Opinion · EconoNuestra

¿ES MÁS IGUALITARIO SER “CIEGOS” A LA MATERNIDAD O RECONOCERLA? 

Patricia Merino Murga
Autora de Maternidad, Igualdad y Fraternidad, Clave Intelectual

Pablo Iglesias e Irene Montero van a repartir igualitariamente el permiso de maternidad de Irene. Se trata de un gesto de afirmación a favor de su propuesta para unos permisos iguales e intransferibles. Supuestamente, este reparto es un acto feminista, y supuestamente, unos permisos iguales e intransferibles van a traer más igualdad a la sociedad. También se supone que esta medida valoriza el trabajo reproductivo. Sin embargo muchas defendemos que esto no es así. En realidad, los permisos iguales e intransferibles abundan en la actual marginalización de la maternidad como actividad inasumible por el sistema y en el muy capitalista enaltecimiento del empleo como única vía posible de reconocimiento social y de acceso a los recursos.

En un discurso coherente en el que trabajo reproductivo y productivo se contemplen como verdaderamente equiparables en cuanto al valor social que aportan, no es posible plantear la cuestión de la conciliación como un conflicto en el que un objeto deseable y cotizado (el empleo) se enfrenta a un hándicap de género. El debate sobre la conciliación desde una perspectiva de género que aspire realmente a revalorizar el trabajo reproductivo solo puede abordarse desde la convicción de que en términos de valor social el trabajo de cuidados se alza en pie de igualdad frente al trabajo productivo.

Sin embargo, la posición genuinamente capitalista en lo relativo a la crianza es la de ignorar completamente el asunto. Las políticas patriarcapitalistas son así típicamente sex blind–ciegas al sexo–, y si bien a menudo este enfoque se presenta como garantía de igualdad, el hecho es que con este criterio se diseñan políticas muy discriminatorias y sexistas, puesto que se toma el ciclo biológico masculino como paradigma. La realidad sociopolítica muestra justo lo contrario: las mayores cotas de igualdad y de justicia social se logran en los países cuyas políticas no son ciegas al sexo, sino que tienen muy en cuenta las necesidades de niños, madres y padres, la lactancia, y las diferentes etapas del desarrollo de las criaturas.

En los países donde dominan las políticas sex blind  –los países anglosajones y los del sur de Europa-  las madres suelen verse condenadas o bien a renunciar a una crianza entrañada, o bien a grados variables de precariedad y dependencia.  Si basándonos en la “igualdad”, el tratamiento político, legal y administrativo de las personas, mantiene la ficción de que paternidad y maternidad son la misma cosa, y de que el periodo de lactancia o exterogestación no es una necesidad sustancial para las criaturas, lo que en realidad se está haciendo es afianzar estructuras patriarcapitalistas en las que cristaliza la desigualdad concreta, y se está penalizando a las mujeres que rechazan encajar en el modelo asexuado normativo. Mientras los estados no asuman la realidad concreta de la crianza, la igualdad de los sexos seguirá siendo papel mojado, excepto para las mujeres sin responsabilidades de cuidar o bien para aquellas con posiciones privilegiadas que pueden delegar el trabajo doméstico y los cuidados en otras.

El conflicto entre crianza y mercado laboral opera en torno a dos ejes: la jornada laboral y la ética del trabajo, y ambas están diseñadas según las preferencias del varón sustentador tradicional. La individualización de las políticas es un paso importante en la consecución de la igualdad, pero esta individualización no debe ser sex blind si no sex concious, al menos si nuestro proyecto de sociedad aspira a superar la marginación que hoy va asociada a la maternidad.

