El mandato imperativo

Sucede en el Parlamento francés con bastante frecuencia que los diputados no votan en bloque siguiendo la consigna recibida de la jefatura de su grupo político, sino conforme a lo que cada uno de ellos cree que responde mejor al interés de los electores de su circunscripción.

Nada hay en la legislación española, en principio, que impida a nuestros diputados hacer lo mismo, sobre todo teniendo en cuenta que la Constitución de 1978 (art. 67.2) afirma: “Los miembros de las Cortes Generales no estarán ligados por mandato imperativo”. De nadie. En consecuencia, tampoco por el mandato imperativo de los responsables del partido en el que militan.

Sin embargo, en el Parlamento español funcionan reglamentos internos de grupo que castigan al diputado que, haciendo uso de su derecho constitucional, vota algo distinto a lo acordado por sus correligionarios. El PSOE puso la semana pasada una multa de 600 euros al diputado Barrio de Penagos por haber votado (él dice que por error) en contra de la decisión del Gobierno de Zapatero de autorizar el trasvase de David Taguas de la Oficina Económica de Presidencia al tinglado corporativo de las empresas constructoras.

¿Puede una agrupación parlamentaria establecer normas internas que contradicen prescripciones constitucionales? Es dudoso. Pero, en todo caso, se trata de un problema menor. Porque si los diputados españoles están atados de pies y manos a la disciplina de su grupo no es porque lo ordene tal o cual discutible reglamento interno, sino porque su reelección depende de la voluntad de la jefatura del partido, que es la que puede hacerles un hueco confortable en la papeleta de los próximos comicios… o borrar sus nombres para siempre. De modo que el diputado de base debe elegir entre decir amén a todo lo que le ordenan (posibilidad A), irse buscando otro partido que le promocione (posibilidad B, harto dudosa) o abandonar la política profesional, posibilidad C que a la mayoría se le hace muy cuesta arriba, porque no tiene en esta vida más oficio ni beneficio que su acta de diputado.

Miserias de la legislación electoral española, cuyo lema supremo es: “Vota y calla”.