Carlos del Castillo | @CdelCastilloM
Periodista miembro de la comunidad editorial del 4º Poder en Red

Este martes el Parlamento Europeo asestó un duro golpe a la neutralidad de la red. La única institución de todo el entramado comunitario elegida directamente por los ciudadanos evitó posicionarse como garante del principio que rige Internet como territorio descentralizado y garantiza la igualdad entre todos los usuarios y contenidos.

Los eurodiputados, a pesar de la presión ciudadana, permitieron que la regulación del Mercado Único Digital —que unificará las legislaciones de los Estados miembros en materia de telecomunicaciones— pasara por el Pleno sin la inclusión del concepto ‘neutralidad de la red’ en el texto. Es más, hicieron la vista gorda ante mecanismos introducidos por la Comisión Europea que lo violan directamente. Entre ellos, autorizar a las teleoperadoras a capar la conexión de usuarios bajo el pretexto de saturación "inminente" (a juicio de la empresa); facilitar que la conexión con servicios como Facebook o Youtube sea gratuita (mientras que habrá que seguir pagando por la tarifa de datos normal que dé acceso a un blog, un medio digital o la página web de una institución pública) o diferenciar entre tipos de contenido, creando "líneas rápidas" para vídeo, telefonía o televisión por Internet (lo que significa conexión "lenta" para lo demás, cajón en el que cae el tráfico encriptado: o navegas rápido, o navegas seguro).

Los lobbies de las teleoperadoras y los gigantes digitales como Facebook, Google o Netflix volvieron a ganar. La UE, una vez más, defendió los intereses de las grandes empresas por encima de los derechos digitales de sus ciudadanos.   

Sin embargo, en la gran mayoría de medios de comunicación se informó de que esta votación fue un conquista social. La excusa para ello fue que la nueva regulación también obliga a las teleoperadoras a disminuir en un 75% las tarifas de roaming para 2017. A la vez que se asestaba un golpe potencialmente mortal al Internet descentralizado, se actuaba contra una tasa privada y encubierta a los ciudadanos de la Unión que, en 2015, seguían viendo penalizado el uso de su móvil en otros Estados miembros: ¿Todo un éxito?

Quizá este sea uno de los motivos por los que Xnet, grupo activista por la neutralidad de la red, organizador del Foro Internacional de Cultura Libre, ha decidido dedicar esta octava edición a los retos que los periodistas enfrentan a la hora de comunicar los peligros que enfrenta Internet y los derechos digitales de los ciudadanos. Del 30 de octubre al 2 de noviembre, Barcelona acogerá talleres, conferencias y grupos de trabajo que tratarán temas como la libertad de expresión en el ámbito digital, whistleblowing (filtraciones de información) o cómo salvaguardar la identidad de las fuentes gracias a las herramientas de encriptación de las comunicaciones. El acceso es libre hasta completar aforo, aunque es necesaria la inscripción previa.

Entre los participantes se encuentran perfiles como Gavin MacFadyen, periodista de investigación –reconocido por su trabajo en profundidad sobre la proliferación nuclear, el trabajo infantil o la tortura de presos políticos en Turquía y Bolivia– amigo y colaborador personal de Julian Assange y director del Centre for Investigative Journalism (CIJ); su colega en esta institución Arjen Kamphuis, experto en legislación tecnológica que ha entrenado a periodistas, políticos, abogados, trabajadores de derechos humanos y alertadores para defender la privacidad de sus comunicaciones; o Renata Ávila, abogada guatemalteca especializada en la intersección entre Internet y Derechos Humanos que centra parte de su trabajo en la asistencia a whistleblowers y fuentes periodísticas en riesgo.

A ellos se unirán representantes de asociaciones de defensa de la cultura libre, entendida como los nuevos modelos de implicación ciudadana en la provisión de bienes públicos y de servicios basados en el procomún que ha potenciado la Red. Así, en el encuentro narrarán sus experiencias James Love, cuya organización –Knowledge Ecology International– hizo posible la venta de medicamentos genéricos en la India, rompiendo el monopolio sobre las patentes de las farmacéuticas; Carlos Almeida, uno de los abogados más críticos con la actual situación democrática española, las leyes mordaza y la persecución de los filtradores de información; o afamados miembros del movimiento maker, que intenta llevar al terreno físico todo el potencial democrático del conocimiento libre.

Un concepto, el de conocimiento libre, que caló en España de la mano de la lucha contra la ley Sinde y las impugnaciones a las legislaciones abusivas de propiedad intelectual, pero que un lustro después ya ha traspasado esa frontera. Muchos ven en él una alternativa práctica a la economía industrial, basada en la competición y la explotación de recursos, productora de desigualdad y democracias de baja calidad. "El conocimiento libre, lejos de tratarse únicamente de una cuestión de propiedad intelectual, es una forma de promover innovación y de ejercer políticas públicas para sociedades más democráticas", Javier de la Cueva, abogado especializado en tecnología y propiedad intelectual en Internet y figura clave en los mencionados procesos.