La dificultad a la hora de conciliar vida laboral y familiar varía mucho en los diferentes países europeos. En España e Italia, con un contexto institucional en el que el apoyo a las familias es inexistente, las posibilidades de que una madre se integre en el mercado laboral dependen de manera crucial de sus condicionantes sociales y familiares.  Según Almudena Moreno Mínguez[1]“Las limitadas políticas de conciliación desarrolladas por el régimen mediterráneo han sido un factor clave que ha interactuado con el familismo inserto en el entramado cultural”. En España las mujeres no concilian a no ser que su alto nivel socioeconómico o su familia extensa se lo permitan. Familismo significa asumir que los conflictos derivados de la crianza se deben resolver en el ámbito de lo privado, que no es el Estado sino la familia quien debe corresponsabilizarse; por eso, familismo y capitalismo se llevan muy bien. Ambas ideologías prefieren evitar la inversión pública en maternidad y en crianza.  Paradójicamente, aunque los permisos iguales e intransferibles efectivamente invierten en crianza , no alteran un ápice ese enfoque familiarista de las políticas de conciliación.  De entrada, no conciben la maternidad como algo propio de las mujeres y que les atañe como individuas:  se presupone la familia biparental nuclear como contexto de la maternidad;  y en segundo lugar, se ignora el muy real conflicto en términos de tiempo entre crianza y mercado laboral, asumiendo que alguien en el ámbito de lo privado asumirá esos cuidados que durante la crianza son de hecho incompatibles con una participación laboral plena.

El hecho de que los países nórdicos, con sus comparativamente altas tasas de fertilidad, sus largos permisos transferibles y ámbitos laborales amigables con la crianza, tengan economías saneadas y altos índices de empleo femenino, contrasta con la realidad de los países meridionales, donde los permisos maternos cortos y la bajísima fertilidad (1,3 en España, frente al 1,6 de Alemania y el 1,8 de Reino Unido o Suecia) –que son factores teóricamente positivos para la empleabilidad femenina–  no se han traducido en una participación laboral de las mujeres comparable a la de los países del norte (65% de las mujeres españolas en edad laboral con empleo frente al 81% de las suecas, el 79% de las alemanas o el 78% de las británicas, todas ellas con un año de crianza remunerada a su disposición si son madres). Esta aparente incongruencia, según criterios de eficiencia económica, invita a que nos planteemos a qué responden estas pautas, y a preguntarnos si efectivamente es la maternidad  un factor verdaderamente determinante en los mecanismos de exclusión que sin duda existen en el mercado laboral de los países del sur de Europa.

La inversión pública española en crianza es muy inferior a la media europea: España invierte en Infancia el 5,3 % del total del gasto en protección social frente a una media del 8,7% de la UE 28,  el 11.4% de Alemania, el 10.3% de Suecia y el 9,9% de Reino Unido. Esto explica el que la presencia de menores en el hogar sea un factor clave de la desigualdad en España: todos los hogares españoles con presencia de menores tienen índices de pobreza por encima de la tasa general de pobreza, mientras que todos los hogares donde no hay menores tienen tasas de pobreza por debajo de la media general. Los datos son elocuentes, pero son aún más preocupantes si tenemos en cuenta que, mientras que el efecto reductor de la pobreza de las prestaciones sociales en los hogares con niños es en España de los más bajos de Europa (27,6% frente a un 41,3% de la media UE 28 en 2013), el efecto reductor de la pobreza de las prestaciones en los hogares sin menores es casi igual al de la media europea (70% incluyendo pensiones)[2].

No es cierto el dicho popular de que “un niño viene con un pan bajo el brazo”, la evidencia muestra más bien lo contrario: es durante el periodo de la crianza temprana cuando el riesgo de pobreza de las familias es más acusado; a menudo es entonces cuando la pobreza se instala en un hogar y cristalizan las desigualdades. En un estudio de la OCDE[3]que analiza la evolución de la renta disponible de las familias durante el periodo de la primera infancia (de 0 a 6 años), teniendo en cuenta el efecto redistributivo de las prestaciones sociales, los impuestos y las licencias parentales, observamos que en los países con políticas más avanzadas de apoyo a la crianza, la caída de los ingresos durante el periodo inicial de la crianza es siempre menor para las familias de bajos ingresos que para las familias de ingresos medios, debido a la protección recibida por el estado en forma de transferencias; en España, sin embargo, la ausencia de transferencias significa que las familias de bajos ingresos caen en la pobreza durante ese periodo con una alarmante facilidad: una familia monoparental con dos hijos que ingresa el 50% del salario medio permanece bajo el umbral de pobreza durante todo el periodo de seis años.

