Pitufos espías y gobernantes desconcertados

Daniel Martín
Periodista miembro de la comunidad editorial de El 4º Poder en Red

Edward Snowden sigue en la brecha. Dos años después de haber destapado los sistemas de vigilancia masiva de la Agencia de Seguridad de los Estados Unidos (NSA por sus siglas en inglés), le llega el turno a la inteligencia británica. Nuevas historias publicadas por los periodistas de The Intercept, a los que Snowden entregó la totalidad de los documentos que pudo extraer en su puesto de trabajo como analista para la NSA, muestran cómo el Cuartel General de Comunicaciones del Gobierno británico (GCHQ), es capaz de controlar las actividades en línea de cualquier sujeto para intervenir en sus comunicaciones, monitorizar sus movimientos sin necesidad de seguirle y tomar el control de sus teléfonos móviles.

El proceso comienza en los cables de fibra óptica que llevan Internet a todo el mundo. Alrededor de un 25% de todo el tráfico de Internet transita por el Reino Unido a través de unos 1.600 cables diferentes. El GCHQ utiliza sondas para hacerse de forma indiscriminada con la información que llevan esos cables para llevarla luego a un repositorio masivo llamado Agujero Negro. Para extraer perfiles de navegación concretos utilizan un sistema llamado Karma Police. Con él pueden mapear los hábitos en red de gente que visita ciertas páginas y, por tanto, clasificarlos según perfiles ideológicos. La información proporcionada por este sistema se coteja con la del repositorio masivo a través de un buscador llamado Caldo Mutante, con el que consiguen conocer la dirección IP y las cookies asociados a un determinado perfil de navegación. Una vez identificados todos esos elementos, pueden elaborar los “patrones de vida” de ese perfil. Es decir, identificar la identidad y hábitos de una persona a través de un análisis de las horas del día y localizaciones en las que accede a internet. Además, a través del sistema Tempora, del que ya habló Snowden en 2013, el contenido de las comunicaciones de esa persona se vuelve completamente permeable.

Este sistema, según cuenta The Intercept, fue utilizado para identificar a los empleados de Gemalto y Belgacom, dos de las mayores empresas manufactureras de tarjetas SIM en Europa. Gracias a ello se hicieron con las claves de cifrado que deben proteger la privacidad de la comunicación de los móviles. Según declaró el propio Snowden a principios de mes a la BBC, las capacidades del GCHQ son tales que, sólo con enviar un mensaje de texto cifrado, pueden hackear teléfonos sin el conocimiento de sus propietarios. “Son trabajadores de los servicios de inteligencia y no necesitan romper la puerta de tu casa para espiarte”, asegura.

En esa entrevista, Snowden detalló que la caja de herramientas utilizada por el GCHQ para introducirse en los teléfonos de los británicos se denomina de manera jocosa la Suite Pitufo. El primer elemento es el pitufo soñador, que permite encender y apagar el teléfono sin que el usuario lo sepa. Con ello deja paso al pitufo fisgón, que activa el micrófono del aparato para permitir escuchas;  luego llega el pitufo rastreador, que activa la geolocalización; y finalmente el pitufo paranoico, encargado de limpiar las huellas de los demás. “Usted paga por el teléfono, pero si no controla el software, no lo controla realmente”. Cuando eso ocurre, puede ser el Estado (papá pitufo) quien lo haga en su lugar, sentencia Snowden.

De nuevo, la implantación de estos sistemas de vigilancia se enmarca bajo la presunción por las autoridades de que su uso sólo irá enfocado a la prevención del terrorismo. Sin embargo, uno de los documentos filtrados por Snowden muestra que sólo el 10% de la vigilancia a individuos concretos es auditada y que la acumulación aleatoria de metadatos sólo se audita semestralmente. Lo que demuestra que no hay mecanismos suficientes para controlar a aquellos que controlan a la población.

Interés público y manos erróneas: el desconcierto de las élites políticas

La publicación de estas nuevas informaciones, se une a la reciente apertura de una cuenta de twitter por parte de Snowden (con una respuesta masiva e inmediata por parte del público de todo el mundo) y a la puesta en marcha de una campaña promovida por David Miranda para que el whistleblower reciba asilo en Brasil. Todo ello ha avivado de nuevo la lucha contra el ciberespionaje en favor del derecho a la privacidad, así como la lucha por la trasparencia. Algo que a las élites no parece gustarles.

Hillary Clinton acusó a Snowden el pasado martes, durante el debate presidencial del partido demócrata, de “haber robado una información muy importante para, desafortunadamente, dejarla caer en las manos equivocadas”. En repetidas ocasiones Snowden ha explicado que destruyó los archivos que extrajo en su puesto de trabajo como analista para la NSA, justo después de entregárselos a los periodistas Glenn Greenwald y Laura Poitras en Hong Kong. De haber querido vender los secretos de su país a China o Rusia, no hubiera contactado con la prensa, pues unos documentos que son públicos carecen de valor. Ante la falta de pruebas que respalden esa velada acusación de haber mercadeado con la información, Dan Frookim, periodista de The Intercept, sugiere que lo que se desprende las declaraciones de la candidata demócrata, es que las “manos erróneas” no son otras que las de los periodistas que liberan la información.

Clinton, que parte como favorita en las primarias de su partidp, se ha convertido en las últimas semanas en epítome de la incomprensión de las élites sobre la higiene democrática que generan los whistleblowers o alertadores Trata a Snowden de traidor, pero al mismo tiempo trasciende que en su etapa como secretaria de Estado envió correos a Assange en los que se oponía a la publicación material  clasificado. Precisamente fue esa filtración de Wikileaks, la que le da ahora armas para defender uno de los puntos más polémicos de su campaña. Clinton quiere retirar su apoyo al Acuerdo para la Asociación Transpacífica (TTP, por sus siglas en ingles), que había impulsado Obama.

Las negociaciones para el tratado, al igual que ocurre con el TiSA o el TTIP, se llevaron a cabo en un contexto en el que, mientras cientos de empresarios tenían toda la información, los funcionarios públicos sólo podían consultarlos parcialmente. Por tanto, una de las principales justificaciones de Clinton para cargar contra el acuerdo  es la de no tener acceso al texto  y desconocer todos los detalles. Y en eso entra Wikileaks, que el pasado nueve de octubre liberó una parte de los documentos secretos del TTIP. La filtración detalla, entre otras cosas, que los países que ratifiquen el acuerdo suspenderán los procedimientos legales si la información compartida a través de Internet va en detrimento “de los intereses económicos de un partido, de las relaciones internacionales, la defensa nacional o seguridad nacional”.

Más allá del uso electoralista de una filtración, el trasfondo es que los verdaderos garantes de la libertad de expresión siguen siendo aquellos que, como Snowden o Assange (aún desde el exilio), liberan información clasificada para promover el debate público de temas censurados y defender la privacidad del ciudadano. Algo que, como Glenn Grenwald expone, no es baladí.