Opinion · EconoNuestra

ESTADO DE CASTIGO

Enrique Eiros
Historiador
@kikeiros

El viernes dos de noviembre conocíamos la posición de la Fiscalía en el sumario del Procés. El ministerio público finalmente mantiene que hubo hechos violentos y solicita 25 años de prisión a Oriol Junqueras, 17 a Jordi Sànchez, Jordi Cuixart y Carme Forcadell, 16 para los exconsellers y 11 para Josep Lluis Trapero. La Abogacía del Estado, sin embargo, no encuentra violencia en los hechos y reduce su acusación a sedición y malversación, pidiendo 12 años para Junqueras. Más allá de las divergencias entre acusaciones, en última instancia, se están aceptando unos hechos que parecen más que discutibles, ya que la integridad del Estado nunca estuvo en jaque o en peligro y la DUI más bien fue una proclamación sin fuerza de ley que inmediatamente quedó suspendida por los propios actores, un hecho que ni siquiera supuso la bajada de las banderas españolas de los edificios públicos.

Estos escritos dan una base material de derecho a un proceso de reestructuración del Estado que, como si de una crisis del Capitalismo se tratara, reconfigura los elementos internos a la vez que excluye a un número mayor de gente con el objetivo de seguir funcionando y evitar el colapso. Esto no significa que las estructuras se debiliten sino que, al contrario, pueden llegar a fortalecerse. A este fenómeno hay que añadirle una lectura sobre la tensión histórica que España ha tenido a la hora de construir el Estado, una tensión entre premodernidad y modernidad, entre castigo e institucionalidad liberal-democrática como forma de resolución de conflictos.

La aprobación de la Constitución de 1978 por referéndum, así como la entrada en la CEE y en la OTAN, suponían una suerte de convalidación en el plano internacional del sistema político español. Surgía así, desde el occidente europeo, la singularidad de crear un régimen homologable a los de su entorno sin pasar por la derrota del fascismo, sin depurar los altos cargos del Estado y pactando con los principales actores del anterior régimen. Sin embargo, todo este relato parece venirse abajo tras dos reveses judiciales que ponen a España y a su sistema judicial en una situación de excepcionalidad, ya que las resoluciones de los tribunales de Bruselas y del estado alemán de Schleswig-Holstein rechazan la acusación de rebelión. La justicia española decide pues realizar un proceso judicial como ritual político en el que mantiene la acusación de rebelión desoyendo a los tribunales europeos, lo que supone una ruptura de la confianza entre tribunales y el inicio del establecimiento de un microcosmos judicial.

Estos hechos han provocado que el ambiente conservador español haya recibido como una buena noticia este microcosmos judicial, iniciando una ofensiva sin precedentes, sobredimensionando y construyendo una hiperventilada realidad que poco tiene que ver con lo que necesita el país. Se abre, por tanto, un peligroso escenario de “banalización del mal”, en el que el Tribunal Supremo da el pistoletazo de salida con uno de los párrafos más vergonzosos de la judicatura española, que dice así: “Jordi Cuixart se dirigió a los congregados y exigió la liberación de todos los detenidos. Pese a reivindicar el pacifismo de la movilización, apeló también a la determinación mostrada en la guerra civil (empleando la expresión ¡no pasarán!)”. Sin duda, en ese párrafo se constata la existencia de presos políticos. Es el reconocimiento explícito de que algo falla en las estructuras del Estado, que distan mucho de la neutralidad que se les presupone, además de desconocer o tergiversar la historia de España y de Europa.

Con esta base, los principales partidos de la derecha inician un proceso de banalización cuyo objetivo es un nuevo poder de castigar, una disciplina que suponga una modalidad actualizada de vigilar y sancionar conductas, en definitiva, un nuevo dispositivo de coacción. De esta forma entendemos por qué, tanto Casado como Rivera, califican de golpe de Estado los hechos en Cataluña, no cuestionan la prisión provisional, jalean la tipificación de violencia y rebelión, insisten en la prisión permanente revisable y se inventan nuevas medidas de coacción como la ocurrencia de tipificar como delito insultar a la Macarena. Este proceso preocupante y muy peligroso apenas encuentra un posicionamiento frontal, más bien, una respuesta tibia de la abogacía del Estado, que rebaja en unos años, pero no rechaza de plano, dicha tipificación vengativa (o con vocación de escarmiento, como dice Enric Juliana).

Este proceso se ve reforzado por un nuevo fervor nacionalista que vemos claramente en el intento de mimetizar la nación española con los cuerpos de seguridad del Estado, una exaltación de corte reaccionario a través de la resurrección del fantasma del terrorismo, una continua exposición y exhibición patriótica cuyo único objetivo es la provocación interna, como pone de manifiesto el acto realizado el domingo 4 de noviembre por la plataforma “España Ciudadana” en Alsasua. Se inicia así, un proceso acelerado de construcción de una España reaccionaria, única, monótona y anacrónica, que da la espalda a la diversidad cultural y política del Estado. Una peligrosa deriva que nos conduce a una democracia militante en la que ya no sea suficiente acatar la Constitución para entrar en el juego político sino que se tenga que estar de acuerdo con ella.

Josep Ramón Bosch escribía el domingo 4 de noviembre un lúcido artículo en La Razónen el que trataba recuperar la figura Pi i Margall, para construir un nuevo relato de España para la derecha. En un momento dado, decía así: “reivindicar su idea de la España federal puede ser el inicio de construir un relato hispano novedoso para una derecha necesitada de entender la diversidad hispana y superar la vieja idea de que el federalismo se simplifica en la explosión cantonalista de la I República que amenazó la unidad de España y el orden burgués establecido. La solución federalista pimargalliana es la concepción de la unidad de España en la diversidad de pueblos, cultura e idiomas. Federar es unir, no separar”. Mientras la izquierda, en general, ha asumido la realidad y entiende que España es plural y diversa, la derecha aún tiene un camino por andar, nada fácil pero muy necesario.