"Valor: se le supone". En las cartillas de la antigua ‘mili’ a la mayoría de los soldados de reemplazo se les ponía al licenciarlos esta optimista valoración que, por fortuna, casi nunca se había puesto a prueba. De forma similar, a Barack Obama, al contrario que a su oponente republicano, Mitt Romney, se le supone interesado en potenciar el control de armas de fuego en Estados Unidos para que dejen de causar tantas víctimas al año como los accidentes de tráfico. Sin embargo, como en tantas otras cuestiones clave, el presidente que tantas esperanzas suscitó y que tanto desencanto ha causado, pasa como de puntillas por esta polémica que resurge tras cada una de las matanzas perpetradas por desequilibrados que se hacen fácilmente con todo un arsenal, como la del 20 de julio en Colorado o la del 5 de agosto en Wisconsin.

En plena campaña electoral, y con una mayoría de la población convencida de que tiene un derecho inalienable a defender con las armas su persona, su familia y su propiedad, con un 45% de los ciudadanos que admiten que tienen en su casa pistolas o rifles, con  cerca de 300 millones de armas circulando legalmente por el país, Obama prefiere ser prudente (es decir, pasivo), consciente de que ya tiene demasiado cuesta arriba la reelección. No se va a meter en un ‘sembrado’ en el que tiene mucho que perder y casi nada que ganar, de igual manera que hace ya meses que arrojó la toalla y renunció a jugar un papel protagonista y equidistante entre israelíes y palestinos para intentar resolver el enquistado conflicto de Oriente Próximo.

En ninguno de los dos casos cabe esperar ninguna iniciativa sustancial antes de la cita electoral de noviembre. Habrá que esperar a un eventual segundo mandato, durante el cual tendría las manos más libres al no poder aspirar ya por ley a un tercero, para que se pueda apreciar algún cambio, y ni siquiera entonces se produzca, hasta tal punto ha dado sensación de impotencia en sus tres años y medio de presidencia.

Vista desde Europa, la legislación sobre este asunto en Estados Unidos parece un disparate. Y lo es. Parece evidente y sin necesidad por tanto de demostración que existe una relación directa entre la profusión de armas de fuego y el número de víctimas que causan, tanto en accidentes como en actos delictivos. Sería una simplificación, no obstante, negar que, en el origen, pudo existir un motivo razonable que permitió, con el consenso general, que en 1791, dos años después de promulgarse la Constitución del país que cuatro antes había proclamado su independencia, se incorporase al texto la Segunda Enmienda, que reza: "Siendo necesaria una milicia bien regulada para la seguridad de un Estado libre, no se infringirá el derecho del pueblo a poseer y portar armas".

Atención a la coma, porque ha dado pie a dos diferentes interpretaciones. Según los partidarios de la libertad total, la segunda parte de la frase, justo detrás del signo de puntuación, no está ligada de forma directa a la primera y es de obligado cumplimiento. Sin embargo, para los defensores de la supresión de ese derecho, o de restringirlo y regularlo al máximo, el derecho individual a las armas está condicionado a la existencia de milicias populares que, si bien pudieron ser necesarias cuando los padres constitucionales buscaban una defensa de los ciudadanos contra eventuales agresiones exteriores o abusos del poder, desaparecieron hace mucho tiempo para dar paso al Ejército y la Guardia Nacional.

Por supuesto, la ambigüedad se podría eliminar derogando la Segunda Enmienda, pero esa es una utopía que ni siquiera se considera a nivel teórico y que ningún presidente (o aspirante a serlo) se atrevería siquiera a insinuar, por muchas matanzas que se sigan produciendo, y por muchos resquicios legales y prácticos por los que cualquier psicópata asesino pueda introducirse para hacerse con un arsenal letal. Ni siquiera el magnicidio de Dallas de 1963 (Oswald, presunto autor, compró por correo, por 20 dólares, el fusil con mira telescópica con el que disparó a John Kennedy), o los asesinatos cinco años después de Robert Kennedy y Martin Luther King pusieron en cuestión el ‘derecho sagrado’ a las armas.

Eso sí, como consecuencia en buena medida de esos atentados, ya en 1968, y tras vencer fuertes resistencias, se aprobó la Ley de Control de Armas, que limita y condiciona las transacciones y prohíbe la venta a delincuentes, menores y enfermos mentales. Algunos Estados (como California y Nueva York) y, sobre todo, Washington D. C., aprobaron normas restrictivas, pero pese a ello el número de armas en manos de particulares en todo el país no ha hecho sino aumentar desde entonces.

En términos generales, en el pasado y en la actualidad, los republicanos son más partidarios de la liberalización del comercio de armas, lo que se hizo evidente durante las presidencias de Reagan y Bush hijo, aunque no con Bush padre, que llegó a devolver el carné de socio de la Asociación Nacional del Rifle (ANR), un ‘lobby’ que apoya sin fisuras a Romney. Han sido mandatarios demócratas (Roosevelt, Johnson, pero no el pusilánime Obama) los que han impulsado los moderados cambios legislativos en sentido contrario. Bill Clinton refrendó en 1993 la ley Brady, promovida tras el atentado que en 1981 dejó imposibilitado al republicano jefe de prensa de Reagan, una ley que reforzó los controles establecidos ya en 1968. En cambio, el ataque de enero de 2011 contra la excongresista demócrata Gabrielle Gifford, o la sucesión de matanzas cometidas en los últimos años por psicópatas homicidas, no han tenido consecuencias prácticas significativas, ni apenas influencia sobre una opinión pública que no quiere renunciar a las armas de fuego. También con Clinton en la Casa Blanca se aprobó la prohibición de fabricar armas de asalto (las más letales) para uso civil pero, con Bush hijo, la ley no se renovó al cumplirse su vigencia inicial de 10 años.

Los ‘posibilistas’ pretenden que se refuerce la presión para controlar más este tipo de armas y para que las diferentes normas a nivel estatal y la lasitud en los controles para cumplir la legislación federal no sigan siendo coladeros que permitan la ‘barra libre’. Una situación que contamina a la vecina México, donde la violencia se alimenta en buena medida con los arsenales que llegan desde el norte del Río Grande, que terminan en manos de narcotraficantes y otros criminales que han convertido el país en un campo de batalla en el que las bandas criminales rivalizan en ferocidad.

Si Romney gana la presidencia y su partido consolida el control del Congreso, que nadie espere en los próximos años cambios legislativos que supongan avances hacia un mayor control de armas. Tendrá que pagar favores a quienes le están aupando hacia el poder. Pero tampoco hay que darlos por seguros si sigue Obama, cuyo primer mandato invita al escepticismo, más que a la esperanza.