Hoy lunes 16 de septiembre empieza en Baleares una huelga indefinida en Enseñanza  que afectará a 165.000 alumnos y a 14.000 docentes y a todo el cuerpo de inspectores de educación. Una huelga indefinida es un recurso extremo que exige mucha unanimidad entre los afectados, profesores y familias, y que en tiempos de crisis es extremadamente difícil de mantener por la repercusión en la economía de las familias de los huelguistas. A pesar de estas circunstancias, la huelga está siendo un éxito de seguimiento, gracias sobre todo, a la arrogancia e incompetencia del gobierno presidido por Bauzà.

Los motivos para ir a la huelga son diversos, pero se centran en la aplicación y desarrollo del decreto del TIL ( Tratamiento Integral de Lenguas). El TIL contempla la enseñanza vehicular en tres lenguas, catalán, castellano e inglés, en asignaturas de carácter troncal. La enseñanza vehicular en tres lenguas no es algo que se improvise de un día para otro, y eso lo sabía el exconsejero de Educación del govern de Bauzà,  Rafel Bosch , que preveía una aplicación gradual, en base a la disponibilidad de recursos, preparación del profesorado y nivel del alumnado en cada centro, situación que debía evaluar el Consejo Escolar. La estrategia de Bosch respondía a los criterios pedagógicos y científicos que rigen en todo el mundo civilizado en el momento de afrontar una reforma educativa, de un lado testar previamente su rendimiento en centros pilotos, y luego ser flexibles en su aplicación en función de las características de cada centro. La experiencia de Bosch y su idea de gradualidad en la aplicación del decreto fue entendida por el presidente Bauzà como síntoma de tibieza, y fue fulminantemente substituido y remplazado por Joana Maria Camps, una persona sin ninguna experiencia en el sector educativo, experta en el sector inmobiliario y más bien escasa de luces.

Pese a la oposición de una gran parte del sector educativo al TIL, no había unanimidad en los diferentes sindicatos en cuanto a la estrategia a seguir, y los partidarios de una huelga indefinida eran a principios de verano, minoritarios. El Gobierno de Bauzà puso fin a esta falta de unidad, con sus dosis habituales de arrogancia, prepotencia, chulería, arbitrariedad e ignorancia de las leyes suspendiendo a tres directores  en Menorca, por defender la autonomía de sus centros y respetar la decisión del Consejo escolar. El expediente no fue abierto por un inspector, sino que obedeció a una instrucción política directa. Dimitió el delegado de educación y el substituto que propuso el gobierno del PP, un sacerdote, no quiso finalmente ocupar la plaza. En este momento en Menorca no hay delegado de Educación, a pesar del inicio del curso escolar. El círculo de adhesiones a la huelga general se cerró a principios de septiembre  después de una reunión con la consejera, que se opuso a levantar los expedientes a los directores de los tres centros de Maó y a negociar la aplicación de la reforma. Lo que debería ser una huelga intermitente se convirtió en una huelga general, con la aprobación de una parte muy importante del sector excepto UGT y las AMPE, asociaciones de padres y madres.

A pesar de todo aún faltaba la guinda en el pastel. El presidente Bauzà hizo caso omiso a las recomendaciones de su propio consejo consultivo, que pedía una moratoria en la aplicación del decreto. Los sindicatos recurrieron entonces al Tribunal Superior de les Illes Balears, por una falta de procedimiento en el proceso de aplicación. La decisión del Tribunal fue la suspensión cautelar del decreto y una colleja al gobierno del PP, en la que le echaba en cara todos los incumplimientos en la legislación que había cometido en el proceso de aplicación del proyecto. La respuesta de Bauzà fue claramente sediciosa e irrespetuosa contra la decisión judicial, la aprobación de otro decreto  al cabo de dos días.  UGT y las asociaciones de padres, se añadieron a la huelga general. Bauzà había conseguido unir a todo el sector, incluso a los que no se oponían al contenido del decreto, que no eran pocos, incluso a una gran mayoría de concejales de educación del PP, que han votado en contra de la aplicación del decreto.

Uno se puede preguntar el porqué, y el porqué reside en la falta de cultura democrática de un gobierno que piensa que su mayoría absoluta es una franquicia para ejercer el poder despóticamente. Un gobierno de mediocres con muchas ínfulas, con modos de chulería cuartelaria  y con una ignorancia supina sobre el entorno social y humano que está bajo su responsabilidad. Al gobierno del PP no le interesa la mejora de la calidad de la educación, han aumentado las ratios de alumnos y no hay presupuesto para aplicar un decreto que necesita de profesorado muy cualificado en inglés. Al gobierno del PP en Baleares le interesa imponer, para amordazar a una sociedad que ha demostrado ser demasiado activa, comprometida y radicalmente democrática. Ante esa prepotencia,  animo a todos a que colaboren en la caja de resistencia de los docentes, para que la decencia y la cordura triunfen sobre la imposición y la arrogancia.