La falta de prestaciones capaces de garantizar el bienestar durante la crianza temprana, como son las transferencias monetarias mensuales por menor a cargo, unos permisos parentales largos y adaptados a las circunstancias de las familias, y otras prestaciones sujetas a renta para la crianza temprana, afectan a la infancia, y traen unas secuelas para su desarrollo y para la igualdad de oportunidades que es imposible cuantificar. Este tipo de prestaciones, además de mitigar la pobreza y de permitir una crianza digna, favorecen transiciones entre la crianza y el empleo más fáciles y menos coactivas para las madres. En los países del sur de Europa la ausencia de estas prestaciones maximiza la dependencia de las madres del mercado, pero sobre todo, su dependencia del varón y de su familia extensa. Existe una clara y fuerte correlación positiva entre una buena inversión en infancia y crianza, el grado de equidad social general logrado en una sociedad, y la igualdad de género real, algo que la experiencia de los países escandinavos pone en evidencia. Desafortunadamente los permisos iguales e intransferibles propuestos para España no son una prestación pensada para combatir ninguno de los problemas sociales relacionados con la crianza aquí señalados.

Los permisos iguales e intransferibles se supone que abordan tan solo la cuestión de la igualdad de género. Las mujeres no vamos a renunciar a nuestro derecho a una vida propia. Pero no es el hecho aislado de tener un empleo –incluso si es empleo decente– lo que hace a una mujer emancipada. Es su autoconciencia, su percepción de sí misma, y su capacidad de cuestionar los mandatos de su entorno cultural lo que determina su grado de libertad o de alienación, algo que corroboran algunos estudios sobre preferencias de estilos de vida[4]. Todas conocemos a mujeres económicamente autosuficientes que, sin embargo, son defensoras de los roles de género tradicionales; y, por otro lado, a mujeres con medios escasos que han logrado una autonomía moral real. Lo que tanto mujeres como hombres efectivamente necesitamos es tener los recursos mínimos para vivir dignamente: un espacio y una renta propia, como Virginia Woolf escribió. El cómo lograr esos recursos en los diferentes periodos de la vida es un asunto que se puede debatir. Limitar las posibilidades de emancipación y de realización de las personas a un tipo de trayectoria laboral que mimetiza la del varón sustentador clásico del capitalismo es abundar en la visión esencializadora de ese modelo vital como el único posible. Seguir esgrimiendo la incorporación al empleo en su forma androcéntrica actual como la única salida,  dibuja un futuro lóbrego, incapaz de ofrecer condiciones para que el acceso a una “vida que merezca la pena ser vivida” se pueda democratizar. En el camino hacia una sociedad poslaboral más justa debiéramos incorporar los mejores logros de las sociedades laborales,  y la actual modalidad de trabajo llamado “empleo” no es en sí mismo uno de esos logros –ni siquiera para las mujeres–. El verdadero logro es la democratización y la atribución de derechos sociales a la ciudadanía que ese empleo ha vehiculado.  Pero hoy el mercado laboral ya no es una herramienta de emancipación, sino todo lo contrario: es una herramienta de exclusión, y las madres que criamos somos uno de los colectivos afectados por esa exclusión.

[1]Relaciones de género, maternidad, corresponsabilidad familiar y políticas de protección familiar en España en el contexto europeo, Almudena Moreno Minguez, 2010 Secretaria de Estado de la Seguridad Social, FIPROS.

[2]Unicef.La Infancia en España, 2014.

[3]OECD. Doing Better for Families. (2011)

[4]Hakim, C. Modelos de familia en las sociedades modernas, Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas, 2005.