acoso en la universidad pública por parte de los miembros de ATU, sin ningún apoyo económico de ninguna universidad, institución pública o privada".(Página de la Asociación para la Transparencia Universitaria).

El descrédito de la universidad pública es tan grande, tan envolvente, que pocos han reparado en el carácter orquestado, sistemático e integral del proceso gradual, inexorable e imparable de desmantelamiento de la educación pública (como muy bien describía, por ejemplo, Antón Losada en ‘Piratas de lo público’). Una nueva burbuja que casi todos niegan vehementemente que exista, hasta que salte por los aires cuando ya sea tarde o hasta que de la vaca pública sea exprimida la última gota.

Pero, realmente alguien que conozca por dentro el mundillo de la universidad se cree lo de los recientes ‘casos aislados’ de altos cargos de la política con títulos universitarios regalados. Tristemente todo acaba diluyéndose en los cajones y persiguiendo al denunciante. La democracia en buena parte de la universidad española no existe. El régimen de los caciques es el que prevalece. El cortijo, el chiringuito, el clientelismo y los enchufados.

Sólo bajo un régimen caciquil se explica que los elegidos lo sean a dedo bajo un aparente sistema de publicidad, mérito y bla bla bla...

-Oye, que el compañero tal está matriculado en la asignatura tal del máster y quiere que le apruebe sin ir a clase, sin hacer nada y sin siquiera presentarse al examen.

-Hombre, es un compañero, lleva muchos años aquí, más que tú, hay que aprobarle.

-Pues yo no pienso firmar un acta poniéndole ‘aprobado’. Le pondré lo que ha hecho: ‘no presentado’.

Al año siguiente el docente que se negó a aprobar al ‘compañero’ había sido sustituido en la docencia de esa asignatura por otro profesor. Y a correr.

Por no hablar de ciertos profesores sin tesis doctoral de ego muy inflado, incapaces de presentar un trabajo decente de investigación, que van exigiendo al alumnado lo que ellos son incapaces de hacer. Al final consiguen presentar su (supuesta) tesis doctoral en algún departamento al que le viene como anillo al dedo otro mérito más para captar fondos. Yo me lo guiso, yo me lo como.

Por no hablar de los (falsos) estudiantes –en realidad son simplemente ‘matriculados’– de familias pudientes, con contactos, bien relacionados, que consiguen los títulos no en las aulas, como el resto de compañeros no-VIP, sino en los despachos, descolgando teléfonos.

-Oye, soy compañero tuyo del departamento tal, me ha llamado el padre de una alumna a la que has suspendido, a ver si puedes revisar su examen otra vez, porque bla bla bla... (El monólogo, obviamente, se extiende durante varios minutos).

-He corregido su examen con el mismo criterio que a los demás. Ha estado aquí en la revisión, junto con otros compañeros, viendo cada uno su examen, y no me ha dicho nada. Por cierto, no la he suspendido, ha suspendido ella solita.

Al día siguiente la coordinadora de la asignatura llama al profesor para desautorizarle y éste al negarse a cambiar la nota es recriminado con malos modos. Y a correr.

Además de otros compañeros que acumulan durante años quejas y denuncias por acoso o mala praxis profesional y siguen en el cargo, campando por las aulas como Pedro por su casa. Más aún, tras el archivo o resolución en falso del caso siguen ahí, creciditos y dando más la matraca. Y los denunciantes huidos o escondidos, atemorizados por temor a represalias. El coste para las arcas públicas de semejantes personajes es un pozo sin fondo. Y de quién va a resarcir ese daño moral a las víctimas ya ni hablamos.

Compárese, por ejemplo, por pura curiosidad, el abismo existente entre ese ‘daño moral’ público frente al sagrado principio (privado) del ‘riesgo moral’ para no permitir bajo ningún concepto que los deudores dejen de pagar ni un céntimo de sus deudas.

Compárese además la injusticia y desproporción del trato recibido por un profesor denunciante de una irregularidad en la convocatoria de una plaza en la Universidad de Almería, le cayeron "4 años y 3 meses de suspensión de empleo y sueldo por un presunto trato irrespetuoso con un superior" (web de ATU) y, por otro lado, el caso reciente del profesor de psicología de la Universidad de Oviedo, aparentemente suspendido (ya que al parecer continúa en su puesto) durante seis meses por acoso reiterado durante años a las alumnas.

Con todo esto a las espaldas, que al final unos cuantos políticos dimitan o no dimitan es casi superfluo, un debate sobre la espuma en la cresta de la ola. Está claro que los que van a sufrir las consecuencias ya están bajo la ola, ahogándose. Pero, bueno, el truco del tocomocho para distraer la atención de la tragedia está ya en marcha: hablemos de calidad, de excelencia, de indicadores de satisfacción, de responsabilidad social universitaria... Oye, pues no estamos tan mal, en los rankings salimos bastante bien, en la media, notables... Y a correr.

Resulta cuando menos curioso que en los grandes medios de comunicación no se hayan hecho eco de la Asociación para la Transparencia Universitaria (ATU) y de su plataforma para la denuncia de casos de corrupción universitaria: corruptio.com, que aglutina un largo listado de corrupciones (centenares de casos desde 2006) de peces gordos en la universidad pública española.

En definitiva, el horizonte es cada vez más claro y diáfano para el reemplazo de la universidad pública por las virtudes y bondades de la universidad privada.

Un momento, discúlpenme, que estoy recibiendo una llamada de teléfono...