Últimamente se han multiplicado los casos de suicidio, sobre todo los relacionados con desahucios o derivados de problemas causados por la crisis económica. Mientras escribo estas líneas, un nuevo y dramático caso, el de una pareja de ancianos de la población de Calvià en Mallorca, que han fallecido tras ingerir una sobredosis masiva de fármacos ante la perspectiva de ser desahuciados. Como nota de contraste  me gustaría señalar que Calvià ha sido durante años, el municipio con más renta per cápita de toda España, una ciudad de la que ha sido alcalde el actual consejero de turismo balear  Carlos Delgado, tristemente célebre por aparecer tras una montería con unos testículos sangrantes en la cabeza, unos órganos que a todas luces no eran los suyos.

Los desahucios y la crisis económica han disparado los suicidios en España, de la misma manera que en otros países europeos afectados por la crisis, como Irlanda o Grecia. En el año 2009, la prestigiosa revista médica británica The Lancet publicó un estudio que abarcaba 30 años de historia europea, en el que se señalaba una relación directa entre suicidios y crisis económica. Según el estudio, los suicidios se incrementaban en un 0,8% por cada aumento puntual de la tasa de paro. La OMS (Organización Mundial par la Salud) ha hecho declaraciones en la misma línea. En el Congreso Nacional de Psiquiatría celebrado el pasado año en Bilbao se señaló que el 32% de los suicidios actuales responden a causas económicas, una cifra escandalosamente alta.

El suicidio se considera un acto de responsabilidad individual, no penado por la legislación española,  pero en las circunstancias actuales, y tal como señaló Ada Colau en el Congreso,  hay suficientes indicios para considerar el suicidio como un crimen, un crimen inducido por la acción directa de las entidades financieras y que tiene al Estado como cómplice. Es cierto, el suicido no es delito, pero sí que lo es la omisión del deber de socorro, y en estas circunstancias, el Estado hace omisión de ese deber al no facilitar el cambio de la legislación que debería permitir salvaguardar el derecho a una vivienda digna que según la Constitución tienen todos los españoles. Y ¿qué hace la Iglesia en este sentido? La Iglesia católica considera pecado mortal el suicidio, y no sólo el suicidio sino también la asistencia activa o pasiva al mismo en los casos de eutanasia. ¿Por qué calla la Iglesia en estas circunstancias? ¿Por qué no señala a la banca y al Estado como inductores reales al suicidio por el delito de omisión al socorro? ¿Por qué la Iglesia no hace una declaración clara y diáfana acusando a los culpables? El silencio de la Iglesia es, en este caso, otro delito de actitud pasiva frente al suicidio, un delito condenado por la misma Iglesia. Una actitud firme de la Iglesia, tan firme como en su posicionamiento contra el aborto o la eutanasia, podría hacer cambiar la actitud de un Gobierno tan declaradamente católico como el actual. El silencio de la Iglesia es, pues, criminal, la actitud del Gobierno es también criminal y los desahucios que manda ejecutar la banca, claramente homicidas.